Ábalos y Koldo recurren su procesamiento en el Supremo por las mascarillas

“Al compás de una instrucción desequilibrada, [Ábalos] se ve abocado a un caldaso en el que solo puede forcejear inútilmente clamando por su inocencia”. En estos términos, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial Koldo García han presentado sendos recursos en el Tribunal Supremo contra el procesamiento por una trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia. Las defensas señalan que en la investigación faltan pruebas para ir a juicio y que no se han respetado el derecho a defenderse y la “inmunidad parlamentaria”.

Fue el pasado lunes cuando el magistrado de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente propuso juzgar al exministro, a Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las supuestas irregularidades en 2020, cuando Ábalos estaba en el Gobierno. El juez concluyó que los tres pudieron incurrir en delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos al considerar que el exministro presuntamente favoreció que el empresario tuviera “acceso preferente” a contratos públicos a cambio “del correspondiente beneficio económico” que se tradujo en dinero en efectivo o alquileres vacacionales.

El letrado de Ábalos, el exfiscal Carlos Bautista, explica que la instrucción se ha cerrado sin que el exministro haya podido tener acceso al material digital que la Guardia Civil incautó en los registros de las viviendas y sin que se haya acordado ni una de las diligencias que él había solicitado. “El dictado auto de procedimiento abreviado sin previamente tener acceso a los dispositivos forenses cercena de forma brutal el derecho de defensa”, señala el recurso al que ha tenido acceso EL PAÍS.

A su juicio, la causa se ha conducido de forma poco transparente y se han saltado los controles del aforamiento, pues se empezó a investigar mucho antes del suplicatorio. “No es posible emprender una investigación frente a un diputado o senador sin la previa autorización de la cámara de diputados o del Senado”. Refleja, en concreto, un episodio, cuando en 2023 el hermano de Koldo, Joseba García, acudía en coche a Valencia con una documentación en un sobre cerrado para el exministro y la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado montó un operativo para interceptar el material. “Parece obedecer a una tónica general de falta de respeto de la inmunidad”, exhibe Bautista. Y añade que este “episodio no es, ni mucho menos, aislado”.

Koldo apunta en la misma dirección y menciona que el juez instructor no solo tiene que practicar las diligencias que formule la acusación, sino también aquellas que “puedan favorecer la defensa de los imputados”. Y en ese sentido, dice que si Aldama pagó durante años el alquiler del piso de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, con una renta mensual de 2.700 euros no se entiende “por qué no están investigados” los beneficiarios de ese cohecho, en este caso, la propia Jésica Rodríguez.

Lo mismo que con el delito de tráfico de influencias. Si supuestamente la influencia de Koldo en el Ministerio de Hacienda logró aplazar una deuda que había contraído una de las mercantiles de Aldama cómo es posible que no se investigue dicha sociedad o al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, que declaró en instrucción como testigo. “Se incurre en la vulneración del derecho fundamental de defensa al privar a esta parte de la realización de las diligencias de investigación necesarias para la contradicción de los hechos”, escribe la letrada Leticia de la Hoz.

El recurso de Ábalos reitera que los “folios” que la UCO traduce como dinero en efectivo son, simplemente, papeles que el político necesitaba por su costumbre de imprimir, pero que no se le ha permitido demostrarlo porque no hacen caso a sus peticiones de información al Congreso. Refuta todos los puntos del informe patrimonial de Ábalos, como por ejemplo, el hecho de que Aldama pagara a Koldo y este sufragara sus gastos sin contrapartida. “No existe ninguna evidencia para vincular a nuestro representado con el supuesto pago de 10.000 euros mensuales”, señala.

Dice que si Koldo” adelantaba gastos" luego siempre “eran devueltos” por Ábalos y que la UCO se olvide de incluir en la comparativa de los ingresos y las disposiciones de dinero en efectivo que su exmujer, Carolina Perles, “generaba ingresos que también aportaba a la economía familiar”.

Aldama y “cantos de sirena”

El recurso de Bautista señala también la posibilidad de un pacto entre Aldama y la Fiscalía y las consecuencias negativas que eso tiene para el resto de acusados. “No existe más verificación, más allá de la palabra del pentito”, dice sobre lo declarado por el comisionista. “La negativa a conformarse de quien se sabe inocente y soporta las presiones del resto, o los cantos de sirena de propuestas en extremo ventajosas, puede verse perjudicada por toda una serie de negociaciones más o menos opacas entre acusación y resto de las defensas”, escribe.

Ábalos alega que lo ocurrido con Aldama genera “falta de garantías” y de “seguridad jurídica”. “Se genera”, inciden, “un espacio de negociaciones paraprocesales (clandestinas) entre fiscal y defensa”. Koldo sigue la misma línea y recuerda que “dos personas en situaciones iguales deben tener un tratamiento equivalente” en la investigación penal.