Interventores y auditores del Estado advierten del retraso de los trámites de los Presupuestos de 2026

La inestabilidad parlamentaria que rodea a la política española ha alterado por completo el calendario y ritmos que acompañan a la principal ley anual que debe aprobar todo Ejecutivo: la de los Presupuestos Generales del Estado. A estas alturas del año, el Ministerio de Hacienda ya debería estar preparando los trámites necesarios para dar luz verde a las cuentas públicas del próximo ejercicio. Sin embargo, trasladan varias fuentes, esto no está sucediendo. Mientras, el Gobierno insiste en mantener el foco en el proyecto de Presupuesto para 2025, cuando faltan apenas tres semanas para llegar al ecuador del año y el reloj y la precaria mayoría parlamentaria lo hace prácticamente inviable. Todo ello se produce, además, en un contexto de prórroga presupuestaria, con las cuentas de 2023 ―que datan de la pasada legislatura― en vigor.

De cara al nuevo proyecto para 2026, varios interventores y auditores del Estado consultados explican que, a lo largo del primer semestre del ejercicio en curso, el Gobierno debería tener atados los objetivos de estabilidad (límites de déficit y deuda pública) para las distintas Administraciones y el límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como techo de gasto. Estas cifras marcan el pistoletazo de salida para la liturgia presupuestaria y suponen las bases esenciales sobre las que se construyen las cuentas. Sin embargo, explica uno de los interventores, “no hay visos” de que esto vaya a suceder, ya que “no consta que internamente se esté trabajando en ello”.

Otro signo del estrecho margen del Gobierno es el hecho de que Hacienda no haya publicado todavía la orden ministerial en el BOE. En ese documento, el departamento que dirige María Jesús Montero explica cuáles son las prioridades y criterios del Ejecutivo en materia presupuestaria y pide al resto de ministerios tenerlas en cuenta a la hora de formular sus peticiones y propuestas. Esa orden, precisan los interventores, suele publicarse a finales de mayo o principios de junio, pero por ahora no ha visto la luz. La fragilidad parlamentaria y las distintas sensibilidades de los socios en cuanto al aumento del gasto militar obligan al Gobierno a hacer encaje de bolillos para intentar lograr la cuadratura del círculo.

Hacienda explica que todavía tiene tiempo para aprobar la citada orden y que puede apurar hasta el 1 de agosto para informar del techo de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que recalca que todavía hay margen. E insiste en que, tal y como aseguró la vicepresidenta primera hace 10 días en el Congreso, el Gobierno no descarta todavía un proyecto de presupuestos para 2025, a pesar de que el resto de formaciones políticas dan por finalizada esa fase.

La práctica habitual, prosigue uno de los interventores, es que una vez publicada la orden, durante junio y julio los organismos y ministerios envían a Hacienda sus propuestas de gasto para las cuentas públicas, en paralelo con la aprobación de los objetivos de reducción de déficit y deuda. Finalmente, entre agosto y septiembre, el ministerio compila toda la información y prepara el anteproyecto de ley que recoge los gastos e ingresos del Estado para elevarlo al Gobierno y, de ahí, al Parlamento. Todo este proceso debe culminar antes del 30 de septiembre para cumplir con la Constitución. Como ninguno de los pasos iniciales se ha cumplido, “damos por hecho que se dilatará en el tiempo e irá con retraso”, señalan. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, cree que el Gobierno debería pisar el acelerador y presentar un proyecto a tiempo: “No solo por el mandato normativo, sino por el mensaje que se lanza a la economía y porque a partir de 2026 será difícil cumplir con los nuevos compromisos de gasto y controlar el déficit sin cuentas públicas”.

Los presupuestos son una de las principales leyes que los gobiernos deben aprobar cada año, si no la que más. Tanto es así que, pese a su obligación de presentarlos, algunos ejecutivos deciden no hacerlo por el coste político que conlleva un rechazo de las Cortes. En la historia democrática, cuando el Parlamento ha tumbado el proyecto de un Gobierno, este ha convocado elecciones.

El Gobierno recoge en las cuentas sus principales proyectos para el año siguiente, así como las medidas e inversiones pactadas con sus socios. Con una prórroga, el Ejecutivo puede mantener cómodamente sus gastos corrientes y sus planes plurianuales, pero no ampliar plantillas, actualizar impuestos o empezar a mover nuevos proyectos, como el aumento previsto en el gasto en defensa para llegar al 2% del PIB en 2025.

Actualmente, con las cuentas de 2023 prorrogadas, el Gobierno está ampliando el gasto militar al que se ha comprometido a través de modificaciones de partidas y de reasignaciones de fondos. Sin embargo, explica Torres, “es complicado mantener y ampliar este aumento mediante fórmulas soterradas”. Si el compromiso de gasto en defensa aumenta hasta el 5% del PIB con el paso de los años “será imposible poder cumplirlo si no hay unos nuevos presupuestos”, añade uno de los interventores.

En el apartado macroeconómico, Torres recuerda que España ha podido controlar el déficit público en los últimos años gracias a un crecimiento que sigue por encima de la media. Sin embargo, las previsiones para 2026 y años posteriores es que el crecimiento del PIB se modere, lo que obliga a reestructurar las políticas presupuestarias si se quieren controlar los números rojos.

Cuenta atrás para las cuentas de 2025

El Gobierno insiste en que no renuncia a presentar un proyecto de presupuestos para 2025 cuando está a punto de terminar la primera mitad del año. “A nosotros nos gusta jugar hasta el último minuto del partido. No tiramos nunca la toalla”, dijo hace una semana la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por las cuentas públicas. “Vamos a traer presupuestos”, aseveró unos días antes Montero en el Congreso. Pese al afán que muestran en el Ejecutivo, sostienen fuentes de la Administración, lo cierto es que el tiempo ya se ha echado encima: en España nunca se ha presentado un proyecto para el año en curso más allá del mes de marzo.

Hasta 2017, cuando el calendario que marca la Constitución solía cumplirse a rajatabla, los gobiernos presentaban en las Cortes sus cuentas en septiembre u octubre del ejercicio previo, exceptuando algún que otro año electoral que trastocaba levemente los tiempos. La única gran excepción llegó en 2018, cuando el proyecto para ese mismo año se presentó en marzo por la tensión política. En 2019, el proyecto se cerró en enero, aunque fue rechazado. Por eso, sostienen estas fuentes, es “prácticamente imposible” que el Gobierno saque tiempo para unas cuentas de cara a 2025.