La cuenta atrás del juez Peinado

Hay una fecha del próximo año que marca el futuro del polémico juez Juan Carlos Peinado y de todas las partes personadas en la causa abierta contra Begoña Gómez: es la del domingo 27 de septiembre de 2026. Ese día, el magistrado cumplirá 72 años y, por ley, tendrá que colgar la toga. Ya no podrá seguir dirigiendo el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, desde donde impulsa una cuestionada investigación contra la esposa de Pedro Sánchez. La pregunta que sobrevuela la causa es si Peinado habrá decidido para entonces (o incluso antes) que dispone de los suficientes indicios para intentar sentar en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno. De momento, se encuentra a la espera de recibir varios informes que ha ordenado elaborar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para tratar de afianzar unas pesquisas corregidas por todas las instancias superiores.

Peinado activó el sumario contra Begoña Gómez el 16 de abril de 2024, cuando admitió a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por dos delitos (corrupción en los negocios y tráfico de influencias). Desde ese instante, emprendió una expansiva instrucción que ha sumado otros tres delitos más (apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación), y que aún quiere exprimir. En este tiempo, el juez ha impuesto multas a abogados que han sido eliminadas por órganos superiores; se ha visto obligado a desimputar a supuestos implicados sobre los que no pesaban indicios; y ha protagonizado escenas estridentes al tomar declaración, nada menos, que al presidente del Gobierno y al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Este octubre, cuando Peinado llevaba ya un año y medio con la causa —y había fracasado en su intento de escalar hasta La Moncloa al pedir al Tribunal Supremo la imputación del responsable de la cartera de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños— acordó ampliarla otros seis meses y prorrogarla hasta abril de 2026. Al justificar esa medida, argumentó que aún le quedaban averiguaciones por delante. De hecho, este noviembre, Peinado ordenó a la UCO que elaborase un nuevo informe sobre los correos electrónicos que Begoña Gómez recibió y envió desde su cuenta de email de La Moncloa durante los últimos siete años, desde la llegada de Sánchez al Gobierno en julio de 2018 hasta septiembre de 2025 —que ha quedado en el aire tras una resolución de la Audiencia de Madrid para corregirlo—. Y hace apenas unos días, en este diciembre, preguntó a la Guardia Civil si constan “hechos nuevos” que permitan indagar sobre el rescate de Air Europa.

Esta segunda iniciativa devuelve al magistrado al ojo del huracán por dos motivos: porque la Audiencia Provincial de Madrid ya le ha dicho en tres ocasiones que frene esas pesquisas sobre el rescate a la aerolínea en 2020 por basarse en meras “conjeturas”; y porque para sortear esa barrera, el juez se apoya ahora en una denuncia remitida por un abogado que ya ha sido frenado en sus conspiraciones por el Tribunal Supremo y que asegura en un escrito que la mujer del presidente tiene “presuntas cuentas” bancarias en República Dominicana. Lo mismo que ese letrado dijo sobre varios miembros del Ejecutivo en una anterior denuncia que el alto tribunal rechazó por carecer de “cualquier indicio mínimamente fundado”.

Este nuevo episodio sobre Air Europa es el último de una controvertida instrucción judicial, que acumula críticas de las defensas, de la Fiscalía y de juristas. La relación con el ministerio público, por ejemplo, ha sido tensa desde el primer momento. En una actitud nada común entre juez y fiscal, que suelen operar con cierta lealtad procesal, Peinado dictó un escrito abroncando al fiscal del caso en los primeros días de vida de la causa. Calificó de “totalmente inhabitual” que la Fiscalía interpusiera un recurso de apelación “casi automático” y que mostrara “insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones”. Y por si esta externalización de los intríngulis del juzgado fuera poca, ordenó a su letrado que hiciera un listado de “la frecuencia” con la que el fiscal realizaba visitas al órgano de instrucción.

Uno de los reproches más repetidos por el ministerio público a Peinado es la falta de argumentación de las resoluciones que adopta. Esto ha provocado, entre otras cosas, que la Audiencia de Madrid anule los registros en la casa y compañías del empresario Juan Carlos Barrabés —también investigado por la adjudicación de una serie de contratos bajo sospecha de tráfico de influencias—, porque el magistrado los impulsó “sin justificar los motivos”, con referencias “genéricas” e “imprecisas”, y sin aportar dato alguno que respaldara esa injerencia. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio”, le dijo la instancia superior.

