Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos por la trama de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y multa de más de 3,9 millones de euros para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y otros 19,5 años y 3,9 millones de multa para quien fuera su asesor, Koldo García. Para el tercer implicado en la trama, el comisionista Víctor de Aldama, quien supuestamente ha colaborado con la justicia, la Fiscalía reclama solo siete años de cárcel tras aplicarle la atenuante de confesión. Anticorrupción acusa a Ábalos y Koldo García de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. A Aldama solo le acusa de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. El ministerio público reclama, además, una indemnización de 34.477, 86 euros de forma subsidiaria entre Ábalos y García para Ineco y 9.500, 54 euros para Tragsatec, las dos empresas públicas en las que, supuestamente, la trama enchufó a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente propuso el pasado 3 de noviembre enviar a juicio al exministro, a Koldo García y a Aldama en la primera pieza de la investigación, centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia, que fue inicialmente llamada caso Koldo. El magistrado considera acreditado que el comisionista tuvo “información previa y privilegiada” sobre la necesidad de la urgencia sanitaria, lo que le permitió “articular una oferta” para “asegurar la perfección del contrato”. De este modo, una de sus mercantiles, Soluciones de Gestión, se hizo con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro en marzo de 2020.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles el escrito de calificación con la petición de penas para los tres investigados. Luzón ha sumado un nuevo delito, uso de información privilegiada, a los cuatro que ya se atribuían al exministro y su antiguo asesor. A Aldama, sin embargo, le aplica una atenuante después de que el empresario decidiera hace un año colaborar con la justicia tras ser enviado a prisión preventiva por otro caso, el presunto fraude del IVA en la compraventa de hidrocarburos.

Desde entonces, Aldama ha ido entregando diferente documentación en el Supremo, que, según Anticorrupción, “ha aportado información relevante” en la causa, más allá de su propio relato de los hechos. Luzón cita los “pantallazos” de presupuestos con determinadas obras que, supuestamente, iban a ser amañadas y que estaban señaladas con notas de Koldo. El exasesor negó que esa letra fuera suya, pero la prueba pericial ratificó su autoría. Luzón considera que como consecuencia de esta aportación, el instructor emprendió la investigación sobre las adjudicaciones de obra pública fraudulenta que han conducido hasta Santos Cerdán.

Luzón explica que Koldo García fue el “alter ego” de Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio y, por ello, “se sobreentendía” que el asesor era “fiel transmisor de las decisiones y los deseos del exministro”. Para la fiscalía Koldo era “de facto” el “testaferro de su superior”. El Ministerio Público describe cómo Aldama se fue acercando al Gobierno desde inicios de 2019 y la relación que fraguó con los investigados le dio “la oportunidad de obtener un común beneficio económico”. Relata que cada uno de ellos asumió “un papel diverso y complementario” en la organización criminal para que el reparto de funciones fuera “muy eficaz”. Ábalos era el jefe: “Aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad” y “su directa influencia”.

El escrito del fiscal detalla que Aldama se aprovechaba de su relación con Koldo y consiguió, por ejemplo, reunirse con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, para que el departamento que dirige María Jesús Montero le aplazara una deuda a una de sus empresas. Si bien no llegó a producirse dicho aplazamiento.

Aldama, por su parte, era “el encargado de localizar empresas o particulares” interesados en cualquier gestión con la Administración. Tenía “interlocución privilegiada” en el Ministerio y, por ello, cuando estalló la pandemia tuvo preferencia en los contratos de mascarillas.

La investigación ha acreditado que el exministre pudo lucrarse por distintas vías: con un contrato para hacerse con la propiedad de un piso de Aldama en el Paseo de la Castellana, en Madrid, cuyo precio se fijó en 750.000 euros, que se alquiló a Ábalos con opción a compra (aunque no llegó a ejercitarse dicha compra); el pago del alquiler de un inmueble para Jésica Rodríguez en Plaza España por 2.700 euros mensuales (con una suma total de 82.298 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021); o la compra de un chalé en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) durante el verano de 2021 para que el exministro fuera con su familia durante las vacaciones.

Además, Luzón considera acreditado que Aldama entregó “al menos desde octubre de 2019” y “hasta julio de 2022” unos 10.000 euros mensuales en efectivo para que se repartieran entre Koldo y Ábalos. “La puntual falta de dinero en metálico de Víctor de Aldama determinó que en dos ocasiones los pagos se realizaran en República Dominicana”, dice el escrito.

