El Supremo deniega que Ábalos acuda a la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado

El Tribunal Supremo no ha dado luz verde para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre, declare este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. El juez Leopoldo Puente señala que ante la “singular premura de la solicitud” del PP, que tiene mayoría absoluta en esa cámara, no es posible otorgar la autorización interesada con tan poca antelación porque fue solicitada el pasado 30 de diciembre cuando el periodo judicial era inhábil. El instructor no cierra la puerta a la comparecencia de Ábalos, sino que emplaza a los populares a que reiteren la petición con tiempo para que las partes personadas en el procedimiento puedan pronunciarse. Por su parte, el magistrado ha desestimado también este miércoles la petición del exministro para ser juzgado por un jurado popular.

El magistrado Puente ha dictado una resolución en la que explica que la petición del PP para que Ábalos acudiera a la comisión del caso Koldo fue cursada a finales de diciembre y llegó al Tribunal Supremo por el “conducto normativamente previsto” el día 2 de enero de 2026. La Ley Orgánica del Poder Judicial determina que el periodo inhábil afecta tanto al mes de agosto como al periodo que va desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos inclusive, “excepto” para las actuaciones judiciales que “se declaren urgentes”.

En este caso, el magistrado considera que citar a Ábalos en el Senado no lo era: “No se advierte aquí que concurra, a los efectos que ahora importan, la mencionada urgencia”, indica. No se identifican “graves perjuicios a los interesados” y, por tanto, el magistrado no encuentra razones por las que él tuviera que habilitar un periodo inhábil para que las partes se pronunciaran sobre si el exministro podría o no comparecer en dicha cámara.

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, compareció el pasado martes para anunciar que impulsaban de nuevo la comisión, para lo que habían habilitado el mes de enero. “Esperamos que [Ábalos] elija la verdad y explique cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo, qué se pactó con PNV y Otegi para la moción de censura, quién ordenó contratar a las empresas de la trama, por qué le rehabilitó Pedro Sánchez y qué le ofreció por su silencio”, resumió García.

El magistrado no cierra la puerta a que la comisión del caso Koldo pueda contar con la presencia del ex secretario de Organización socialista en “un momento posterior”, aunque “debiendo ser la misma diligencia en forma que permita pronunciarse sobre ella con tiempo suficiente” para que las partes personadas en la investigación puedan pronunciarse.

Juicio sin jurado

El magistrado Puente ha dictado este miércoles una segunda resolución en la que desestima también la petición de Ábalos para que en la causa sobre las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia fuera enjuiciada por un tribunal con jurado. Esta instrucción está terminada y a la espera de fecha de juicio, después de que la Fiscalía Anticorrupción pida para él un total de 24 años de cárcel y más de 3,9 millones de euros en concepto de multa por delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

El juez contesta al escrito del encausado, al que se había adherido también la representación de Koldo García, que la ley reguladora del jurado lo excluye cuando se trata de delitos cuyo enjuiciamiento, como sucede en este caso, vengan atribuidos a la Audiencia Nacional. El caso Koldo comenzó indagándose en ese órgano, si bien posteriormente una parte saltó al Tribunal Supremo poor haber un aforado que, precisamente, era Ábalos. “El aforamiento modifica el órgano judicial ordinariamente competente, pero no el procedimiento”, indica el juez.

Puente indica que “resultaría irresoluble paradoja” que Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama, que están procesados por el Supremo, fueran enjuiciados por ciudadanos legos de derecho y que el resto de los imputados del mismo asunto que siguen en la Audiencia Nacional no pudieran serlo “por expresa prohibición legal”.

Y el hecho de que la Ley del Tribunal del Jurado no permita los juicios en la Audiencia Nacional no es caprichoso, añade el magistrado. “La razón que justifica las referidas exclusiones obedece a la especial complejidad, fáctica y técnico jurídica, en los referidos delitos, siendo ésta la que determinó que el legislador” lo considerase improcedente. Además, Puente remacha que no es momento ya de revisar todo lo que se ha ido cerrando en esta instrucción “so pena de propiciar un interminable bucle, con tendencia al infinito”.

Por su parte, la defensa del que fuera secretario de Organización del PSOE ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que “reconsidere” su decisión, adoptada el pasado 10 de diciembre, de suspender sus derechos y deberes parlamentarios hasta que la próxima semana el Supremo analice su recurso para salir de prisión provisional. Así lo reveló este martes el exministro en su cuenta de X cuando señaló que la suspensión de sus funciones “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato” y “daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa“.

La Sala de lo Penal analizará el 15 de enero los argumentos que la defensa del exministro ha puesto sobre la mesa porque considera que existen ausencia de indicios de corrupción contra él, ausencia de riesgo de fuga, vulneración del derecho de representación política y uso de prisión provisional para fines ajenos a la institución procesal.