La CIAF busca avances en la lenta investigación del siniestro de Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que se reunió este miércoles con la jueza que instruye la causa por el siniestro de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, no podrá disponer “en un plazo próximo”, según ha sabido EL PAÍS, de nuevos borradores del informe técnico sobre las causas. Las investigaciones van más despacio de lo previsto.

El órgano de gobierno de la CIAF, por su parte, ha ido menguando en los últimos meses, antes y también coincidiendo con las pesquisas sobre el grave siniestro del pasado enero, cuando un tren de Iryo descarriló (previsiblemente por la rotura de la vía) motivando la colisión de un segundo convoy de Renfe. El balance fue de 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

De los cinco sillones de vocal que configuran el pleno, fuentes de la CIAF aseguran a EL PAÍS que uno de ellos quedó vacante el pasado mes de septiembre con la salida del ingeniero técnico Industrial Avelino Castro López, por lo que desliga esa baja del caso de Adamuz.

Castro López, de larga carrera en el sector ferroviario en España y México, llegó en 2018 a la dirección general de Correos Express de la mano del entonces presidente del grupo Correos Juan Manuel Serrano, quien había sido previamente jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la ejecutiva federal del PSOE. Su etapa en la CIAF alcanzó desde 2023, cuando se renueva el pleno con Iñaki Barrón al frente como presidente, hasta julio de 2025. En la CIAF era vocal especialista en material rodante, pero esa vocalía quedó vacante tras renunciar López por motivos personales el pasado verano.

En cuanto a la desvinculación de las deliberaciones sobre este siniestro del vocal de infraestructuras, Ignacio Sánchez Marhuenda, especialista en infraestructura ferroviaria, la Comisión señala que se trata de una inhibición voluntaria y solo para esta investigación, tal y como adelantó este periódico, para cumplir con lo que establece la ley del Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 23, la norma prevé la abstención por tener “relación de servicio con persona natural jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo”.

Además de la figura de Barrón y del secretario general Adolfo Vázquez, cuatro vocales con larga experiencia en el sector ferroviario integran el órgano de gobierno de la CIAF para la recopilación de las conclusiones de los técnicos y su plasmación en un informe definitivo, en el que deben aportar recomendaciones para evitar que accidentes como este en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla vuelvan a repetirse. Se mantiene por tanto en el pleno el vocal de infraestructuras Sánchez Marhuenda, pero al margen del referido trabajo sobre Adamuz.

Ignacio Sánchez Marhuenda pasó años atrás por la constructora Sacyr y la ingeniería Sener, ambas al margen del siniestro bajo investigación. Pero desde 2021 está relacionado con firmas de infraestructuras, desde la empresa de encofrados Alsina Formwork, participante en grandes proyectos de construcción, y también como miembro de Artic Infrastructure Managemet, asesoría técnica de proyectos de infraestructuras. En una carta enviada al pleno, el vocal de la CIAF pidió su inhibición por cuanto podría tener contacto durante el curso de las pesquisas con alguna de las compañías involucradas en la remodelación del tramo de vía Guadalmez-Córdoba, en el que se incluye el punto negro de Adamuz.

Junto a Sánchez Marhuenda se sienta como vocal en la comisión Adolfo Moreno Díaz, asesor por cuenta propia desde antes de la pandemia con conocimientos en seguridad ferroviaria, y que anteriormente ejerció como gerente de Planificación, Control del Sistema e Investigación de Accidentes de Renfe. El tercer puesto lo ocupa Vicente Mendoza García de Paredes, cuya última responsabilidad fue la subdirección de Circulación Sur en Adif. Y Francisco Rincón Arroyo es el cuarto vocal, ingeniero que tuvo el cargo de director adjunto de Programación de Instalaciones del área de Circulación de Adif.

Para la CIAF es esencial actuar con total independencia del Ministerio de Transportes, al que está adscrita, y por supuesto de las compañías incluidas en las pesquisas, entre ellas las públicas Renfe, Adif, Ineco y Redalda. Esa imparcialidad fue puesta en tela de juicio durante la elaboración del informe sobre el tráfico accidente de Angrois, en el que 80 personas perdieron la vida a escasos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. La Comisión Europea reseñó, tras informe de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA por sus siglas en inglés), que Renfe y Adif formaron parte del equipo de investigación, lo que evidenció un conflicto de intereses al estar directamente implicadas ambas corporaciones públicas en el siniestro. La comisión ha invitado a la ERA a participar como observadora en la elaboración del informe de Adamuz, lo que ha sido aceptado por el ente europeo.

De momento, aún no se ha constituido la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil que preveía la ley aprobada en 2024. El Consejo de Ministros sí dio luz verde a sus estatutos el pasado martes.