El Gobierno retrasa la elaboración de los Presupuestos de 2026 por el bloqueo político

Con el mes de agosto a las puertas, el Ministerio de Hacienda no ha iniciado todavía los trámites necesarios para empezar a confeccionar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2026, lo que supone un retraso respecto al calendario habitual. La demora de la compleja liturgia presupuestaria abre la puerta a que se tengan que prorrogar unas nuevas cuentas públicas por tercera vez desde 2023. Ni la orden ministerial para que los departamentos expresen sus necesidades de gasto ha sido publicada, ni Hacienda ha aprobado el límite de gasto no financiero ―conocido como techo de gasto―, ni se han propuesto aún los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos años, como tampoco se ha validado la actualización del cuadro macroeconómico. Todos estos pasos, esenciales en el engranaje presupuestario, deberían estar en marcha desde hace semanas si el Ejecutivo quiere llegar en plazo a septiembre, mes clave para registrar el proyecto de ley en el Congreso, como establece la Constitución, y que pueda ser aprobado en tiempo y forma antes de que acabe el año. Pero de momento no ha sido así.

La semana pasada, en un acto celebrado en Málaga, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que “a lo largo de los próximos meses estaremos en condiciones de hablar con los grupos y de ver efectivamente cuáles serán las cuentas para el año 2026″. La vicepresidenta primera trasladó su “absoluta tranquilidad” y recalcó que “vamos con tiempo” y que “las cosas se plantearán en los momentos oportunos”. Para cumplir con el calendario, sin embargo, hay varios hitos que son imprescindibles y que no se han formalizado todavía.

La ceremonia presupuestaria comienza con la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las Administraciones públicas y sus subsectores territoriales, que debe aprobar el Consejo de Ministros tras recabar el informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de Administración Local. Aunque la Ley de Estabilidad no fija un día concreto para ello, sí establece que debe realizarse dentro del primer semestre del año, lo que implica que a estas alturas, con agosto a tiro de piedra, el calendario ya acumula un retraso significativo. Sin esta propuesta no se puede dar el siguiente paso: la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que actúa como base para confeccionar las cuentas.

Además de ello, es imprescindible que se publique el informe sobre la situación de la economía española ―el conocido como cuadro macro―, un documento técnico que contiene la tasa de referencia de la regla de gasto nacional, indicador clave para evaluar si el crecimiento del gasto es compatible con la senda comprometida. También recoge otras cifras, como el crecimiento previsto de la economía española, sobre el que se construyen las cuentas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también explica en su último informe sobre la ejecución presupuestaria, publicado la semana pasada, que no se ha convocado aún el CPFF para informar formalmente de los objetivos, un trámite que en ejercicios anteriores se realizaba en julio y que permitía avanzar en la articulación del marco presupuestario.

Tampoco se ha activado la orden ministerial de elaboración del presupuesto, que es la que habilita a los diferentes departamentos que conforman el Gobierno a remitir sus propuestas de gasto e ingresos. El año pasado, por ejemplo, se publicó a finales de junio. El retraso en esta fase inicial compromete seriamente la posibilidad de que el proyecto pueda ser aprobado en Consejo de Ministros y remitido al Congreso durante el mes de septiembre, como exige el calendario parlamentario si se quiere que las cuentas entren en vigor el primero de enero.

Lo que apunta a convertirse en un nuevo retraso se produce en un contexto de prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo, después de que el Gobierno renunciara formalmente a presentar un proyecto en 2024 e hiciera lo propio, en la práctica, de cara a 2025.

La parálisis presupuestaria empieza a convertirse en norma: el Ejecutivo no ha logrado aprobar unas cuentas públicas esta legislatura, que ya va por la mitad, el calendario para las cuentas de 2026 se estrecha, los pasos a cumplir siguen en el aire y la debilidad parlamentaria del Gobierno, con el reciente revés al decreto antiapagón, lo condiciona todo.

La Autoridad Fiscal, en su informe, “constata el retraso existente en los primeros pasos del procedimiento presupuestario” y señala directamente a la ausencia de la orden ministerial, de la propuesta de los objetivos de estabilidad, de la aprobación del techo de gasto, de la publicación del informe sobre la situación de la economía española y de la convocatoria del CPFF. “Dentro de un ciclo presupuestario normal, estos elementos ya se habrían materializado”, asegura el supervisor.

Todo ello ha llevado a varios de los socios del Gobierno a apretar para que la coalición presente cuanto antes un proyecto de cuentas. Aitor Esteban, presidente del PNV, apremió este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a intentar recomponer la mayoría de la investidura a través de los presupuestos, ya que sin ellos será muy complicado aguantar lo que queda de legislatura, según avanzó en una entrevista en la Cadena Ser. El dirigente vasco analizó que el Ejecutivo se encuentra en una situación de “bloqueo”, por la incapacidad de aprobar los presupuestos: “Ni se vislumbra que pueda haberlos”. En Sumar, socio minoritario de la coalición, recuerdan que la presentación de unas nuevas cuentas es una obligación constitucional (artículo 134 de la CE) y abren la puerta a negociarlas, siempre que se protejan las partidas sociales. Algo similar sostienen en Podemos, que remarcan su rechazo al aumento del gasto militar.

Los presupuestos son una de las principales leyes que los gobiernos deben aprobar cada año, si no la que más. Tanto es así que, pese a su obligación de presentarlos, algunos ejecutivos deciden no hacerlo por el coste político que conlleva un rechazo de las Cortes. En la historia democrática, cuando el Parlamento ha tumbado el proyecto de un Gobierno, este ha convocado elecciones.

El Gobierno recoge en las cuentas sus principales proyectos para el año siguiente, así como las medidas e inversiones pactadas con sus socios. Con una prórroga, similar a la que ha sucedido en los dos últimos años, el Ejecutivo puede mantener cómodamente sus gastos corrientes y sus planes plurianuales, pero no ampliar plantillas, actualizar impuestos o empezar a mover nuevos proyectos.