La Fiscalía Europea ultima un informe para determinar si Barrabés recibió trato de favor en la contratación pública por el ‘caso Begoña Gómez’

La Fiscalía Europea ultima un informe para determinar si el empresario Juan Carlos Barrabés —imputado tanto por la Fiscalía Europea como por el juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno— recibió trato de favor en la adjudicación de contratos públicos por importe de 8,4 millones de euros. Un perito de Hacienda ya realizó un informe rubricado el pasado mes de agosto en el que detectaba “irregularidades” en las adjudicaciones que Red.es (empresa dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) comprometió a las empresas de Barrabés. Ahora, el juez de garantías de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha obligado a los fiscales a que admitan la petición de Barrabés y amplíen esta pericial para determinar si la fórmula utilizada para resolver los concursos públicos estuvo realmente “adulterada” o si, en realidad, se utilizaba en otros procedimientos.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha admitido un recurso que había interpuesto la defensa de Barrabés para que se analizaran expedientes “aleatorios” de distintas adjudicaciones y se constatara si se realizó el mismo cálculo en otros expedientes de Red.es que no son objeto de la causa, según avanzan fuentes de la investigación a EL PAÍS. Las pesquisas de la Fiscalía Europea, que partieron de la causa contra Begoña Gómez, estudian la tramitación de dos contratos —“Formación empleo juvenil para la economía digital” y “Servicio de formación para personas desempleadas”—, que fueron parcialmente financiados con fondos europeos y que se entregaron a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next (empresa de Barrabés) y The Valley Digital Business School.

Para el perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que está adscrito al organismo europeo se incrementó de manera “injusta e ilegalmente” la puntuación de la unión de empresas que incluía a Barrabés para perjudicar a sus competidores. Las cartas de apoyo o “acuerdos” que firmaron empresas e instituciones a favor de esa adjudicación (entre las que se encontraban dos cartas firmadas por Begoña Gómez) se sobreestimaron, según el informe que elaboró de más de 300 páginas, porque fueron “meras declaraciones de intenciones” que, entiende el perito, al tenerlas en cuenta a la hora de valorar la oferta se desvirtuó la realidad de la adjudicación.

El magistrado de garantías entiende que dado que se está cuestionando si Red.es pudo idear y aplicar una fórmula que beneficiaba a Innova Next resulta “útil y pertinente” para la investigación si dicha fórmula se empleó de forma “exclusiva y aislada” en los pliegos de esas dos licitaciones o si, por el contrario, estaba presente en otros expedientes a los que no concurrió dicha compañía.

Este punto es clave, por tanto, para saber si la entidad pública dependiente del Ministerio de Óscar López incurrió en trato de favor con Barrabés, motivo por el que él está investigado. Al mismo tiempo, la solicitud de la ampliación de la pericial podría resultar perjudicial para las propias pretensiones de Barrabés si se comprobase el empleo de fórmulas distintas en virtud del tipo de licitación y podría abrir una vía nueva de investigación, indican las fuentes jurídicas consultadas. La Fiscalía Europea lleva, al menos, tres meses trabajando en dicho informe por lo que tras su presentación el caso podría encaminarse hacia su fin a corto plazo. Bien porque el informe fuera concluyente para un archivo o bien porque fuera determinante para avanzar en la posibilidad de que la causa terminara en juicio.

En este procedimiento está imputado también el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, según ha podido confirmar este diario. Además, la Fiscalía Europea ha practicado más de 20 testificales en su mayoría, indican estas fuentes, de personal relacionado con la empresa pública. Los fiscales delegados del órgano con sede en Luxemburgo han mantenido en secreto estas actuaciones durante más de un año y han practicado decenas de requerimientos de información a las instituciones públicas. La instrucción corre a su cargo, pues tienen las riendas de la investigación, como ocurre en casi todos los países europeos, mientras que el juez de garantías, en este caso el magistrado Piña de la Audiencia Nacional, solo responde a determinados recursos y autoriza medidas restrictivas de derechos fundamentales como intervenciones telefónicas o registros.

Red.es, como organismo público, está fiscalizado por órganos competentes como la IGAE, la Comisión Europea, Tribunal de Cuentas europeo y la Dirección General del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Así, entre 2011 y 2023 la empresa pública se sometió a 33 auditorías, de acuerdo a lo que explicaron fuentes gubernamentales en su momento, que apuntaron a que ninguno de estos exámenes ha sido “desfavorable”.

En el procedimiento europeo no está siendo investigada Begoña Gómez, que sí lo está junto a Barrabés en la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Él investiga a la esposa del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencia, malversaciones de caudales públicos, apropiación indebida, usurpación de funciones públicas y corrupción en los negocios privados. Peinado cedió en junio de 2024 parte del caso al ver que estaban afectados proyectos que habían sido financiados con fondos europeos. Peinado ordenó el registro de la vivienda de Barrabés, pero la Audiencia Provincial de Madrid anuló esta orden y el análisis del móvil y los dispositivos informáticos del empresario. La Audiencia ordenó “la destrucción de las copias obtenidas” porque el escrito de Peinado adolecía de motivación: “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio”.