‘Cuidadores antidisturbios’: un exdirector de la ONG investigada en Canarias denuncia el uso de un grupo de “matones” para reducir a los niños

Se trataba de un equipo formado por varios hombres y un par de mujeres. Estaban organizados, sabían cuándo debían intervenir y cómo hacerlo. Acudían cada vez que estallaba un conflicto que los cuidadores ya no podían controlar. La orden les llegaba por WhatsApp. A veces intervenían y llamaban a la Policía. Otras, se encargaban ellos mismos de reducir a quien se resistiese. A golpes.

Así describe esta especie de tropa de choque quien fue director de uno de los centros gestionados por Quorum Social 77, la mayor adjudicataria del Gobierno canario para la atención de menores migrantes. La entidad está ahora investigada por supuestos malos tratos, lesiones y amenazas a varios de los más de 2.000 niños y adolescentes que tiene a su cargo. El testimonio coincide con los de otros dos extrabajadores que presenciaron esas intervenciones o las conocieron por boca de los chicos. Ninguno quiere dar su nombre real. Como viene siendo habitual, temen represalias.

“Lo llamaban el equipo de intervención. Estaba compuesto por luchadores de lucha canaria, gente de gimnasio en general, tíos cuadrados, ¿sabes?”, arranca Luis (nombre ficticio), un integrador social que pasó un año trabajando para la ONG en diferentes destinos. “Había dos chicas, una de ellas era árbitro de boxeo, y en los hogares de niñas eran ellas las que actuaban”. Otra trabajadora, de otro centro, los describe así: “Son los matones de Quorum. Si los menores se estaban portando mal, ellos venían y se los llevaban o los reducían. A mí, que los defendía, me llamaban de forma despectiva ‘pro-niño”.

Luis supo de este grupo de intervención porque era parte de los grupos de WhatsApp integrados por los directivos de la entidad y los responsables de los más de 30 centros de acogida que tiene repartidos por las islas. “Les activaban cuando había niños muy rebotados, o niños colocados… Era el paso previo a llamar a la Policía, aunque muchas veces no hacía falta… Se encargaban ellos”. Luis asegura que la orden siempre partía de arriba. “No pueden alegar que no lo sabían porque lo ordenaban ellos”, mantiene.

Quorum Social 77 lleva un año bajo la lupa de la justicia. La investigación se inició tras la denuncia de un menor por supuestos malos tratos. Luego apareció un vídeo en el que un educador insulta a uno de los chicos —“negro de mierda”— y, poco después, un parte médico documentó lesiones en otro menor. Un juez especializado en violencia contra la infancia asumió el caso, un hito después de años en los que el Gobierno de Canarias y la Fiscalía actuaron de forma tibia ante las denuncias que les llegaban. Desde entonces se han llevado a cabo dos operaciones: se han clausurado dos centros y han sido detenidos 11 trabajadores, entre ellos la presidenta de la ONG, Delia García, y el director de centros, Enrique Quintana. Rafael Jiménez, el abogado de los detenidos, que fueron puestos en libertad con cargos, no ha respondido a EL PAÍS sobre este asunto concreto. Su defensa, de momento, se basa en que el caso solo se sustenta en una “denuncia falsa” de varios extrabajadores y menores “que fueron expulsados”.

“Yo presencié una de esas intervenciones en Gran Canaria”, continúa Luis. “Eran las Navidades de 2023. Había habido un robo de un móvil entre los niños y las víctimas del robo estaban rebotados y se estaban peleando entre ellos. Yo estaba de vacaciones, pero me ofrecí a echar una mano y cuando llego, el equipo ya estaba ahí dando bofetones a diestro y siniestro. Eran cinco o seis separando la pelea a bofetón limpio”, relata. “Les redujeron en el suelo, les abrieron los roperos y tiraron todo fuera… El móvil nunca apareció, pero consiguieron apaciguar los ánimos. Yo pedí que dejasen de pegarles y pasaron de mí. Después denuncié internamente y no pusieron mayor interés a mi queja”, recuerda.

No fue el único episodio. También aparecieron en otro centro al que Luis estaba muy vinculado. Se lo relataban los trabajadores en tiempo real. “Allí encerraban a los niños en los baños y salían hechos polvo”.

La tropa de choque también actuaba presuntamente contra las chicas, aunque en esos casos activaban a las mujeres del equipo, según el testimonio de Luis y una extrabajadora de otro centro. “Tuvimos un problema en el centro con dos chicas que amenazaron a la subdirectora y mandaron al equipo de intervención. Vinieron tres chicas además de los chicos habituales y a bofetón limpio con las niñas”. Las menores, cuenta Luis, no cedieron y las trasladaron a Bandama, un centro de acogida que el juez ordenó cerrar en mayo ante las evidencias de presuntos delitos de lesiones y odio. Bandama, donde la entidad concentraba a los chicos con problemas de conducta, era el castigo con el que amenazaban a los menores de otros centros. “Al volver nos contaron que estuvieron encerradas dos días, aisladas, cada una en una habitación distinta”, relata Luis. “Contaron que las obligaron a hacer tareas, siempre acompañadas de un educador, y que las agredieron”.

Al final, a Luis, como a una decena de trabajadores con los que ha hablado EL PAÍS estos días, lo echaron. “Me volví muy crítico y estaba constantemente quejándome”, mantiene. El argumento oficial para el despido fue otro, pero Luis denunció a la entidad por despido improcedente. Quorum acabó llegando a un acuerdo. “El tema de los despidos con esta organización era surrealista. Es triste pensar en el dinero público que se han gastado estas entidades en despidos improcedentes”.