La Fiscalía acusa al juez Peinado de “engordar” el ‘caso Begoña Gómez’ e impulsar una “investigación encubierta” sobre Air Europa
El ministerio público se opone al intento del magistrado de retomar una línea de la causa sobre el rescate a la compañía, cerrada múltiples veces por la Audiencia
La Fiscalía de Madrid ha arremetido de nuevo contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta una causa contra Begoña Gómez desde abril de 2024, por intentar volver a retomar su línea de investigación sobre el rescate de la aerolínea Air Europa, pese a que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dicho ya en múltiples ocasiones que no puede indagar en esa dirección por falta de indicios y por basarse en meras “conjeturas”. “Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido”, apunta el ministerio público en un escrito fechado el 2 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El fiscal señala que este nuevo intento abre una vía hacia una “investigación encubierta”.
El pasado 15 de diciembre, el juez se interesó otra vez por la ayuda concedida por el Gobierno a la compañía en plena pandemia y, apoyándose en la denuncia de un abogado conspiranoico que atribuye a Begoña Gómez cuentas en la República Dominicana, ordenó a la Sección de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe de “si han aparecido hechos nuevos respecto del rescate de Air Europa”. Una iniciativa recurrida por la esposa de Pedro Sánchez, a la que se sumó la Fiscalía.
En su escrito de alegaciones, el ministerio público carga directamente contra Peinado, al que achaca que recurra a la estratagema de pedir un informe al instituto armado para volver sobre la ayuda a la aerolínea: “Los hechos que fueron ya analizados por la Audiencia son los que son, su contenido no ha variado”, destaca la Fiscalía de Madrid, antes de acusar al magistrado de “hacer una dejación de las funciones jurisdiccionales”.
Para sortear la barrera que decretó el tribunal provincial y pedir a la UCO que le informe sobre si han brotado “hechos nuevos” del rescate, el juez instructor se apoyó en la denuncia del abogado Eduardo Martín-Duarte, que asegura que Gómez tiene “presuntas cuentas y depósitos bancarios” en República Dominicana, que “pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa” y que pudieran “conllevar riesgo de blanqueo de capitales”. Sin embargo, este letrado es un viejo conocido de la justicia y el Tribunal Supremo ya enterró el pasado abril otra de sus denuncias, muy similar a esta y en la que acusaba a ministros de tener también cuentas en ese país americano. “Los hechos que el denunciante comunica son un conjunto de afirmaciones, que pretenden sustentarse en la mera referencia a titulares de noticias, difusas y carentes de apoyo y base objetiva”, indicó el alto tribunal.
“La decisión adoptada [por Peinado] no resulta procedente”, destaca el ministerio público en su escrito del 2 de enero, al oponerse a la petición del juez a la UCO. “Adopta una decisión que, de forma indirecta y a la par que hace dejación de la función que le corresponde, solicita o abre la puerta a una investigación encubierta sobre una materia ya abordada y respecto de la que tiene los criterios para decidir fijados o indicados por la Audiencia Provincial”, ahonda la Fiscalía.
El ministerio público remacha: “Los hechos que se ponen sobre la mesa del instructor a través de querellas y denuncias tampoco tienen mayor misterio a investigar, debiendo ser analizado y ponderados por el instructor. Lo contrario se asemeja más a una investigación encubierta que a una inocua petición de información. Y si no lo es, tampoco existe óbice de ningún tipo para que el instructor se pronuncie y resuelva”. “No entendemos que se acuda a esta vía de pedir a la unidad policial que le informe sobre ‘hechos nuevos’ cuando los mismos no le han sido puestos de relieve por ningún órgano judicial ni por la propia UCO”, añade el recurso.
La defensa de Begoña Gómez, que también ha recurrido la decisión del magistrado, recuerda que ya ha habido otros “muy discutibles intentos” del juez Peinado de sumar a la investigación las ayudas a Air Europa, pese a la “absoluta inexistencia de indicio” que lo justificara. De hecho, el letrado de la esposa de Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, indica que esta nueva denuncia “no aporta ningún elemento nuevo” que permita al instructor “legitimar una investigación que ya ha sido abortada por la Audiencia en varias ocasiones”. “La mera lectura de la prensa” en los últimos meses, recalca el abogado, revela que Martín-Duarte ya ha “intentado con datos similares” la apertura de una causa tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Sin éxito.
El recurso de Antonio Camacho subraya que Juan Carlos Peinado está deteriorando “la calidad de nuestro Estado de derecho” al hacer caso omiso a las reiteradas resoluciones de sus superiores. “Estamos nuevamente ante otro intento de investigación prospectiva”, dice. “Un sistema judicial sano y con garantías no solo se legitima en origen; sino día a día, en el ejercicio. Y este procedimiento es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer en el seno de una investigación judicial”, afirma el abogado defensor.
Deloitte entrega 58 correos y notificaciones de calendario vinculados a la asistente
La compañía Deloitte, que participó en el proyecto de desarrollo del software relacionado con la cátedra codirigida por Begoña Gómez, ha informado al juez que ha identificado "56 correos electrónicos y notificaciones de calendario en los que Cristina Álvarez aparece como integrante del grupo de receptores de la comunicación y 2 correos electrónicos en el que es emisora, en todos los casos utilizando su cuenta de correo" personal de Gmail. Entre otras supuestas irregularidades, el magistrado Juan Carlos Peinado atribuye un delito de malversación a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, asistente de la esposa de Pedro Sánchez. El juez instructor indaga si la asistente causó un perjuicio de las arcas públicas al ayudar a la mujer del presidente en su actividad privada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Las dos rechazan las acusaciones.
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