Una jueza abre diligencias para investigar el presunto pelotazo de las VPP de lujo asignadas a personas del entorno del PP de Alicante

La jueza del juzgado de Instrucción 5 de Alicante va a reunir en un solo procedimiento judicial todas las denuncias presentadas por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Les Naus de Alicante a altos cargos del PP municipal y de la Generalitat, a sus familiares y a técnicos de ambas administraciones. La magistrada ha incoado diligencias previas tras una denuncia de Manos Limpias contra nueve personas por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La denuncia interpuesta por Manos Limpias la semana pasada se dirige contra la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, la exdirectora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman y otros empleados municipales, según indican las mismas fuentes. Gómez dimitió tras conocerse que tanto ella como sus suegros habían conseguido pisos en la lujosa promoción, al igual que dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman, que también renunció a su cargo. Junto a este procedimiento, la magistrada ha ordenado que se unifiquen “todas las acciones legales en torno a los mismos hechos”, en referencia a las cuatro denuncias presentadas ante la Fiscalía de Alicante por Sumar, el grupo municipal del PSPV-PSOE, el equipo de gobierno municipal, presidido por el alcalde Luis Barcala (PP) y la consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana.

La apertura de diligencias lleva de esta forma a los tribunales el escándalo generado en torno a Les Naus, una promoción de viviendas de lujo, de tres y cuatro dormitorios con trastero y garaje que forman una urbanización que cuenta con piscina, gimnasio, pistas deportivas y centro social. Los inmuebles se levantaron en una parcela cedida por el Ayuntamiento para la construcción de VPP en una parcela situada en la zona más exclusiva de la ciudad, en el distrito de la playa de San Juan. Pese a que, en principio, los pisos estaban destinados a unidades familiares que no superaran los 54.000 euros de renta anual, varios altos cargos, miembros del personal técnico municipal y autonómico o sus familiares, entre los que también está la expareja de Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la consejería de Turismo que también dimitió, lograron hacerse con las llaves de varias viviendas. Ni el Ayuntamiento ni Vivienda consideran que el control de estas adjudicaciones tuviera que correr de su cuenta, aunque ambos han adelantado que mejorarán las medidas para prevenir que vuelva a suceder un caso similar.

El supuesto amaño en las licitaciones, que corren a cargo del promotor de la obra, retumbó en una ciudad en la que la vivienda se ha convertido en un bien casi inaccesible. Todos los grupos municipales, incluido el PP, y el gabinete autonómico que dirige Susana Camarero iniciaron investigaciones y pusieron toda la información recabada en manos de la Fiscalía. Barcala tuvo que acceder a celebrar un pleno extraordinario en el que negó cualquier responsabilidad y aseguró que indagaría en lo sucedido “hasta el final, caiga quien caiga”. Sus explicaciones no convencieron ni a la oposición ni a sus socios de Vox, partido que necesita para sacar adelante propuestas en un ayuntamiento que el PP gobierna en minoría. Todos han pedido su dimisión. La izquierda, PSOE, Compromís y EU, la ha formalizado con una declaración conjunta en la que piden, además, la reprobación del alcalde.

Pese a que en un principio alegó que todos los beneficiarios de esta promoción cumplían los requisitos establecidos, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha cambiado el paso ante la evolución de los acontecimientos. En un acto celebrado en Orihuela, el jefe del Consell ha asegurado que siente “cabreo e indignación” por este escándalo. “Ver a algunos jetas utilizar una posición privilegiada para hacerse con viviendas que, supuestamente, no se podían adjudicar es algo que me indigna totalmente”, afirma. Incide en que la primera revisión emprendida por Vivienda reveló el caso, “al parecer de un funcionario encargado de revisar los visados, que había exigido menos requisitos de los que contempla la norma porque su mujer había sido beneficiaria”. Según contó Camarero, este mismo técnico visó al menos tres contratos de adjudicación que se están examinando, ya que, al parecer, en todos los casos escondió los ingresos de un integrante de la pareja beneficiaria.

Pérez Llorca manifiesta que no se detendrá ahí y que su Gobierno llevará ante la justicia a “da igual quién sea”. “Tendrán que responder”, avanza, “aquellas personas que no hayan actuado con la diligencia y el debido cumplimiento de la ley”. También exigirán “responsabilidades” a quienes “se considere que hay una sospecha fundada de que no han tenido una actuación correcta”.