Los Estados demócratas demandan a la Administración de Trump por acabar con la limitación de gases contaminantes en EE UU

Una coalición de 24 estados y una docena de ciudades y condados de EE UU ha demandado este jueves a la Administración de Donald Trump por renunciar a su autoridad legal para combatir el cambio climático. La Casa Blanca acabó en febrero, en contra del consenso científico, con la limitación de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global.

La demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas) ha sido presentada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Se prevé que se se incorpore a una anterior presentada contra la Administración por grupos ecologistas y que, juntas, conformen la mayor ofensiva legal contra el desmantelamiento de la política climática por parte de la Administración republicana.

El desdén por la protección del medio ambiente, en todas sus vertientes —mediante la sustitución de combustibles fósiles y la adopción de energías renovables—, cuando no el abierto negacionismo del cambio climático por parte de buena parte del movimiento MAGA, ha sido siempre uno de los frentes de la guerra cultural de los republicanos.

Los estados argumentan que la EPA actuó ilegalmente al revocar una conclusión científica de 2009, según la cual el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública y el bienestar. Dicha constatación constituyó el fundamento jurídico que permitió entonces a la EPA regular las emisiones provenientes de los tubos de escape de los automóviles, las chimeneas de las centrales eléctricas y los pozos de petróleo y gas, entre otras fuentes contaminantes.

Décadas de investigación científica concluyeron que las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles están calentando la atmósfera, acidificando los océanos e intensificando las olas de calor, las sequías, los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos, mal llamados catástrofes naturales por la evidencia que señala a la mano del hombre como origen.

Ante la apisonadora de la Administración de Trump, que gobierna por órdenes ejecutivas, este paso no es el primero de los demócratas para intentar revertir políticas abusivas de la Casa Blanca: el pasado 5 de marzo, 24 Estados demócratas demandaron a Trump por los nuevos aranceles del 10%. A la espera del resultado de las elecciones de medio mandato, en noviembre, la judicialización de lo que queda de la segunda presidencia de Trump parece garantizada.

La demanda presentada este jueves busca restablecer la llamada “determinación de peligro”, obligando a la Administración federal a preservar la autoridad del Gobierno para regular la contaminación por gases de efecto invernadero, incluso aunque no ejerza ese poder. Porque, ideologías al margen —el ecologismo como supuesta bandera woke frente al negacionismo medioambiental de Trump—, la demanda cuestiona también la irresponsabilidad de la dejación de funciones del Gobierno.

La causa incoada por los demócratas también pretende revertir la derogación por parte de la EPA de los límites de los gases contaminantes generados por los vehículos de motor, en especial los pesados. El sector del transporte constituye la mayor fuente individual de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, representando más de un tercio de la contaminación climática total.

“La determinación de peligro es fundamental para que podamos proteger la salud y el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos”, ha dicho Andrea Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts, estado que encabeza la demanda junto con California, Nueva York y Connecticut. Campbell acusó a la EPA de cometer “flagrantes violaciones de la ley” al revocar la evidencia científica de peligro.

“En todo nuestro país, nuestras comunidades ya están sufriendo desastres climáticos”, afirmó en un comunicado Letitia James, fiscal general de Nueva York y enemiga declarada de Trump: ella le investigó y llevó a juicio —en el que fue declarado culpable y condenado— por inflar el valor de sus propiedades, y él la persiguió cuando llegó a la Casa Blanca, aunque el proceso contra la fiscal fue desestimado. “En lugar de ayudar a los estadounidenses a afrontar nuestra nueva realidad, la Administración de Trump ha optado por la negación, derogando protecciones fundamentales que son la base de la respuesta del Gobierno federal ante el cambio climático”, añadía James.

La Administración de Trump ya ha comenzado a revocar las normativas federales impuestas por la Administración de Biden sobre automóviles y camiones, centrales eléctricas de carbón y otras fuentes de contaminación climática. Sin embargo, eliminar la “determinación de peligro” científica se consideraba una forma de arrancar de raíz las regulaciones climáticas. Si los tribunales ratifican la revocación, la EPA carecerá de autoridad legal para regular los gases de efecto invernadero, y los futuros presidentes no podrán restablecer los límites a nivel federal.