La asesora de Begoña Gómez combate la entrega a Peinado de sus correos con el exvicerrector de la UCM

Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un nuevo escrito donde insiste en que el instructor del caso, Juan Carlos Peinado, utilizó una vía errónea para conseguir los más de 100 correos electrónicos del ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio se intercambió con la empleada de Moncloa, que revelan las gestiones que Álvarez hizo con empresas y entidades para financiar la cátedra que codirigió Gómez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid solicitó estos emails a Doadrio mediante una providencia, después de que el exvicerrector universitario revelara en su declaración como testigo la existencia de esos mensajes. La defensa de Álvarez lo recurrió alegando que una providencia no era la resolución judicial adecuada para hacer tal requerimiento. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, en una reciente resolución, avaló la actuación de Peinado porque Doadrio “se ofreció a su aportación voluntaria a la causa” durante su testifical.

El abogado de la asesora, en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, insta a la Audiencia de Madrid a corregir lo que considera un “error material” porque, según expone, en las grabaciones de las sucesivas declaraciones de Doadrio, queda claro que “no ha ofrecido nunca, en ningún momento, la aportación voluntaria a la causa de esos correos electrónicos”.

Así, detalla que en su primera comparecencia ante Peinado, el 19 de julio de 2024, el exvicerrector “ni siquiera mencionó la existencia de esos correos”; en la segunda, el 22 de enero de 2025, “se limitó a manifestar que había repasado los correos” y que eran “ciento y pico” pero “en ningún momento” se ofreció a aportarlos; y, en la tercera, que se produjo el pasado 16 de noviembre, después de que Peinado se los reclamara, “Doadrio tampoco se ofreció a aportar los correos, entre otras cosas porque ya los había entregado a raíz del requerimiento acordado”. En consecuencia, Álvarez urge a la Audiencia Provincial a dejar constancia, en la resolución con la que rechazó su recurso contra la orden de Peinado, de que el otrora dirigente de la UCM “nunca” expresó su deseo de entregar esos emails a Peinado.

Mensajes con Reale, Google o para una escuela de verano

La importancia de esos correos electrónicos radica en que dejan constancia de las gestiones que la asesora hizo con patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM que codirigía Gómez, así como con empresas y entidades que veían como potenciales financiadores. Cuando declaró ante el magistrado el pasado 10 de septiembre, Gómez aseguró que alguna vez pidió a Álvarez que “transmitiera algún mensaje” de ella pero como “favor” porque eran amigas personales.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó esos 121 emails entre Doadrio y Álvarez, algunos con copia a Gómez. El informe, al que tuvo acceso EL PAÍS, refleja que una de las primeras intervenciones de la asesora fue en julio de 2021, cuando Reale abordó con la UCM su contribución a la cátedra, de 60.000 euros. También consta una carta dirigida al responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi, el 11 de julio de 2022, en la que se ofrecía a Google la posibilidad de participar “activamente” en la cátedra. La misiva se refería a la tecnológica como “el agente facilitador que faltaba” para “multiplicar las economías transformadoras, desde la estrategia de las compañías”. “Creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer. Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40.000 euros”, exponía la carta.

La UCO también reveló gestiones de Álvarez para la “preparación de la presentación de un curso de verano en el marco de la cátedra”. En ese contexto, el 6 de julio de 2022, la asesora envió a Doadrio el currículum de Gómez, a petición de la propia UCM, “para la Escuela de Verano”, y “una batería de preguntas a plantear” a la mujer de Pedro Sánchez y otros dos participantes.

Gómez es la principal investigada en una causa donde también figuran como imputados Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. A través de varias líneas, Peinado indaga en presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación, cohecho, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.

113.000 euros del ‘software’

Paralelamente, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aportado al juez Juan Carlos Peinado varios informes sobre el coste del software desarrollado por la catedra que codirigía Begoña Gómez. Según esa documentación, el centro docente estima que “el gasto abonado” ascendió a 113.509,32 euros (repartidos entre 108.765,79 euros destinados al impulso en sí de la plataforma informática; y otros 4.743,53 euros de coste de personal).

La universidad aporta estos cálculos para que, según argumenta, si se llega a condenar a Gómez por un delito de apropiación indebida del software, se considere a la UCM como perjudicada en dichos importes.

En otro documento, firmado por la directora de la Escuela de Gobierno de la UCM, esta expone que la normativa “no exige la concurrencia de requisito alguno relativo a la titulación” para la firma de pliegos como los que suscribió la esposa del presidente del Gobierno. En esa misma línea ya se pronunció la propia interventora de la Complutense, María Elvira Gutiérrez Vierna; y la Asociación de Abogados del Estado.