Dos visitas a La Moncloa

En julio de 2024, se convirtió en el primer juez en acudir a La Moncloa para interrogar a un presidente del Gobierno (que, en este caso, se acogió a su derecho a no declarar en una causa abierta contra su pareja). En abril de 2025 regresó al complejo para hacer lo mismo con Félix Bolaños. En esta segunda ocasión llegó a La Moncloa a bordo de un coche oficial enviado por el Ministerio a recogerlo, ya que el magistrado se había quejado de que la primera vez que acudió a preguntar a Sánchez, los servicios de seguridad le hicieron esperar en el acceso un “tiempo superior al necesario”. Cuando la Policía le fue a recoger esa mañana, Peinado dictó otro escrito quejándose de que le parecían muchos los agentes de la comitiva: “Carece sentido que dicho vehículo sea ocupado por una tercera persona cuyo objetivo en el interior del citado vehículo no se alcanza a comprender”.

Una vez en el complejo gubernamental, antes de tomar declaración a Bolaños, pidió que los funcionarios le trajesen una tarima para así poder colocarse en un plano superior al del ministro. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, le dijo el togado en un tenso interrogatorio en el que Bolaños tuvo que salir a consultar por teléfono durante más de media hora unos datos que le pidió el juez. “Me está resultando muy sorprendente su interrogatorio”, reflejó el político.

Tras esta declaración trató de imputarlo. Han sido constantes las maniobras del instructor de pasar de testigo a investigado a quienes pasaban por su juzgado, a pesar de que la jurisprudencia es clara en los límites de esta práctica, que cercena el derecho de quien acude primero con obligación de decir la verdad y sin abogado, y luego pasa a ser investigado. Así ocurrió, por ejemplo, con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y con Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa (IE) y consejero autonómico durante los gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre. La Audiencia Provincial obligó a la desimputación de ambos. También le ordenó recientemente que archivara la causa contra Francisco Martín Aguirre, delegado del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid. Le había puesto bajo la diana sin “un mínimo respaldo indiciario”, dijo el tribunal.

En ocasiones no ha hecho falta la intervención del órgano superior y él mismo ha deshecho sus pasos. Así sucedió con la actual secretaria general de Presidencia, Judit Alexandra González, a quien llamó a declarar un domingo. Apenas estuvo 15 minutos ante el juez, que al entender que nada tenía que ver con los hechos, dictó el sobreseimiento de viva voz. “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”, esgrimió más tarde en una resolución, donde solo dedicó un párrafo a explicar su viraje.

Las batallas del juez han ido aún más allá. Peinado abrió una pieza separada para multar a varios abogados que habían dado cuenta a los periodistas (en una nube de micrófonos al salir del Juzgado) de la primera declaración como investigada de Begoña Gómez. Sin embargo, el magistrado consideró que debía castigar menos (con 500 euros) a los abogados de Vox y Hazte Oír —que ejercen de acusación popular—; que al letrado de la esposa del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, a quien impuso una sanción de 5.000 euros y a quien, a lo largo de la causa, le ha dedicado múltiples reproches, como “menosprecio”, “indiferencia”, “total desinterés” u “orfandad de argumentos”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló todas esas multas por falta de justificación: ni había concretado qué afirmaciones “específicas” afectaban al secreto sumarial”, ni había argumentado cómo lo dañaba.

Todo ello, además, en unas pesquisas con constantes filtraciones y donde él mismo facilitó a las partes el vídeo de la declaración como testigo (o no declaración) de Pedro Sánchez, que acabó publicado en los medios. La Audiencia también consideró que dar esa grabación había sido innecesario.

Tras haber interrogado ya a cerca de medio centenar de testigos para este procedimiento, varias voces jurídicas coinciden en que las pesquisas parecen no dar mucho más de sí. Peinado, que se ha querellado contra el ministro Óscar López y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, por llamarle prevaricador, recorre sus últimos meses en su despacho de la madrileña Plaza de Castilla. La cuenta atrás ha comenzado. Tiene en sus manos sus últimas decisiones de la causa por la que, sin duda, será recordado como juez.