La investigación de Adamuz aclara a la jueza lo que hizo Adif con las pruebas referentes al carril

Los técnicos que investigan el accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz (Córdoba) tienen bajo su custodia, en coordinación con la Guardia Civil, todo el material que consideran probatorio y que fue retirado de la zona cero del siniestro hasta el 22 de enero, cuando el gestor de la infraestructura Adif entró ya en plena noche del 23 en el área del siniestro y recogió segmentos de raíles sin autorización expresa del juzgado. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cuenta con segmentos de carril y soldaduras extraídas del entorno del punto kilométrico 318,681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde se sospecha que una rotura en el raíl motivó el descarrilamiento de un tren de Iryo a las 19.43 horas de ese domingo. Fuentes de la comisión explican a este periódico que lo reunido por Adif apenas podría ser complementario.

Miembros de la CIAF, también de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba, mantuvieron el miércoles una reunión con la jueza Cristina Pastor, titular del juzgado de Montoro (Córdoba) e instructora del caso, lo que sirvió para ratificar que las pruebas están bajo el control de la investigación.

Desde la CIAF se ha trasladado la propuesta de contratación de uno o dos laboratorios para el análisis de metalografía del carril, soldaduras y de las rodaduras del tren descarrilado (y al menos de otros tres que cruzaron por Adamuz una hora antes del siniestro). Estos son un laboratorio privado de la asociación empresarial gallega Aimen y un segundo público dependiente del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). Ambos quedan a elección de la jueza para avanzar en la determinación de la causa de la rotura del carril. También se espera la apertura de las cajas negras que viajaban en el Iryo descarrilado y el Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario y que no pudo evitar la colisión.

La lentitud con que avanza el proceso, por los distintos tiempos y procedimientos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Sector Ferroviario para un caso como el de Adamuz, también salió a colación en el encuentro. La jueza Pastor recibió a representantes de ambas investigaciones, técnica y policial, después de que viera la luz un oficio del instituto armado, enviado el 7 de febrero al juzgado, en que se informó de la toma de declaración (el día 6) al responsable de la base de mantenimiento de la gestora de la infraestructura Adif en Hornachuelos (Córdoba). Hasta allí fueron a parar muestras de carril, con sus soldaduras, que Adif recolectó en la noche del 22 al 23 de enero sin la referida autorización explícita del juzgado.

La compañía sostiene, en un informe del día 9 adelantado por EL PAÍS, que limpió la zona una vez que salieron de ella la CIAF y la Guardia Civil. Según su versión, recogió las piezas y las inventarió para evitar su deterioro en Adamuz o incluso su achatarramiento.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, mantuvo esa versión en una comparecencia ante los medios el pasado martes, cuando reconoció que Adif había realizado ensayos sobre las soldaduras recopiladas, “similares a las del punto del accidente”, y que estas habían sido extraídas de un área no precintada: “Estaban entre 127 y 380 metros alejadas del punto del accidente, y lo que ha hecho Adif es preservar elementos que podían tener interés y que no fueron considerados en su momento ni por la CIAF ni por la Guardia Civil”. Esos componentes de la vía fueron precintados por la policía judicial el pasado día 3, aunque de momento no han sido requeridos a Adif para la investigación.

El informe de la UOPJ, no obstante, dejó abierta la posibilidad de que entre los cupones de carril depositados en Hornachuelos, “pudieran encontrarse las que pretendía [por las soldaduras] analizar la CIAF y sobre las que se solicitó autorización a su señoría en oficio de fecha de 3 de febrero de 2026″. Tal posibilidad fue rechazada por el secretario de Estado Santano porque “el día 3 las obras [de remodelación del tramo] no solo estaban iniciadas, sino que llevábamos ya varios días y difícilmente se podía haber convertido en prueba ningún elemento de la vía, que estaba siendo ya achatarrada”. Pese a ello, la jueza Pastor firmó una providencia el 10 de febrero en que amonesta a Adif por la recogida de posibles pruebas y su análisis.

En la reconstrucción de todos estos hechos, según explican distintas fuentes consultadas, los técnicos de CIAF pidieron el 22 de enero unas horas más a representantes de Adif antes de dar por concluida la recogida de muestras. Fue en comunicación verbal, por lo que no hay notificación al juzgado, como tampoco se comunicó la decisión de Adif de retirar esa misma noche partes del carril, “fuera de la zona acordonada”, insistió Santano, número dos del Ministerio de Transportes. Los fragmentos pertenecen esencialmente a la vía contraria a la del descarrilamiento.

La Guardia Civil, por su parte, no tuvo constancia hasta el 30 de enero de que Adif había trasladado cupones de la vía hasta Hornachuelos, a unos 90 kilómetros del lugar del suceso. Supieron de ello cuando agentes del instituto armado volvieron a la vía en Adamuz para inspeccionar el fragmento del bogie (estructura que une las ruedas y ejes del tren) del coche número 8 del Iryo, encontrado en un arroyo a unos 250 metros del punto del descarrilamiento.

Tres días antes, el 27 de enero, la propia Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Córdoba informó a la jueza sustituta de Montoro, María Jesús Salamanca, de que “todas las mediciones, actuaciones y recogida de evidencias por parte de la Guardia Civil han finalizado, por lo que no hay reparo para el acceso, reparación y reconstrucción que sea necesaria” por parte de Adif. En todo caso, el oficio enviado por la policía judicial a Montoro el 7 de febrero pone el énfasis en que la gestora de la infraestructura no fue autorizada para limpiar la zona antes del 28 de enero, que fue cuando la jueza Salamanca dio su visto bueno (reclamado por Adif el 26 de enero por vía judicial) al inicio de los trabajos de reconstrucción, así como a la recogida de vestigios y pruebas materiales que aún se encontraran en la zona.

Todo ello ha motivado la dura comunicación de la jueza a Adif y cierto malestar entre las partes, que trató de limarse en el encuentro del miércoles en Montoro.