La Fiscalía incumple con la inspección de los centros de menores migrantes en Canarias, pese a las denuncias de malos tratos

La Fiscalía ha incumplido su deber de supervisar la gestión de los centros de protección de menores en Canarias con la frecuencia que debería hacerlo. Según sus propios protocolos, tendría que hacer inspecciones trimestrales y sorpresa a esas instalaciones —que en el contexto actual son sobre todo centros de acogida inmediata para miles de menores migrantes que llegan a las islas—, pero no cumplen con su propia exigencia. Si se siguiese el protocolo, en 2024, con 86 centros de menores migrantes funcionando en las islas, la Fiscalía debería haber llevado a cabo más de 340 inspecciones, pero no ha llegado a 100. Mientras, las denuncias por presuntos malos tratos y lesiones en el interior de algunos de esos centros se han multiplicado entre las organizaciones especializadas, abogados e incluso autoridades de las islas. El episodio más reciente lo ha destapado un juez con su investigación a la mayor ONG de acogida de menores en Canarias. De momento, 11 trabajadores de Quorum Social 77, que atiende a casi 2.000 niños y adolescentes, han sido detenidos —incluida su presidenta— y dos de sus centros clausurados.

Según los datos que el ministerio público ha suministrado a EL PAÍS, en 2024 la Fiscalía de Las Palmas hizo 56 visitas de inspección y la de Tenerife, 40, para un total 96 inspecciones. Sin embargo, ese año, en Canarias había 86 centros de acogida de menores migrantes gestionados por el Gobierno de las islas, cuya inspección trimestral, como dicta el protocolo, habría obligado a hacer casi cuatro veces más de las inspecciones que se hicieron. En lo que va de 2025, entre ambas fiscalías provinciales de Canarias han ejecutado 55 visitas, mientras que la cifra de centros sigue siendo superior a 80.

Los años anteriores, esa pauta tampoco llegó a cumplirse. Según la memoria de la Fiscalía canaria correspondiente al año 2023, ese año se realizaron 13 visitas en la provincia de Las Palmas y 46 en la de Tenerife, en referencia a centros de protección de menores en general, no solo de migrantes. En el supuesto de que se hubiera hecho una inspección por centro de menores migrantes, se habría supervisado una sola vez durante ese año la gestión de 59 centros, que tampoco eran todos los que había entonces, pues ese año cerró con 66 de esos centros de acogida inmediata en Canarias, según el Gobierno de las islas.

Pero hace más de una década, en 2011, la Fiscalía General del Estado emitió una circular precisamente para unificar los criterios en materia de protección de menores en la que fijaba unas pautas muy distintas a las que se están aplicando. Esa norma —la circular 8 de 2011— estipulaba que “debe ejercerse una especial supervisión tanto sobre los Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta como sobre los Centros de Acogida Inmediata, por ser los que potencialmente pueden generar mayores riesgos para los derechos de los internos”. Y sentenciaba: “Por ello, estos centros deben ser visitados con una periodicidad al menos trimestral”.

Pero las visitas —insuficientes— se han venido realizando, además, con previo aviso a las ONG que gestionan los centros. “Nos avisaban de que venía una visita, entonces se pintaban las paredes, se compraba mobiliario, incluso se hacían murales, se limpiaba el centro a fondo”, cuenta a EL PAÍS un extrabajador de Quorum Social 77, la organización que está hoy bajo la lupa. El protocolo interno de la Fiscalía, por el contrario, dice explícitamente que la regla general para los Centros de Acogida Inmediata o aquellos para menores con trastornos de conducta “habrá de ser la de llevar a cabo la visita sin previo aviso”.

La Fiscalía ha respondido a EL PAÍS que no considera que estas instalaciones que vienen recibiendo a los menores migrantes sean centros de acogida inmediata —por tanto no se les aplica la inspección trimestral—, contrario al criterio del Gobierno canario, de las organizaciones especializadas y de la propia regulación de esos centros. Para el ministerio público, se trata de dispositivos de emergencia cuya inspección tendría que ser semestral. Aún siendo así, tampoco está cumpliendo con esa periodicidad, pues tendría que hacer al menos el doble de las visitas que hace actualmente. El organismo ha añadido que las visitas sin previo aviso solo pueden hacerse para los de acogida inmediata y, al no considerarlos como tal, debe avisar con antelación.

Las memorias anuales de la Fiscalía canaria, sin embargo, contradicen esa respuesta. En ellas, el organismo habla de centros de acogida inmediata en las islas en esos términos. En la más reciente, por ejemplo, la Fiscalía reportaba: “Continúa la situación de sobresaturación de los centros de protección y, en especial, los de acogida inmediata, donde los menores permanecen por plazos muy superiores a los 30 días”. Ya en la de 2019, incluso antes de que empezaran a aumentar las llegadas de menores migrantes a Canarias, el ministerio público reconocía que no llegaba a las inspecciones necesarias en los centros de protección de menores. “La Sección de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha girado 54 visitas de inspección en el año 2019, no habiendo podido ser cumplimentadas con la periodicidad requerida dado que el número de visitas necesarias alcanzarían las 110 anuales [el doble]”, se lee en el documento.

El abogado Daniel Arencibia, que ha seguido de cerca la situación de estos centros en Canarias, apunta que la condición de centros de acogida inmediata de estas instalaciones que hoy están bajo la lupa se la otorga el decreto de 2020 con el que el Gobierno canario adaptó esos centros al aumento de llegadas a las islas. Según esa norma, una vez Canarias asuma la tutela de esos menores, estos “recibirán un acogimiento en los centros de acogida inmediata habilitados al efecto”. El límite de usuarios para esos centros, aunque fijado en 20, podría ser sobrepasado si una emergencia social lo justificaba, como en efecto ocurrió y algunos han terminado recibiendo incluso más de 200 jóvenes. “El decreto amplía la capacidad sólo a los centros de acogida inmediata”, enfatiza el letrado.

“La experiencia nos dice que muchos niños agredidos callan las agresiones que sufren; por eso la ley pide expresamente visitas periódicas en las que los fiscales controlen la aplicación de los protocolos antiviolencia y hablen directamente con los niños, sin intermediarios”, añade Arencibia. Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial en Save The Children, sostiene que la situación de emergencia en las islas “no debería de mermar el deber de supervisión que tiene la Fiscalía, porque, de hecho, es al revés, es cuando debería reforzarse por las condiciones en las que se están creando esos centros”. Y añade: “Al final, la acogida se lleva a cabo en su mayoría por fundaciones privadas; de la misma manera en que a una familia se le controla si vulnera algún derecho de sus hijos, eso debe hacerse con estas empresas privadas que están llevando a cabo esa función”.

La Fiscalía, por su parte, resalta que Canarias cuenta con nueve fiscales de menores que, además de las inspecciones, han llevado a cabo casi 4.000 expedientes de determinación de la edad desde 2024 y más de 3.000 expedientes de tutela. “La Fiscalía cuenta con los medios que cuenta”, apuntan fuentes de ese organismo.