El Supremo deja en libertad a Cerdán al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado la libertad provisional de Santos Cerdán al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas y advierte de que se han “robustecido” los indicios tras el último informe de la Guardia Civil, pero ya no está justificada una medida tan “excepcional” como la prisión preventiva. El instructor ha dado este paso tras los registros realizados la semana pasada en varias empresas vinculadas a la trama, entre ellas las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid y en el domicilio del exdirector de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini. Una vez consumadas estas actuaciones, el magistrado ha acordado cambiar la prisión preventiva de Cerdán por otras medidas menos restrictivas: comparecencias quincenales en el Juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

Cerdán era el único encarcelado por la trama corrupta que supuestamente se lucró del amaño de adjudicaciones de obra pública que tuvo su epicentro en la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El ex secretario de Organización del PSOE estaba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio y sus abogados habían reclamado de forma reiterada su puesta en libertad al considerar que estaba sufriendo “un agravio comparativo” con respecto al resto de investigados por el Supremo en esta causa, entre ellos, Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García.

El juez hasta ahora había insistido en que era necesario mantener en libertad a Cerdán por su papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama. Era Cerdán, según los indicios recogidos por los investigadores, quien “se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores”, quien “estaría en la mejor disposición para conocer” quién más cobró y “de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos”.

No obstante, el plazo legal máximo para dejar en libertad al exdirigente socialista cumplía el 30 de diciembre y Puente ya había afirmado que su intención era no apurar hasta esa fecha, pero que había que esperar a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminara un nuevo informe que estaba haciendo sobre la trama para poder disipar por completo el peligro de destrucción o alteración de pruebas.

Ese informe se entregó hace unos días y derivó en varios registros, en los que los agentes intervinieron abundante documentación y dispositivos electrónicos en empresas vinculadas a la trama. Y, ahora sí, Puente considera que ha llegado el momento de excarcelar a Cerdán. Según el juez, el riesgo de destrucción de pruebas “aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado, habiéndose logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, -ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes-, y con las que ya se cuenta”.

En el auto por el que acuerda la libertad del exdirigente socialista, el instructor detalla que el resultado de la investigación, plasmado en el informe de la UCO, “no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación”. Pero la existencia de esos “consistentes indicios” que apuntan a que Cerdán cometió varios delitos (se le investiga por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias) “no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que confirmar y robustecer dichos indicios”.

El magistrado tampoco considera que se den los otros dos requisitos que prevé la ley para decretar la prisión preventiva: reiteración delictiva o riesgo de fuga. Sobre el primero, señala que puede ser descartado “razonablemente”, en la medida en que Cerdán no ostenta en la actualidad ningún cargo público, ni “relación orgánica de dirección” con el PSOE. “No se identifica tampoco la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga o posible sustracción a la acción de la justicia que, aunque nunca pueda ser descartado de forma completa o absoluta, puede en este momento tratar de conjurarse con la adopción de medidas cautelares diversas y, por descontado, menos restrictivas de la libertad personal”, señala el juez.

La UCO apunta en su último informe a que Cerdán actuó como “enlace” entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes para lograr comisiones del 2% por el amaño de obra pública. Según los investigadores, el 75,33% de los ingresos de la empresa Servinabar —propiedad de Joseba Antxon Alonso y vinculada a Cerdán— provenían de Acciona (6,7 millones de euros) y esta pagaba un porcentaje a la empresa navarra por cada obra que obtenían de forma irregular. detalla el funcionamiento de la trama y cómo se benefició de ella Cerdán y su entorno. El documento policial señala que el exdirigente socialista usó para gastos particulares una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar; y que esta pagó el alquiler para él de dos casas en Madrid una vez que este fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE; y tuvo a sueldo a su esposa, su hermana y su cuñado.