Las juezas de Montoro marcan los tiempos de las dos investigaciones del accidente de Adamuz

La jueza Carmen Troyano, al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) hasta el próximo 9 de febrero, y, a partir de esa fecha, su compañera Cristina Pastor Recover, que tomará entonces posesión de la plaza de titular, marcan y marcarán los tiempos de las dos investigaciones (coordinadas y en paralelo) que tratan de arrojar luz sobre el accidente ferroviario del domingo 18 en Adamuz (Córdoba): la de la Guardia Civil, que debe dirimir las posibles responsabilidades penales de lo ocurrido, y la que llevan a cabo ya en Madrid los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuyo objetivo es establecer protocolos para evitar que en el futuro vuelva a producirse un accidente de estas características.

Entre ambas partes se han repartido la custodia de numerosos elementos de prueba clave en las pesquisas. El Ministerio de Transportes obtuvo ayer miércoles permiso del juzgado para iniciar las obras de reconstrucción del kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Es la zona cero de la tragedia que dejó 45 víctimas mortales y 123 heridos por el descarrilamiento de los tres últimos vagones de un tren de Iryo y su posterior colisión, tras invadir parte de la vía contraria, con un convoy Alvia de Renfe.

El visto bueno para la entrada de maquinaria pesada en un tramo de vía totalmente destrozado, entre el impacto del siniestro y las actuaciones posteriores de desguace de raíles y rescate de trenes, se produce tras las últimas batidas en busca de restos por parte de la Guardia Civil en un amplio perímetro en torno al trazado de alta velocidad. El dispositivo del instituto armado —en el que han llegado a participar 976 efectivos de diferentes unidades, además de cuatro perros, otros tantos helicópteros, un avión y cinco drones— ha ido reduciéndose de forma gradual desde antes del pasado fin de semana. En la actualidad implica únicamente a agentes de los grupos de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, responsables de las pesquisas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, utilizó su cuenta en la red social X para anunciar el levantamiento de todo precinto por parte del juzgado: “En el día de hoy [por ayer miércoles] hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla”, ha escrito el titular del área de Transportes.

Es un primer paso autorizado por el juzgado, del que también debe partir el visto bueno para que la CIAF pueda llevar a cabo determinados ensayos en laboratorio sobre las muestras recogidas. Son elementos clave que deben arrojar luz sobre lo ocurrido, pero que pueden ser alterados de manera significativa durante las pruebas. Fuentes cercanas a la investigación explican que muchos de los elementos recogidos en el lugar de los hechos han sido transferidos por la Guardia Civil a la CIAF, previo permiso judicial, por la mayor capacidad de la comisión que preside Iñaki Barrón para realizar determinados análisis muy específicos sobre los fragmentos de la vía recogidos. El propio Ministerio de Transportes ha puesto todos los medios necesarios al alcance de la CIAF, que comenzó el pasado lunes la búsqueda de laboratorios especializados en siderometalurgia entre una lista de instalaciones públicas y privadas. Del resultado de la misma, la CIAF informará a la Guardia Civil, encargada de indagar en las supuestas responsabilidades penales del suceso.

Bajo custodia de la CIAF están imágenes del interior de los trenes grabadas por los registradores —conocidos coloquialmente como cajas negras— tanto del Iryo como del Alvia, y cuyo contenido debía a ser volcado el pasado martes en Madrid, pero que finalmente se ha retrasado después de que la Fiscalía pidiera que esta diligencia se hiciera en el propio juzgado de Montoro. La Comisión también es la responsable de salvaguardar la soldadura de raíl del punto kilométrico 318,681, realizada por la empresa gallega Maquisaba, revisada por la ingeniería Ayesa y recepcionada por Adif, cuya rotura supuestamente provocó el descarrilamiento del Iryo que desembocó en tragedia.

Tal y como relató Iñaki Barrón a EL PAÍS, todos estos indicios en poder de la investigación técnica se encuentran en dependencias de la CIAF bajo una llave que posee una sola persona. Cualquier entrada en esa sala obliga a “hacer un acta de revisión y firmar un protocolo”, señaló el martes el veterano ferroviario, y añadió que “saber las causas del siniestro y estar en condiciones de recomendar algo puede llevarnos varias semanas. Estamos pendientes de volcar las cajas negras, las imágenes del interior del tren y otra serie de informaciones. La jueza nos tiene que dar el visto bueno para que podamos tocar algo”.

Las fuentes consultadas explican que los trabajos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y los de los técnicos de la CIAF serán complementarios, dando especial valía a las conclusiones de estos últimos por el conocimiento de la materia ferroviaria. El instituto armado ya entregó en el juzgado la semana pasada un primer atestado en el que hacía un detallado inventario de todas las evidencias recogidas en el lugar de los hechos, con más de 2.500 fotos para ubicarlas. Este atestado divide la información entre lo hallado en el Iryo y la vía por la que discurría cuando se accidentó; lo encontrado en el otro convoy, de Renfe, y, finalmente, lo encontrado entre los vagones de ambos trenes. En este primer informe también se han incluido las declaraciones que los agentes tomaron tanto al maquinista del Iryo —el del Alvia falleció en el accidente—, como a los otros tripulantes de los convoyes y a varios testigos.

Obras de emergencia

El Gobierno va a apoyarse en una declaración de emergencia para movilizar fondos y poder encomendar las obras con la máxima urgencia para la reconstrucción de ese kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla. El mecanismo de emergencia ya fue utilizado en 2024 para agilizar la contratación de obras en infraestructuras dañadas por la dana en Valencia, donde Transportes movilizó 123 millones a lo largo de noviembre de ese año para reparar carreteras y líneas de tren. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 120, prevé la contratación de obras rápidas de reconstrucción sin que medien los procesos habituales de un concurso ordinario.

La norma permite sortear los trámites “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. En el caso de Adamuz las labores serán dirigidas por Adif con el objetivo de restaurar el tráfico de la alta velocidad en el eje Madrid-Sevilla en el plazo aproximado de 10 días que ha apuntado Óscar Puente.