El correo interno del Gobierno canario: “La fiscal nos permite mantener los centros a pesar de las condiciones de algunos”

Un correo interno evidencia las grietas que se han abierto en el sistema de protección de menores migrantes en Canarias. En ese mensaje, la directora general de Infancia admite que la comprensión de la fiscalía ha permitido que no se cierren los 86 centros de acogida “a pesar de las condiciones de algunos de ellos”. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ilustra hasta qué punto la red de acogida depende de esa complicidad entre el Gobierno canario y la Fiscalía para seguir funcionando. El contenido de este correo electrónico cobra relevancia en medio de la investigación por malos tratos contra la ONG Quorum 77 —la que más menores migrantes acoge en las islas—, un caso que ha puesto bajo la lupa tanto a la entidad como al conjunto de un sistema desbordado. En las últimas semanas se han multiplicado los testimonios de exempleados y jóvenes tutelados que denuncian abusos y negligencias y que apuntan a una con escaso control. Tras el estallido del caso, EL PAÍS publicó que el Gobierno canario y la Fiscalía conocían desde al menos 2021 denuncias de malos tratos en varios centros, pero que no actuaron con la debida diligencia.

El correo electrónico es la respuesta de la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, a uno de sus subordinados, un jefe de servicio que trabajó en ese departamento los cuatro primeros meses de este año. El email, del pasado 30 de abril, era en realidad una reprimenda. El funcionario había dictado una instrucción para garantizar que un número mínimo de educadores acompañase a los menores en sus viajes, sobre todo a la Península, adonde se desplazan con frecuencia para tramitar su documentación en los consulados de sus países. Rodríguez le ordena corregir la instrucción por “inasumible” y le recuerda que, desde septiembre de 2023, la llegada de menores migrantes ha obligado a multiplicar por cinco el personal necesario para su atención, algo para lo que las entidades encuentran “grandes dificultades”. Y le advierte: “Te he comentado en muchas ocasiones las grandes dificultades con las que se encuentran para conseguir personal. De todo esto, está informada la Fiscal Superior [en referencia a María Farnés Martínez] y totalmente comprensiva con dicha situación, lo que nos está permitiendo mantener los 86 centros, a pesar de las condiciones de algunos de ellos”.

La situación en los centros de menores de Canarias es crítica y el sistema se ha estirado por encima de su capacidad. Desde 2023 está en vigor la declaración de emergencia que ha permitido al Gobierno canario abrir centros a toda velocidad con requisitos administrativos y condiciones de alojamiento más laxas. “Cuando pedimos ayuda es por algo, no estamos siendo capaces de preservar los derechos de los niños”, ha repetido alguna vez el presidente canario Fernando Clavijo. “Estamos desbordados”, ha insistido Clavijo en su cruzada para sacar adelante un traslado de los menores a la Península que empieza a ver la luz. “El conjunto de la sociedad entiende la dificultad de la situación actual. Estamos en una situación de emergencia y hemos reconocido varias veces que no estamos siendo capaces de dar a los chicos el trato que merecen”, explican fuentes del Gobierno canario en referencia al contexto en el que debe enmarcarse el email. La Fiscalía no ha comentado el correo electrónico.

En el correo electrónico se da cuenta de la dificultad para gestionar la red. “[...] La situación de crisis que estamos viviendo es muy compleja, como habrás podido comprobar ayer en la reunión, donde todos los interlocutores implicados de una u otra manera, son conscientes de lo que se ha vivido y se sigue viviendo, y se mantienen en total colaboración y cooperación, para dar respuesta desde cada ámbito competencial”, se lee. La directora general también advierte: “Las entidades colaboradoras [las 11 ONG que dan servicio al Gobierno canario] no son nuestros enemigos, por el contrario debemos trabajar estrechamente, que no significa dejar de fiscalizarlas”.

Tras el estallido del caso Quorum todas las miradas se volvieron hacia las prácticas de la ONG, investigada por presuntos delitos de lesiones, de odio, amenazas… El juez de Gran Canaria, especializado en violencia contra la infancia, ha ordenado ya dos operaciones que se han saldado con el cierre de dos centros de acogida y la detención de 11 de sus trabajadores, incluida la presidenta de la ONG. La causa continúa bajo secreto de sumario, pero los testimonios de extrabajadores recogidos por EL PAÍS han revelado, entre otras cosas, un patrón de supuestos malos tratos contra los adolescentes a los que se castigaba durante días en habitaciones de aislamiento. Pero los cuestionamientos también se dirigieron hacia el Gobierno canario. Y hacia la Fiscalía. Ambos garantes del bienestar de los menores y conocedores de las deficiencias del sistema.

¿Cómo se había llegado a este punto cuando existían denuncias de malos tratos y condiciones precarias desde hacía años? La saturación —las islas acogen a más de 5.000 niños y adolescentes migrantes— ha justificado durante años la falta de una fiscalización más exhaustiva.

El papel del Ministerio Público ha sido clave para que despegase la investigación contra Quorum 77 en Gran Canaria, pero en este contexto de emergencia, la Fiscalía también ha incumplido su deber de supervisar los centros de menores en las islas. Según sus propios protocolos, debería hacer inspecciones trimestrales y sin previo aviso, pero en 2024, con 86 centros de menores migrantes abiertos, solo realizó 100 de las 340 inspecciones que debería. En 2023, tampoco cumplió: apenas realizó una cuarta parte de las visitas que tendría que haber hecho a los 66 centros en funcionamiento en ese momento. Además, las inspecciones se hicieron con previo aviso a las ONG, lo que les permitía prepararse y adecentar los centros con margen. La Fiscalía justifica esas limitaciones alegando que no considera que estos centros sean de acogida inmediata y que por eso las visitas deben anunciarse y la supervisión ha de ser semestral. Aún siendo así, las inspecciones realizadas también estarían por debajo se su propia exigencia.