La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao para recabar nueva documentación del ‘caso Ábalos’

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes por la mañana a registrar las sedes en Bilbao y Madrid de la empresa Acciona, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. El objetivo es recabar nueva documentación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de obras a esta gran constructora durante la etapa del socialista José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Las pesquisas salpican también a dos cooperativas, Erkolan y Noran, supuestamente vinculadas con Servinabar 2000, sociedad navarra señalada como presunto origen de la trama de corrupción por la que permanece en prisión el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La orden parte del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que tiene abierta una pieza secreta dentro de la causa en la que están siendo investigados por la presunta comisión de delitos de corrupción Cerdán, Ábalos y el que fuera asesor personal de este último, Koldo García. Un portavoz de la constructora contactado por este diario ha declinado por ahora facilitar información.

No es la primera vez que agentes de la UCO acuden a Acciona a recabar información sobre el supuesto amaño de concursos públicos en el periodo 2018-2021 en el que Ábalos fue titular de la cartera de Transportes. El pasado 9 de junio, el juez Puente envió a la Guardia Civil a la constructora a requerir la documentación ―entonces no fue un registro, como sí lo es la diligencia de este viernes― sobre los expedientes de cinco obras de la Dirección General de Carreteras y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que se adjudicó a la constructora formando parte de Uniones Temporales de Empresas (UTE) con otras compañías.

Aquel requerimiento de información fue motivado por un informe de la UCO que apuntaba ya a nueve expedientes concretos de licitación de Transportes como sospechosos de haber sido amañados, entre ellos cinco adjudicados a Acciona. Entonces, la constructora hizo público un comunicado en el que mostraba su total “desconocimiento, sorpresa y preocupación” ante los hechos investigados y descarga la responsabilidad en uno de sus exdirectivo, Fernando Merino Vera, responsable de la compañía en Navarra e imputado en la causa, que declaró por estos hechos el pasado 7 de julio. Entonces, la Guardia Civil volcó entonces también el contenido del correo electrónico corporativo de este.

Según el informe de la UCO, Merino mantenía supuesta una antigua relación con Koldo García que presuntamente facilitaron que Acciona se hiciera con la adjudicación de obra pública en Navarra y que, una vez que este se incorporó al equipo de Ábalos en Transportes, le había enviado información privilegiada para que la constructora ganara el concurso en, al menos, una obra ·indiciariamente a cambio del pago de un precio", recogía el juez Puente en un auto. Se trataba, en concreto, de los trabajos en el tramo de carretera que une la localidades riojanas de Arrúbal y Navarrete.

Las otras dos empresas en las que este viernes se ha personado la Guardia Civil son sendas cooperativas, Erkolan y Noran. Esta última fue constituida por Joseba Antxón Alonso Egurrola, dueño de Servinabar 2000 ―la sociedad de la que presuntamente tiene una participación del 45% Santos Cerdán― y Koldo García. Entre 2016 y 2024, Servinabar pagó más de 650.000 euros a Noran. Por su parte, Erkolan, vinculada a la hermana del exsecretario de Organización del PSOE, recibió entre 2019 y 2023 cerca de 260.000 euros de la misma compañía.

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