Conde-Pumpido advierte de la existencia de “interferencias” para impedir que se cumplan las sentencias del Constitucional

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha lanzado este martes una advertencia frente a las “interferencias” para tratar de impedir la ejecución de sentencias dictadas por el propio órgano de garantías. En la rueda de prensa de presentación de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, Conde-Pumpido se ha referido a las amenazas que se ciernen sobre estos tribunales, con especial mención del español. Se refirió en este sentido al “riesgo o agravio” que suponen “la interferencia política” o “las campañas” mediáticas, pero también a “aquellas manifestaciones que proceden de otros poderes del Estado, del ejecutivo, del legislativo o del judicial que desautorizan al Constitucional, cuando es el máximo garante de los derechos fundamentales y el supremo intérprete de la Constitución”.

Conde-Pumpido ha puesto especial énfasis al describir y rechazar las “maniobras” que se producen en la ejecución de las sentencias de los Tribunales Constitucionales. Ha subrayado que estos tribunales “están en la cúspide del ordenamiento, y de acuerdo con la Constitución son los últimos que hablan”, por lo que “dictan unas resoluciones que constitucionalmente crean cosa juzgada y no pueden ser cuestionadas por ningún tribunal y que al mismo tiempo se imponen a cualquiera de los tres poderes del Estado”. Ha apuntado que “cuando se buscan fórmulas que están diseñadas para otros fines y se utilizan para no ejecutar las decisiones [del Constitucional], nos encontramos con esa interferencia”.

El presidente del Constitucional no ha mencionado casos concretos en los que hubiera percibido tales estrategias de obstaculización y, en respuesta a una pregunta directa sobre este asunto, ha evitado formular hipótesis sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo no aplique directamente la amnistía al delito de malversación en el caso de se conceda amparo al líder de Junts, Carles Puigdemont, cuando resuelva el recurso que tiene en trámite en el órgano de garantías.

Conde-Pumpido ha destacado en este sentido la importancia que tuvo la reforma que, bajo el Gobierno del PP, dio en 2015 al tribunal competencias específicas para garantizar la ejecución de sus sentencias, un instrumento que “fue muy útil” en “el momento del procés, en que se habían producido obstáculos por parte de instituciones que paralizaban o no cumplían” dichos fallos, como hizo el Parlamento catalán cuando “planteó que no iba a cumplir las resoluciones del Constitucional”. Gracias a dicha reforma, sin embargo, el órgano de garantías “hizo cumplir” sus resoluciones.

También se ha referido a la finalización de su mandato al frente del Constitucional, a partir del próximo mes de diciembre. Al respecto, ha dicho que sería admisible un retraso “moderado” si no hay facilidad para el acuerdo entre las fuerzas políticas que deben alcanzarlo en el Senado. Pero ha rechazado concretar los plazos, afirmando que el legislador ha previsto este tipo de situaciones al mantener a los magistrados en sus puestos mientras no se acuerde su sustitución. Ha añadido que, en todo caso, es siempre “deseable” que las renovaciones se hagan en plazo con la advertencia de que un retraso largo podría afectar al funcionamiento del Órgano, y citó como un supuesto negativo que el Consejo del Poder Judicial hubiera duplicado su mandato en su última renovación.

El presidente del Constitucional también se ha referido al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, manifestando que no quería pronunciarse sobre eventuales reformas legales, por corresponder al legislativo. Pero sí ha afirmado que al Constitucional le corresponde interpretar y desarrollar los derechos fundamentales, y que en tal sentido dicha interrupción voluntaria hay que entenderla como un derecho derivado del artículo 10 de la Constitución, en la medida en que en él se protege “el libre desarrollo de la personalidad”. Ello supone —indica— garantizar a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo que podrán acceder a este derecho en los términos previstos en la ley.