‘Enchufes’ en empresas públicas

La Fiscalía señala que Ábalos, “prevaliéndose de su cargo” y con su “posición de superioridad jerárquica” logró enchufar a la que fuera su pareja Jésica Rodríguez en dos empresas públicas, primero en Ineco y después en Tragsatec. Durante la instrucción ha quedado acreditado que Rodríguez eludía su actividad laboral, pero consiguió cobrar de las empresas desde marzo de 2019 hasta marzo de 2021 un total de 43.977 euros. Lo mismo ocurrió con Claudia Montes, que también testificó durante la investigación y confirmó que Ábalos y Garía intercedieron para que trabajara en la empresa Logirail (dependiente de Renfe). “Koldo García, cumpliendo los deseos de José Luis Ábalos, se ocupó de resolver todos los problemas laborales que iba encontrando Montes”, explica el ministerio público.

La Fiscalía sitúa el origen de la trama en las primarias para la secretaría general del PSOE celebradas en mayo de 2017, en las que fue elegido Pedro Sánchez. Según Anticorrupción, Ábalos conoció en Navarra a Koldo García “durante los viajes realizados en la promoción” de esa candidatura. García estaba entonces vinculado al Partido Socialistade Navarra (PSN) y era un hombre “de la confianza de Santos Cerdán”, miembro del Parlamento foral de Navarra entre 2014 y 2017 por el PSN y “con quien tenía una relación de subordinado a jefe”. El fiscal recuerda que fue precisamente Cerdán quien, una vez que él fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE y Ábalos, secretario de Organización, recomendó a este que contratara a Koldo García como su conductor. Ello determinó que Koldo García se trasladara a Madrid y pasara a ser asalariado del PSOE a partir del 25 de octubre de 2017.

Cuando fue nombrado ministro, en junio de 2017, Ábalos eligió a García como asesor y delegó en él “un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas”, señala Luzón. “Koldo García manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de José Luis Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor Gonzalo de Aldama”, describe el fiscal .

Aldama era ya entonces un empresario con varias sociedades en el sector inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos. Conoció a Koldo García en agosto de 2018 a través de su hermano Rubén de Aldama, escolta del ministro de Transportes. La relación se extendió “pronto” a Ábalos, señala Luzón, y el entonces titular de Transportes empezó a encomendarle al comisionista, a través de su asesor, diversas gestiones, como acompañarles a un viaje a México, donde Aldama era agregado comercial en Oaxaca, que tenía por objeto la promoción de empresas españolas en licitaciones públicas de ese país.

“En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico”, explica el fiscal, quien describe cómo los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba Ábalos en el Gobierno y en el PSOE, “este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.

Cada uno de ellos “asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz”, afirma Anticorrupción. Así, Ábalos, a quien Koldo García y Aldama consideraban el “jefe”, “aportaba la autoridad que le confería” su condición de ministro de Transportes y “su directa influencia cuando era precisa”. Koldo García era “el hombre de confianza” de Ábalos, mientras que Aldama fue la persona que, “aprovechando su influencia” sobre el ministro y su asesor, “garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos”. Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados “en cualquier clase de gestión con la Administración” para hacer valer sus intereses “siempre a cambio de la correspondiente prestación económica”, de la que hacía partícipes a Ábalos y a Koldo García.

Procesamiento recurrido

Tanto Ábalos como Koldo recurrieron su procesamiento y consideran que la instrucción ha sido “desequilibrada” y que se ha quebrado su derecho a la defensa. El letrado de Ábalos, el exfiscal Carlos Bautista, explicó en su recurso que la instrucción se había terminado sin que el exministro hubiera podido tener acceso al material digital que la Guardia Civil incautó en los registros de las viviendas y sin que se hubiera acordado ni una de las diligencias que él había solicitado. “El dictado auto de procedimiento abreviado sin previamente tener acceso a los dispositivos forenses cercena de forma brutal el derecho de defensa”, señalaba.

Además, acusaba al instructor de haberse saltado los controles del aforamiento del que goza todavía Ábalos al ser diputado en el Congreso por el Grupo Mixto. “No es posible emprender una investigación frente a un diputado o senador sin la previa autorización de la cámara de diputados o del Senado”, incidió.

El recurso de Koldo iba en la misma dirección y explicaba que no era posible que se hubiera finalizado la causa sin haber accedido ni una sola vez a la prueba que habían propuesto los investigados y sin haber llamado a declarar como investigados en lugar de como testigos a algunos de los afectados. “Se incurre en la vulneración del derecho fundamental de defensa al privar a esta parte de la realización de las diligencias de investigación necesarias para la contradicción de los hechos”, rezaba.