Una empresa con el 50% de capital español gestionará el aeropuerto de Gibraltar

Una empresa conjunta, de propiedad española al 50%, gestionará el aeropuerto de Gibraltar, según ha explicado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a los ochos alcaldes del Campo de Gibraltar, a los que ha recibido junto a representantes de la Mancomunidad de Municipios y la Junta de Andalucía en la sede de su departamento para darles cuenta del acuerdo alcanzado el pasado miércoles en Bruselas sobre las futuras relaciones del Peñón con la UE.

El uso conjunto del aeropuerto se presenta como una herramienta clave para impulsar el desarrollo de una de las comarcas más deprimidas de España, en la que viven unas 300.000 personas, mediante la gestión conjunta y el establecimiento de vuelos directos de la colonia con aeropuertos españoles y europeos. Los responsables locales y regionales han pedido al ministro que se declare una Obligación de Servicio Público (OSP) para que los vuelos a Gibraltar sean subvencionados por el Estado. Entre 2006 y 2008, Iberia mantuvo una línea regular entre el aeropuerto de Barajas y la colonia británica, pero la canceló por falta de rentabilidad.

Albares ha explicado a los alcaldes que espera que en otoño esté ya redactado el tratado en el que debe plasmarse el acuerdo político alcanzado en la reunión del pasado día 11 con su homólogo británico, David Lammy, el comisario europeo Maros Sefcovic y el ministro principal de la Roca, Fabian Picardo. Y les ha anunciado que el primer hito que se producirá en cuanto entre en vigor el tratado, a principios del próximo año, será la demolición física de La Verja, una frontera que separa la colonia británica de la Península desde hace 320 años y que permaneció cerrada a cal y canto entre 1969 y 1982. Antes, el nuevo texto legal deberá ser aprobado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el británico.

Albares también ha anunciado a sus interlocutores que todas las mercancías que entren a Gibraltar por vía terrestre serán inspeccionadas previamente en la aduana del puerto de Algeciras, que se ampliará con este objetivo. Tal como adelantó EL PAÍS, les ha explicado que la “convergencia fiscal” entre la colonia y la UE se plasmará en la imposición en Gibraltar de un nuevo impuesto sobre las transacciones que será del 15% cuando entre en vigor el tratado y se elevará hasta el 17% en el plazo de tres años, para homologarlo con el porcentaje menor de IVA que se aplica en la UE. El objetivo es que no se distorsione el Mercado Único de la UE, pero a la vez que las autoridades gibraltareñas mantengan su autonomía fiscal.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha expresado su “optimismo moderado” y “satisfacción prudente” por el pacto, a la espera de conocer su “letra pequeña”, ya que la falta de acuerdo “era un auténtico caos y un desastre para la comarca”. También ha agradecido a Albares que llamara al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para informarle del acuerdo antes de hacerlo público. La Junta andaluza se ha desmarcado de las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se quejó de que el tratado no vaya a ser sometido a la aprobación del Congreso.

Sanz ha exigido a Albares que cree un mecanismo para incorporar a la Junta de Andalucía al desarrollo y aplicación del acuerdo y ha recodado que algunos de los asuntos que aborda, como los medioambientales, son competencia de la comunidad autónoma. El consejero ha reconocido que el acuerdo menciona el problema de los vertidos o de los rellenos de zonas marinas con arena, pero no aclara qué sucederá con ellos, y ha reclamado “una aplicación estricta de la legislación europea” a actividades como el búnkering (aprovisionamiento de combustible a buques en el mar) “que son un riesgo para la zona”. El consejero ha añadido que, para conseguir que “el objetivo de prosperidad compartida [entre Gibraltar y sus vecinos españoles] no acabe en desigualdad compartida”, no basta con la con la implantación de un nuevo impuesto, sino que ha pedido la aprobación de una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar, con una “fiscalidad especial y atractiva”.

También los alcaldes han reclamado al ministro participar en la comisión que se encargue de gestionar la aplicación del acuerdo, mientras que el de La Línea, Juan Franco, ha pedido una interlocución bilateral, alegando que su municipio es el más directamente afectado por los efectos de la desaparición de La Verja en áreas como el precio de la vivienda.

Albares ha explicado a las autoridades locales que se creará un nuevo mecanismo financiero, alimentado con fondos de la Comisión Europea, España y Reino Unido, que servirá para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo, aunque no ha ofrecido detalles sobre cuál será su cuantía, cómo se gestionará o cuáles serán las condiciones para acceder a sus ayudas.

Tras reunirse con los alcaldes, el ministro de Exteriores ha recibido a representantes de entidades económicas y sociales del Campo de Gibraltar.