Los 12 meses de investigación judicial sobre la dana que desmontan a la Generalitat de Mazón
Un reguero de contradicciones, falsedades y falta de previsión afloran en la causa instruida por la magistrada Ruiz Tobarra


La investigación judicial de la dana, que dejó 230 muertos en octubre de 2024, ha devenido en un año en una madeja de pesquisas que ha hecho aflorar la cadena de errores, mentiras políticas e imprevisión que condujo a la desgracia.
Como si de un puzle se tratara, los movimientos de la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, han desmontado la línea de defensa del Gobierno del expresidente valenciano Carlos Mazón, del PP. Y ha revelado las contradicciones sobre el papel de este dirigente, que pasó casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro mientras se inundaba parte de la provincia.
Los 43 tomos de sumario —que contemplan 409 declaraciones de testigos, la mayoría, familiares de víctimas— tumban la llamada tesis del apagón informativo. Una idea a la que se aferraban el PP, la Generalitat y los dos únicos investigados —la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso—; y que sostenía que si el Ejecutivo valenciano actuó tarde fue porque organismos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no reportaron con antelación la magnitud de la dana.
Los wasaps aportados al juzgado el pasado diciembre por la exconsejera investigada no solo desmontan esta tesis, sino que han marcado un punto de inflexión. Han destapado que la presidencia de la Generalitat manejaba información clave sobre el peligro desde el mediodía de la jornada de la catástrofe. Y que, a las 11.32, Pradas reportó al entonces president sobre el riesgo del barranco del Poyo. “Cojonudo” fue la reacción de Mazón a su consejera al enterarse de la situación, según los wasaps remitidos al despacho de la jueza.
El abogado Manuel Mata, que representa a la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià (Acpv), sostiene que la investigación judicial confirma que la “incomunicación” de Mazón en El Ventorro fue “deseada”. Y confía, para apuntalar esta tesis, en el inminente careo acordado por la magistrada entre Pradas y quien fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. En sus dos declaraciones como testigo, en las que tenía la obligación de decir la verdad, Cuenca sostuvo ante la instructora que no dio instrucciones a Pradas aquel día de la catástrofe. Sus wasaps contradicen esta versión y alimentan las dudas sobre su actuación.
Esta revelación se suma a otro dato que aflora otra mentira sobre la gestión de la dana. Unas imágenes incorporadas a las pesquisas, que fueron ocultadas durante once meses por la Generalitat, muestran a Pradas dando instrucciones en el Cecopi —el órgano de crisis que coordinó la desgracia desde L’Eliana (Valencia)— sobre el envío del Es Alert, el mensaje masivo a móviles que se remitió para avisar a la población de la riada. La notificación, que se ha convertido en la piedra angular de las indagaciones de la jueza, llegó a los teléfonos a las 20.11 horas, cuando, al menos, 155 personas ya habían fallecido, según la reconstrucción realizada por EL PAÍS con los datos del sumario . El vídeo desmonta la versión de la exconsejera, que en su declaración el pasado abril como investigada se desmarcó de la alerta y descargó su responsabilidad en los técnicos. Pradas ha declinado dar su versión a este diario. “Nunca me pronuncio sobre la instrucción judicial”, zanja.
“Los vídeos y los wasaps confirman que no era verdad lo que se estaba contando y el caos e improvisación en la emergencia”, defiende la letrada Mamen Peris, de la acusación popular que ejerce Ciudadanos.
Rosa Álvarez, que preside la mayoritaria Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que agrupa a familiares de 90 fallecidos y ejerce la acusación particular, destaca la declaración como testigo del subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, como uno de los grandes hitos de la investigación. Suárez, el funcionario de mayor rango no político que ha desfilado por el juzgado, expuso ante la instructora que el envío de la alerta se retrasó porque la exconsejera Pradas quiso corregir el texto en valenciano.
La asociación encabezada por Álvarez propició otro de los golpes de efectos de la investigación: la citación como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La jueza le ha llamado para que aclare los mensajes que intercambió con Mazón ese día, después de que el mandatario asegurara dos días después de la gota fría, cuando visitó el Cecopi, que estuvo en contacto con el barón popular “en tiempo real”. Una afirmación que también queda desmontada con los wasaps que ambos cruzaron y que muestran que Feijóo se centró en pedir a Mazón que liderara el relato informativo.
La otra clave de la instrucción tiene nombre y apellidos: Maribel Vilaplana. La declaración como testigo ante la jueza de la periodista que comió con Mazón en El Ventorro abrió el foco a investigar lo que estuvo haciendo el expresident en esas horas. Vilaplana, que ha cambiado de versión tres veces sobre qué hizo durante la dana, aseguró ante la instructora que el barón popular no paró de recibir llamadas en el restaurante y que la noche de la desgracia borró de su móvil todos sus mensajes con Mazón. Alegó que tuvo “un ataque de pánico”.
Fuentes del entorno familiar de Vilaplana apuntan que la declaración judicial de la informadora confirma que Mazón estuvo localizable y comunicado cuando arreció lo peor de la dana. O, lo que es lo mismo, que se enteró de lo que estaba ocurriendo mientras comía en El Ventorro.
En plena refriega política por la gestión de la tragedia, la investigación se prevé compleja. Fuentes próximas a la investigación auguran que la instrucción se prolongará un año más. La jueza ha citado a 65 nuevos testigos y ordenado decenas de diligencias. Y, entre tanto, ha tenido que encarar una campaña de desprestigio orquestada, según denunció la magistrada en un auto, por la defensa de uno de los dos investigados, el abogado del exdirector de Emergencias Emilio Argüeso. Una treta que tenía por objeto apartar a la instructora de la mediática investigación.
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