El Gobierno hace gestos a ERC y Junts para encarar la negociación de los Presupuestos

La condonación de más de 83.000 millones de deuda a las comunidades autónomas se ha convertido en la punta de lanza de la negociación de los Presupuestos para 2026, la prueba del algodón que medirá el estado de salud del Gobierno y su capacidad de retener los apoyos de todos los partidos que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. El Ejecutivo prevé aprobar la quita a principios de septiembre y ofrecerla de forma generalizada en vez de acotarla a Cataluña, fijando un terreno de juego en el que el PSOE se siente cómodo por la presión que supone para los barones del PP, a diferencia de lo que sucede con la financiación singular.

Sánchez aseguró a finales de julio que presentará las cuentas públicas, algo que el Gobierno no ha cumplido este ejercicio, pero sin especificar si los sometería a votación en el Congreso, donde al presidente no le sobra ningún apoyo y el respaldo de Junts y Podemos es una incógnita o, según el pálpito extendido en la bancada socialista, se ve imposible.

Aunque el presidente deslizó el mensaje de que la falta de Presupuestos no conllevaría el final de la legislatura debido a la llegada de los fondos europeos, “otro carril” de financiación y crecimiento económico, el Gobierno no se puede permitir evidenciar que la mayoría de la investidura pertenece al pasado. Consciente de que tiene que resolver un sudoku endiablado y a múltiples bandas, el Ejecutivo quiere arrancar el curso exprimiendo la ventaja que le aporta el simbolismo político de la condonación, sin desmerecer su lado práctico, que supondrá un ahorro millonario en intereses a los territorios que lo soliciten. Cuando llegue el momento de la verdad, a los ministros y otros cargos del Ejecutivo consultados se les antoja imposible que los presidentes autonómicos del PP rechacen una propuesta de quita en la que Andalucía sería la comunidad más beneficiada con 18.791 millones condonados, por delante de Cataluña (17.104 millones) y con la Comunidad Valenciana cerrando el podio (11.210 millones). Madrid, otro bastión de la derecha, sería la cuarta más favorecida en términos absolutos (8.644 millones).

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, alegó que la medida solo busca “contentar a los independentistas catalanes” para garantizar “la supervivencia” política de Sánchez y reclamó un nuevo sistema de financiación para actualizar el vigente, que caducó en 2014 y cuya reforma tampoco pone de acuerdo a las comunidades del PP. “No se puede aceptar una propuesta diseñada al gusto de los separatistas catalanes”, compartieron fuentes de la Generalitat valenciana.

El Ministerio de Hacienda, que ha retrasado la elaboración de los Presupuestos por el bloqueo político, no ha aprobado aún ni el techo de gasto ni la senda fiscal para el próximo año, otro ejemplo de la complejidad de reunir los votos necesarios. Las fuentes gubernamentales consultadas no se atreven a poner una fecha. Águeda Micó, la diputada de Compromís que ha abandonado las filas de Sumar en las Cortes, opina que la quita “no responde a las necesidades reales de los valencianos”. Toda una advertencia a navegantes, aunque en el Gobierno confían en amarrar los votos de los socios habituales. Otra cuestión son las ondas tectónicas del pulso perpetuo que ERC y Junts libran por abanderar al independentismo en Cataluña.

La política catalana tiene su liturgia y el comienzo de la Universitat Catalana d’Estiu a mediados de agosto en Prades de Conflent (Francia) marca el inicio del curso. No ha sido casual que haya sido precisamente desde esa tribuna, en dos días consecutivos, desde donde dos de los socios indispensables de Sánchez han comenzado a dibujar lo que será el largo y tortuoso camino para lograr unos nuevos Presupuestos para 2026. Oriol Junqueras, presidente de ERC, y Carles Puigdemont, líder de Junts, aprietan pero por el momento no ahogan de cara a que haya cuentas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el lunes que su intención es presentar las cuentas, dejándose en el tintero si aspira a aprobarlas o llevarlas al Congreso como una declaración de intenciones con cierto regusto preelectoral. Ante este escenario plagado de curvas, los dos socios catalanes de la investidura ya han tomado posiciones ante esa eventual negociación. Junqueras advirtió el lunes, en su conferencia en Prades, que Montero no está capacitada para negociar las cuentas y que, sin avances en la financiación singular no habrá un posible acuerdo. “Debemos señalar lo que está en el buen camino y también lo que ni tan solo está encaminado. El modelo de financiación está muy lejos”, aseguró Junqueras este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Junqueras ha visto positivo que el Gobierno finalmente se avenga a llevar la quita del Fondo de Liquidez Autonómica pactada con ERC en primavera a su tramitación en el Congreso, pero ha descartado que eso facilite la aprobación de las cuentas. Junqueras expresó su deseo de que el Gobierno determine en breve quién será su interlocutor para esa eventual negociación. En Ferraz y La Moncloa dan por hecho que es cuestión de tiempo que haya una crisis de gobierno, una decisión que corresponde a Sánchez, que no ha dado pistas del calendario que maneja.

El Congreso se ofrece entretanto como el principal espacio de negociación y de presión para las posibles cuentas. ERC se sigue guardando la carta de presentar una proposición de ley para avanzar en el fortalecimiento de la Hacienda catalana, de cara a tenerla a punto para cuando el modelo de financiación pactado con el Gobierno vea la luz, y que pivota sobre el hecho de que las comunidades que lo deseen asuman más soberanía en la gestión de tributos. Además de la condonación, donde Junts tendrá que posicionarse, los de Puigdemont también saben que su voto en esa cuestión condicionará el que ERC pueda tener en la ley que permitiría delegar en la Generalitat las competencias en inmigración.

Y es en ese punto donde Junts ponte también su listón. El propio Puigdemont, en su conferencia en Prades, dejó claro que, si bien se necesita paciencia para lograr la oficialidad del catalán en Europa, será exigente en ese camino y que además ve indispensable el traspaso de las competencias en inmigración. Puigdemont no ha abandonado la retórica de confrontación, pese a que también se ha mostrado comprensivo con algunas de las dificultades que ha encontrado la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias. Tras amenazar hace meses con una petición de moción de confianza rocambolesca, ahora sus advertencias suenan más veladas. “Decidimos que no haríamos un acuerdo para dar estabilidad a la legislatura, se debe ir ganando periódicamente. Por eso digo que en otoño quizá pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora, ya hemos dado suficiente tiempo”, avisó en su conferencia.