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El Supremo reclama a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García

El juez advierte la posibilidad de que el exministro y su antiguo asesor “blanquearan” dinero con las liquidaciones de gastos del partido

Reyes Rincón

La Audiencia Nacional estudiará si se investigan los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García. El magistrado Leopoldo Puente ha acordado este viernes enviar al Juzgado Central de Instrucción 2 —donde se investiga una parte del caso Koldo— el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos y de la información facilitada por el PSOE al alto tribunal para que decida si hay indicios suficientes para abrir una investigación. El juez considera que hay “incógnitas” que “deben ser despejadas” para determinar si ha habido “actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha indicado en una entrevista en TVE que en el partido están “muy tranquilos” porque no hay “nada delictivo”.

El juez ha dado este paso tras tomar declaración esta semana al exgerente y a una trabajadora de Ferraz, quienes confirmaron la versión que ha venido dando el partido, que rechaza la existencia de una caja b y argumenta que el dinero que el exministro y su antiguo asesor recibieron en efectivo correspondía a liquidaciones de gastos como comidas o desplazamientos. Puente les citó después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aludiera a “una falta de concordancia” entre la documentación remitida por el PSOE al Supremo sobre las liquidaciones hechas a Ábalos y conversaciones entre García y su exmujer sobre supuestos ingresos en efectivo “mediante sobres en la sede del PSOE” de la calle Ferraz.

Tanto el exgerente, Mariano Moreno, como la trabajadora, Celia Rodríguez, aseguraron al juez que el PSOE no tiene una contabilidad irregular y confirmaron la versión del partido, que ha aportado al juez documentación para certificar que el supuesto descuadre que advierte la UCO se debe a que los socialistas solo entregaron al tribunal los gastos liquidados individualmente de los dos ex secretarios de Organización investigados (Ábalos y Santos Cerdán) y del antiguo asesor del ministro; pero estos tres pudieron recibir también liquidaciones de gastos de sus equipos de la Secretaría de Organización, que estaban anotadas como tales en la contabilidad del partido, no de forma individualizada.

El instructor, sin embargo, considera que las declaraciones de Moreno y Rodríguez no han despejado todas las dudas sobre “quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas”; o por qué no se comprobaba que la persona que reclamaba la devolución de gastos era, “conforme a los tickets o facturas aportadas”, quien los había realizado. En una entrevista en TVE, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que en la formación están “muy tranquilos” debido a que “detrás de ciertas investigaciones no hay absolutamente nada delictivo”.

En las declaraciones de esta semana, según las fuentes consultadas, el juez mostró su extrañeza por la falta de controles en Ferraz e incluso preguntó al exgerente si se podía comprobar si había habido “blanqueo”, en referencia a si existía la posibilidad de que Ábalos y Koldo García hubieran utilizado este procedimiento para legalizar dinero irregular. En el auto de este viernes, el juez advierte de que esta forma de funcionar habría permitido al exministro y su antiguo asesor, por ejemplo, “presentar para devolución tickets por servicios que, en realidad, pudieran haber sido abonados por un familiar, por un amigo,un vecino, o simplemente encontrados por quien los presentaba al cobro”.

En el auto dictado este viernes, Puente insiste en esta posibilidad al recalcar que Ferraz no comprobaba “si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por estos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita —o, incluso delictiva—, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros”.

En la información facilitada al magistrado, el PSOE detalla el procedimiento de tesorería que se sigue en estos casos: primero el partido solicita por carta al banco una retirada en efectivo de su cuenta y la distribución en billetes y monedas que necesita; después, una empresa especializada entrega ese dinero en Ferraz y el banco registra el movimiento en la cuenta correspondiente; y por último, el partido incorpora a su registro contable esa salida de dinero de la cuenta y la entrada en caja. Como prueba, el PSOE ha enviado al juez una copia de la petición remitida al banco en una de las liquidaciones en efectivo y los detalles de estos movimientos en su cuenta. No obstante, Puente tampoco ha encontrado una explicación suficiente del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

El magistrado añade que, tras las declaraciones de Moreno y Rodríguez, tampoco quedaron “suficientemente explicadas” las razones que llevaron a que las compensaciones económicas, solicitadas a título personal por los miembros de la Secretaría de Organización o de forma colectiva, se efectuaran en metálico, “en qué momento se inició este procedimiento, si es que no siempre había venido siendo así, y en qué momento cesó definitivamente, si cesó”. Para el juez, “no se comprende con facilidad” por qué el PSOE contrata una empresa de seguridad para transportar el dinero del banco a Ferraz para entregársela después a la persona que hubiera pedido la devolución de gastos “en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias”.

“Todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”, señala el instructor, quien, no obstante, considera que esa investigación debe hacerse en la Audiencia Nacional, ya que el Supremo solo investiga delitos directamente cometidos por el exministro Ábalos, que está aforado al mantener su acta de diputado en el Grupo Mixto. Pero los gastos del PSOE, señala el juez, no están “inescindiblemente” vinculados a los supuestos delitos de Ábalos, por lo que Puente se inhibe en favor del Juzgado Central de Instrucción número 2, que investiga la parte de la causa que no afecta al exministro.

El juez acuerda remitir a la Audiencia el informe de la UCO, la información facilitada por el PSOE y las declaraciones prestadas esta semana en la causa por el exgerente y la empleada del partido, así como la de Carmen Pano, quien declaró ante el juez del Supremo que en octubre de 2020 acudió en dos ocasiones acudió a la sede del PSOE e hizo entrega de 45.000 euros cada vez.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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