El ‘pelotazo’ de las viviendas protegidas de Alicante: favores, dimisiones, pagos en negro y falta de control

Toda la atención urbanística de la ciudad de Alicante está ahora concentrada en un solo punto. La urbanización Les Naus, una promoción 140 de viviendas de protección pública (VPP) aderezadas con guarnición de lujo, acapara titulares de prensa, conversaciones de bar y estrategias políticas. El motivo es que entre los adjudicatarios de los pisos, con piscina y pistas de pádel, desfilan demasiadas personas vinculadas al Partido Popular y al ayuntamiento que gobierna. Entre ellas, la concejala de Urbanismo, una directora general municipal, varios técnicos con nómina a cargo del consistorio y hasta allegados de un cargo de confianza de la Generalitat valenciana. Con la ciudad sumida en una profunda crisis de vivienda, como otras muchas localidades de España, nada parece detener el escándalo. Las dimisiones, graves irregularidades y denuncias ante la Fiscalía se suceden y alimentan la indignación de los ciudadanos.

La polémica saltó la última semana de enero. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, es la propietaria de uno de los pisos de tres y cuatro habitaciones, con garaje y trastero, de la privilegiada promoción, situada en La Condomina, área del distrito alicantino de la playa de San Juan. Dos de los hijos y un sobrino de la directora general municipal María Pérez-Hickman, también. Y un arquitecto municipal. Las dos primeras han dimitido ante la evidencia de que podrían haber disfrutado de un presunto trato de favor o, al menos, haber aprovechado información privilegiada. La oposición ―PSOE, Compromís y Esquerra Unida― clama al cielo. El alcalde, Luis Barcala (PP), dice indignarse. La consejería de Vivienda ordena una investigación. Todos han acabado llevando el asunto ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, para que estudie posibles irregularidades.

A lo largo de la semana pasada, el presunto “pelotazo”, tal como lo definen los partidos de la oposición, tomó forma. Salió a la luz un informe anterior a la polémica en el que la Concejalía de Patrimonio ya avisaba de que puede haber conflictos de intereses en los casos de trabajadores municipales vinculados a Les Naus, primera promoción de VPP en la ciudad en dos décadas. Personas que no pudieron acceder a las viviendas cuentan que les pidieron posteriormente el precio estipulado, unos irrisorios 200.000 euros en una zona donde cualquier piso cuesta el doble, más otra cantidad similar en negro. Compromís aflora los anuncios hallados en diversas webs inmobiliarias en los que se venden o alquilan algunos pisos y garajes de la urbanización, pese a que la ley solo lo permite en muy determinadas condiciones.

La Consejería de Vivienda de la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario que visó una licencia a su mujer, arquitecta municipal, y, presuntamente, amañó un par de contratos más. Los vecinos, implicados en la supuesta trama o no, comienzan a quejarse del acoso de medios de comunicación y personas del entorno del barrio. Entre los beneficiarios aparecen también los hijos de un conocido notario y varios hermanos de familias diferentes. La oposición en pleno, que también activa comisiones de investigación en las Cortes valencianas, forzó a través de los grupos municipales un pleno extraordinario para que Barcala dé explicaciones.

La sesión, celebrada el pasado jueves, fue tensa. Todos los grupos municipales pidieron la dimisión del alcalde. Hasta Vox, socio necesario para un PP que gobierna sin mayoría. Barcala se limitó a detallar la cronología de la parcela. Situó el arranque del procedimiento en 2008, bien lejos de su mandato, y señaló que la calificación del suelo como destino de VPP la firmó la izquierda en 2016. Y que, tras sucesivos parones, se activó en 2018, poco antes de su llegada a la Alcaldía. Su gobierno no hizo más que continuar con el trámite, incluso cuando la licitación de la obra pasó por los juzgados de Alicante y el Tribunal Superior de Justicia tras las apelaciones de diversos promotores. En 2022 se adjudicó y se concedió la licencia de obra mayor. Durante el verano pasado, los propietarios consiguieron las llaves de sus viviendas.

Entre ellos, según confirmó el mismo Barcala en el pleno, los mencionados Gómez y Pérez-Hickman. O la exmujer de Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la consejera de Turismo, Marián Cano, y exasesor de quien fuera vicealcaldesa de Alicante durante la pasada legislatura, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos). El alcalde admite que el “escándalo” le “repugna e indigna”. Pero no reconoce ninguna responsabilidad, ni siquiera que conociera el caso de su concejala, fichada personalmente por él mismo, y delega toda la investigación en la Fiscalía. Alega, igual que la Consejería de Vivienda, que no tiene competencias de control sobre las adjudicaciones. La lista final de los beneficiarios fue elegida por el promotor, que asegura podría haber llenado varias urbanizaciones más solo con las peticiones recibidas y que todo el proceso se ajustó a la legalidad. Barcala sostiene que tratará de que aquellos que no cumplieran con los requisitos de la promoción, básicamente usar el piso como primera residencia y que la unidad familiar ingrese menos de 54.000 euros al año, la pierdan. Pero nada acalla el runrún que recorre la ciudad.

Devolución de viviendas

La devolución de las viviendas asignadas de forma irregular es una exigencia generalizada. Y también un asunto jurídico que nadie sabe resolver, ni desde el Ayuntamiento ni desde la Generalitat. Las VPP están regidas por el decreto 180/2024 y la Ley de Vivienda 8/2004 de la Comunidad Valenciana. Existen dos tipos, las públicas puras y las de promoción privada. Con requisitos idénticos: que sean domicilio habitual, que los compradores tengan unos ingresos máximos, que se mantengan en buen estado, que no se pueden subarrendar y que durante 30 años solo se pueden alquilar o vender con permiso de la Generalitat, que tiene derecho de retracto, lo que supone que la Administración puede quedarse con ella por su precio oficial. Pero el régimen jurídico es diferente. En las públicas, las irregularidades graves o muy graves pueden comportar la expropiación. En las privadas, la omisión de visados o su falseamiento conllevan sanciones económicas o la descalificación de la vivienda como VPP. Pero no la pérdida del inmueble. Los posibles delitos deberán pasar por la Fiscalía y ser juzgados por la vía del derecho civil.

Mientras avanzan las investigaciones, se esperan nuevas revelaciones del escándalo en una capital en la que la vivienda es un intenso quebradero de cabeza. Un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) señalaba esta semana que “las operaciones de compraventa de viviendas se han estancado con una variación anual del -0,5% trimestral, mientras España crece un 2,7%, lo que evidencia que la oferta ya no resulta atractiva o los precios escapan de las posibilidades de los alicantinos”. “El precio medio de la vivienda ha superado los 208.968 euros tras un incremento anual del 15,3%, superando el dato nacional que fue del 11,9%”, continúa. Una subida de “más de 27.000 euros anuales, superior al salario medio bruto provincial de 23.000 euros”, que “reduce drásticamente la accesibilidad a la vivienda”. “Desde enero de 2021, los precios han aumentado un 22,52% en Alicante (21,42% en España), mientras los salarios solo han crecido un 16,6%, generando una pérdida significativa de capacidad adquisitiva”, concluye el estudio. Les Naus eran un caramelo.