La base militar británica, uno de los últimos escollos de la negociación sobre Gibraltar

La base militar británica, junto a los controles de acceso al espacio Schengen y la fiscalidad, fue uno de los últimos escollos que demoraron, y en algún momento estuvieron a punto de hacer descarrilar, el histórico acuerdo sobre Gibraltar alcanzado el miércoles en Bruselas, cuyo efecto más visible será la demolición de La Verja.

Aunque la declaración conjunta difundida tras la reunión entre el comisario Maroš Šefčovič, los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido, José Manuel Albares y David Lammy, y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, no menciona la instalación militar, esta fue una de las principales preocupaciones de la delegación británica. Prueba de ello es que el comunicado difundido el miércoles por el Foreign Office la menciona entre los puntos principales del acuerdo, para asegurar que este garantiza la “autonomía operativa plena de las instalaciones militares del Reino Unido en Gibraltar, que juegan un papel clave en proteger la seguridad de la región e importantes rutas comerciales”.

Según fuentes conocedoras del acuerdo, los militares británicos deberán identificarse ante los policías españoles que controlen la entrada al espacio Schengen por el puerto y aeropuerto de Gibraltar, pero no necesitarán pasaporte o visado ni se les podrá impedir el paso. Se trata de una fórmula similar a la prevista en el Estatuto de Fuerzas de la OTAN, que tanto el Reino Unido como España han suscrito.

Este punto estaba vinculado con el mecanismo de control de entrada de los pasajeros que accedan al puerto y aeropuerto de Gibraltar, ya que se trata de hacer una excepción al mismo con los militares. El pacto prevé un sistema de doble llave: los viajeros deberán pasar primero el control de la policía gibraltareña, que tiene la competencia de inmigración: y luego el de la policía española, responsable del acceso a Schengen, el espacio sin fronteras que comparten 29 países europeos. Sin el visto bueno de ambas policías no se podrá entrar.

Un punto sensible es el de los viajeros británicos, que ya ahora necesitan pasaporte para acceder a Gibraltar y a los que en el futuro podrán vetar los agentes españoles, pero solo en el caso de que tengan prohibido el acceso al espacio Schengen. Las fuentes consultadas confían en que se evitarán situaciones conflictivas.

Este punto explica por qué, a pesar de haberlo pactado en el Acuerdo de Nochevieja de 2020, los negociadores decidieron finalmente prescindir de la ayuda de la agencia europea de fronteras Frontex para un periodo transitorio. Madrid y Londres creen que les será más fácil resolver posibles problemas si pueden hacerlo sin intermediarios que si deben contar con un organismo con sede en Polonia que desconoce la realidad sobre el terreno.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que controlen el acceso a Schengen a través del puerto y aeropuerto de Gibraltar trabajarán en garitas e irán uniformados y armados, otro de los puntos espinosos del acuerdo. Pero también podrán circular de paisano o uniforme por las instalaciones aeroportuarias, “exactamente igual que en Barajas”, según fuentes españolas. Fuentes británicas ponen como modelo el control policial francés en la estación londinense de St Pancras, de la que parte el Eurostar que atraviesa el Canal de la Mancha.

Todas las mercancías que entren en Gibraltar por vía terrestre (el 90% de las que se importan, según fuentes gibraltareñas) serán controladas en la aduana del puerto de Algeciras, donde se procederá a su examen y registro para evitar que el Peñón se convierta en una escala intermedia para inundar el Mercado Único con productos libres de impuestos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que habrá una “convergencia fiscal” que llevará a equiparar los impuestos en la colonia con los europeos, “en un plazo corto, de unos tres años”. Gibraltar, que no aplica el IVA, se ha mostrado dispuesta a implantar una nueva transaction tax que inicialmente estaría en el 15% y podría llegar hasta el 17%. Este porcentaje está por debajo del 21% de IVA que aplica España, pero se sitúa en la banda que aplican otros países comunitarios como Luxemburgo o Malta.

En todo caso, fuentes gibraltareñas subrayan que el Peñón mantiene la autonomía en materia de impuestos, una competencia que el Gobierno de la colonia recibió de Londres y no está dispuesto a soltar, mientras en medios comunitarios se subraya que el acuerdo garantiza la integridad del Mercado Único y evita distorsiones a la competencia.

Aún quedan muchas incógnitas sobre el contenido del acuerdo. El comunicado difundido el miércoles no menciona las pensiones de los españoles que trabajan en el Peñón, que son entre un 30%% y un 40% inferiores a las de los residentes en la colonia, pero anuncia la creación de un “mecanismo financiero” para cohesión social, que será nutrido con fondos de la Comisión Europea y España, de un lado; y el Reino Unido y Gibraltar, de otro.

Albares recibirá este viernes en su ministerio a los alcaldes, representantes políticos y agentes económico y sociales del Campo de Gibraltar para explicarles el acuerdo. Pero el texto del futuro tratado, que todavía deben ultimar los respectivos equipos técnicos y jurídicos, estará listo “negro sobre blanco, para el otoño”, según el ministro.