Albares: “España tendrá por primera vez información de todo lo que entra y sale de la base de Gibraltar”

“España tendrá por primera vez acceso a información completa sobre las personas y mercancías que llegan a la base” naval británica de Gibraltar, ha asegurado este miércoles en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El jefe de la diplomacia española ha desvelado la fórmula acordada para sortear uno de los últimos escollos que obstaculizaron el acuerdo político alcanzado en junio pasado sobre las futuras relaciones de Gibraltar con la UE: el estatus de la base militar del Peñón, que históricamente ha jugado un papel clave en el control del Estrecho. Esta tendrá un tratamiento singular: España será informada del personal y las mercancías destinados a la misma, pero no capacidad de control, como sucederá con sus equivalentes civiles. Se garantizará así que el acervo Schengen, el espacio europeo sin fronteras, y las normas de la Unión Aduanera de la UE se aplican también a la instalación militar, ha alegado el ministro.

Esa ha sido una de las escasas novedades de la comparecencia que, cuatro meses después, ha protagonizado Albares para dar cuenta del acuerdo que, el pasado 11 de junio, alcanzó en Bruselas con su homólogo británico, David Lammy, el comisario europeo Maros Sefcovic y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo. Ante las críticas de la oposición por su retraso en acudir a la Cámara, ha subrayado que él pidió hacerlo al día siguiente del pacto.

Albares lo ha calificado de “histórico” y ha confirmado que una las primeras medidas que se aplicarán cuando entre en vigor el tratado internacional en el que debe plasmarse será el “derribo físico” de la Verja levantada por el Reino Unido en 1908, “requisito imprescindible para la entrada en vigor del resto de disposiciones del acuerdo”. Los controles Schengen de entrada y salida en el aeropuerto y puerto de Gibraltar “los realizará la policía española”, ha subrayado; mientras que las mercancías con destino a la colonia llegarán por vía terrestre y su control se realizará en la aduana del puerto de Algeciras (Cádiz).

Para evitar la competencia desleal, los productos de Gibraltar se gravarán por primera vez con un impuesto indirecto similar al IVA del 15% y también habrá una “convergencia” de los impuestos especiales sobre tabaco, alcohol e hidrocarburos en un plazo de tres años. El tipo aplicado por Gibraltar no podrá ser inferior al mínimo que exista en la UE y habrá un sistema exhaustivo de trazabilidad para evitar el contrabando. “España tendrá la última palabra sobre los permisos de residencia que expida Gibraltar y eso garantiza que no haya residencias ficticias” para beneficiarse de los menores impuestos, ha añadido el ministro.

El acuerdo no se aplicará a los servicios, que han quedado excluidos a petición de la Comisión Europea, ya que la economía del Peñón se basa en este sector y así se protege mejor a España y a la UE, ha asegurado Albares. El aeropuerto construido sobre el istmo, que España no cedió en el tratado de Utrecht, se gestionará conjuntamente a través de una sociedad de la que el 50% estará en manos españolas, ha añadido. En medio ambiente, Gibraltar no solo tendrá que aplicar la legislación vigente de la UE sino también la que se apruebe en el futuro.

Albares ha subrayado que “las reivindicaciones irrenunciables de España en materia de soberanía han quedado salvaguardadas” en el acuerdo y que ninguna de sus disposiciones podrá ser esgrimida para reclamar ante los tribunales internacionales. Lejos de calmar a los portavoces del PP y Vox, esta declaración les ha servido para reprochar al ministro haber perdido una “oportunidad histórica” para avanzar en la recuperación de la soberanía de Gibraltar. El popular Carlos Floriano (PP) ha recordado que España tenía derecho de veto sobre el acuerdo y ha acusado al ministro de haber “dilapidado” esta oportunidad por no reclamar la soberanía de la colonia. “Se ha ganado usted un lugar preeminente en el palco de la incompetencia”, le ha espetado. Carlos Flores, de Vox, ha acusado directamente al Gobierno de cometer “una felonía y una traición”. Albares ha replicado con declaraciones del último ministro de Exteriores del PP, el diplomático Alfonso Dastis, quien abogaba por dejar el contencioso sobre la soberanía al margen de esta negociación.

Todos los portavoces se han quejado de no disponer del texto del futuro tratado —“lo que echamos en falta en el acuerdo es el acuerdo”, ha dicho el diputado de Bildu Jon Iñarritu—, a lo que ha contestado el ministro que nadie lo conoce, ya que lo tiene que presentar la Comisión Europea una vez que concluya su redacción.

Floriano se ha quejado de la opacidad de Albares, pero no ha desvelado si el PP votará a favor del tratado cuando llegue al Parlamento Europeo ni si apoyará que se le dé trámite de urgencia, como le ha reclamado el ministro. El portavoz de Sumar, Agustín Santos, ha dado por sentado que el futuro texto tendrá que ser aprobado por el Parlamento español, lo que no entra en los planes del ministro, quien solo ha citado la necesidad de que lo apruebe el Consejo Europeo, la Eurocámara y el Parlamento británico. A pesar de ello, Albares no ha aventurado una fecha para su entrada en vigor, prevista inicialmente para principios del próximo año.

El ministro tampoco ha revelado el montante del fondo financiero previsto para paliar los desequilibrios socioeconómicos a ambos lados de la Verja y ha señalado que el Gobierno complementará las pensiones y el subsidio de desempleo que reciben los trabajadores españoles en la colonia para homologarlos a las mínimas que se abonan en España.