La huella de Trump en el Día Internacional del Migrante: “Ha sido uno de los años más difíciles, el más cruel”

Yareliz Mendez-Zamora, de la organización promigrante American Friends Service Committee de Florida, conserva un recuerdo con el que pudiera ponerle rostro a este año que casi acaba. Es el de una familia a la que dieron a elegir su destino en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miramar, Miami. La pareja había llegado temprano a la cita que ella tenía con las autoridades. La mujer entró, él se mantuvo afuera, pero un mensaje inesperado le dejó saber que también debía entrar. En ese momento los oficiales les comunicaron que uno de ellos iba a ser deportado, pero que la pareja debía escoger quién sería. Ella dijo que se iba, porque era él quien trabajaba y mantenía la casa. Él dijo que no, que ella debía quedarse con los dos hijos. Finalmente fue la madre quien permaneció en Estados Unidos.

“Quedé impactada”, cuenta Mendez-Zamora, quien acompañó a la familia. “Ha sido uno de los años más difíciles, el más cruel, donde más hemos visto violaciones a los derechos humanos”, asegura la activista a las afueras de las instalaciones de Miramar, donde un grupo de voluntarios, organizaciones, líderes religiosos y familiares de personas detenidas por el ICE se han congregado a modo de protesta en vísperas del Día Internacional del Migrante, que se conmemora este 18 de diciembre.

Este 2025 cierra como el año probablemente más aterrador para la población migrante en Estados Unidos, con más de 65.000 personas en detención, 605.000 expulsiones y 1,9 millones de autodeportaciones, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. “La Administración Trump está batiendo récords históricos”, celebraba la semana pasada la portavoz del departamento, Tricia McLaughlin. “Los inmigrantes ilegales están escuchando nuestro mensaje de que deben marcharse ahora. Saben que si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca volverán”, añadía.

Como una película de horror, las imágenes de la ofensiva migratoria emprendida por la Casa Blanca se han sucedido durante los últimos meses: familias siendo separadas a la fuerza por agentes enmascarados; niños temerosos de ir a la escuela y padres que se esconden; deportaciones a terceros países, algunos tan lejanos como Sudán del Sur o Esuatini; redadas masivas en diferentes ciudades del país; detenciones dentro de los tribunales; cientos de miles de personas que han perdido su estatus legal...

“Ha sido un año agotador, frustrante. Ha sido aterrorizador lo que ha estado sucediendo”, afirma María Asunción Bilbao, coordinadora de campaña del American Friends Service Committee de Florida, que asiste cada semana a las oficinas del ICE en Miramar para acompañar familias migrantes que acuden a sus citas con las autoridades. “Mañana, Día del Migrante, será un día triste en este país, porque no están respetando los derechos de ningún refugiado, pero yo rescato la valentía de los migrantes; hay que ser valiente para dejar todo y venir a un país nuevo”.

Lo que sucede hoy en Estados Unidos es una verdad que no sorprende a quienes oyeron atentos a Trump durante toda su campaña, montada sobre el discurso de garantizar la “seguridad nacional” con la expulsión de todos los “criminales”. Trump se ha lanzado con todo para cumplir con lo que prometió antes de las elecciones que lo devolvieron al poder en noviembre de 2024: llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”.

Crecen los arrestos del ICE

En aras de profesionalizar la expulsión de migrantes, Trump puso en función del cometido no solo su discurso, sino también un amplio arsenal económico que garantizara la detención, encierro y deportación de personas. Para eso tenía un cuerpo al que iba a fortalecer hasta convertirlo en el mayor motivo de espanto: el ICE.

Stephen Miller, el ideólogo de la política antiinmigrante de esta Administración, detectó que durante los primeros meses las detenciones iban poco aceleradas, por lo que era necesario aumentar la cifra de arrestos a 3.000 si se quería alcanzar la cuota prometida. Si en abril las autoridades federales habían arrestado unas 18.000 personas al mes, para noviembre las detenciones eran de unos 21.127, una cifra aún menor para las pretensiones del Gobierno.

Para fortalecer, entre otras cosas, la maquinaria del ICE, en julio Trump promulgó su reforma fiscal, la llamada “gran y hermosa ley”. Ahora la agencia se convertía en la mejor financiada en la historia de Estados Unidos, con un presupuesto de más de 100.000 millones de dólares, cuando antes funcionaba con unos 8.000 millones. Unos 45.000 millones se destinarían a la construcción de nuevos centros de detención y unos 14.000 millones a operaciones de deportación. Unos 30.000 millones, por su parte, se utilizarían en reclutar más agentes y llevar hasta 100.000 el personal destinado a perseguir a los migrantes.

El resultado ha sido visible: operativos migratorios a gran escala en las grandes ciudades, principalmente demócratas, que en el pasado habían funcionado como santuarios. Los agentes han llegado a Chicago, Los Ángeles, New Orleans o Charlotte (Carolina del Norte), siempre a pesar del rechazo de las autoridades locales. También están en los juzgados a lo largo del país, donde esperan que los migrantes terminen sus audiencias para esposarlos.

Aumento de vuelos de deportaciones

Otras herramientas también han servido para engrasar la maquinaria antiinmigrante del Gobierno durante estos meses: el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para múltiples nacionalidades y cientos de miles de personas; la eliminación del programa de parole, que dejó en un limbo a más de medio millón de beneficiarios; el travel ban firmado en junio para detener la migración legal desde varios países y ampliado a 39 naciones esta misma semana; miles de acuerdos 287(g), que permiten a las policías locales trabajar mano a mano con el ICE; o la firma de pactos con terceros países que reciben a migrantes deportados. Según el monitor de vuelos del ICE de Human Rights First, los vuelos de deportación en la segunda Administración Trump han superado los 1.900, un aumento del 41% con respecto al mismo período de 2024.

El presidente tampoco ha dudado en poner a prueba los límites de la ley para lograr lo que busca, y ha desafiado a los tribunales que intentan bloquear sus acciones. Apelando a la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1889, la Administración republicana envió a una megacárcel de El Salvador a más de 200 venezolanos acusados de ser pandilleros a pesar de que un juez se lo prohibió. Otros migrantes han sido enviados a centros de detención extraterritoriales, como la Base Naval de Guantánamo. También se ha reducido el número de personas liberadas bajo fianza, libertad condicional o supervisión, que había disminuido al 3% en septiembre.

Además de todo esto, el presidente suspendió no solo los procesos de asilo o residencia, sino que paralizó trámites como los de ciudadanía, atentando así contra el mayor estatus que alcanza un migrante en el país. Recientemente, a Trump le preguntaron si pensaba desnaturalizar a migrantes que hayan logrado la ciudadanía. “Si tengo el poder para hacerlo, lo haré. Absolutamente”, respondió. Este martes, se supo que su Gobierno buscará desnaturalizar entre 100 y 200 personas al mes de ahora en adelante. Si lo logra hacer, supondría un aumento masivo en los procesos de desnaturalización: de 2017 hasta la actualidad, solo ha habido 120 casos.