Cuando los políticos se centran en apagar incendios y olvidan la gestión forestal

Pasó en 2022. Tras un verano de muchos y grandes incendios que arrasaron más de 305.000 hectáreas, el 20% en la Sierra de la Culebra (Zamora), el Gobierno se sacudió la presión con un real decreto-ley de “medidas urgentes en materia de incendios forestales”, una norma estéril de dos artículos. El primero, para modificar la Ley de Montes de 2003 y, el segundo, con medidas urgentes de coordinación, cuya mayor aportación es obligar a las comunidades autónomas a elaborar y publicar planes de prevención de incendios cada año, empezando en 2023, con alcance para todo el año, no sólo para las “temporadas de incendios”, como venía sucediendo. Tres años después, el verano es aún peor, con 350.000 hectáreas quemadas y el incendio más devastador devorando viejas cenizas zamoranas.

La escasa utilidad de aquella normativa, parida para sofocar el clamor social, se debe a que se quedaba en las imágenes y no iba al fondo del asunto. El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) ya señaló en 2022 que la mejor política contraincendios es la gestión forestal, el aspecto clave que no se abordaba en la norma, centrada en sofocar los incendios. El problema, de entonces y ahora, es que el debate público se centra en la cuantía de los medios materiales y humanos para abordar el fuego y en la reclamación de más inversión en extinción, sin abordar la gestión de los montes, que implica afrontar de una vez el abandono rural y la enorme despoblación que sufren amplias zonas de España. Es ahí donde está la chispa de los incendios, como demuestra la correlación tan evidente entre fuego y pérdida de población, que arrastra la decadencia de la actividad agraria. Los ingenieros de montes quieren que el debate arranque en la gestión forestal, pero otras voces piden ampliar la mirada a la ordenación integral del territorio.

El INE realiza cada dos años proyecciones de población. La última, de 2024, señala que en un horizonte de 15 años, España incrementará su población un 10,6%, hasta alcanzar 53,7 millones en 2039, un crecimiento que será desigual y desequilibrado, porque el aumento de la despoblación se produce en zonas con problemas de recursos tan básicos como el agua y la vivienda. Continúan las dinámicas de las últimas décadas: expansión del arco Mediterráneo, los archipiélagos y Madrid y arrumbe del noroeste y “La Raya” con Portugal.

Las cuatro regiones más afectadas por los incendios son las que han caído en población desde 1980 y seguirán haciéndolo hasta 2039. Asturias ha perdido un 10,3% de sus habitantes en este período y bajará otro 4,1% hasta 2039; Castilla y León ha menguado un 8% en los últimos 25 años y se dejará otro 0,7% en los quince siguientes; Galicia cede un 3,6% y las proyecciones le restan un 0,3% adicional en los tres lustros siguientes, y Extremadura se ha dejado ya un 2,3% y caerá otro 3,4% hasta 2039.

Estas cuatro regiones, que en 1980 sumaban el 20,3% de la población de España, ahora están por debajo del 15% y, en 2039, representarán tan solo el 13%, cuando suponen el 35% del territorio y parte sustancial de la masa forestal. Para colmo, a la pérdida de población se añade que sus habitantes son los más envejecidos. En estas zonas, el número de personas activas (afiliadas a la Seguridad Social) es más bajo con respecto al de pensionistas. En julio pasado, en España había 21,6 millones de cotizantes a la Seguridad Social y 10,4 millones de pensionistas, de manera que la pensión de cada jubilado es soportado por 2,1 cotizantes. Esta proporción se desploma en las comunidades mencionadas, especialmente en las provincias más afectadas por la despoblación, las protagonistas de los incendios recientes. En Ourense hay más pensionistas (109.149) que afiliados a la Seguridad Social (109.065); en Lugo hay 1,1 cotizantes por pensión; en León 1,2; y, en Zamora, 1,3.

Menos población y más envejecida en zonas donde la actividad agraria es la principal, conllevan fuerte expansión del pasto y la masa forestal por disminución de la ganadería, abandono de cultivos y renuncia a la extracción de leña. Según el COIM, en los últimos 80 años, España ha multiplicado por 2,5 su masa forestal y el stock de biomasa se ha triplicado en cincuenta años, mientras sigue estancado el aprovechamiento de los montes. Todo ello induce a que se estén configurando nuevas superficies forestales en las que se acumulan hasta 10 toneladas de vegetación muerta, cuya descomposición genera CO2 y son depósitos gigantes de combustible en espera de espoleta.

Los ingenieros de montes decían ya hace tres años que, “tras décadas de abandono”, es el momento de la gestión forestal, una tarea en la que, según sus datos, el Estado tan sólo gasta 100 millones de euros al año, que en realidad van a la contratación de medios aéreos para apagar incendios. Aseguran que hace más de una década que los propios especialistas en incendios han llegado a la conclusión de que “no hay que reforzar la desproporcionada atención que se presta a la extinción, frente al estado de abandono de los montes en buena parte de nuestro país”.

Cuando se pone la lupa en espacios concretos se aprecia el despropósito de la gestión forestal pública. El Plan Director de los Jardines del Buen Retiro, el parque central de Madrid, con una extensión de 110 hectáreas y 15.000 árboles, emplea a 200 trabajadores para su conservación. Mientras, la Comarca de Pinares Burgos-Soria, integrada por 25 municipios que suman casi 116.000 hectáreas (más de mil “Retiros”), se tiene que sostener con la mitad de empleados.

La gestión de los montes supone una gran oportunidad para el mundo rural que soporta estos hábitats, pero para ello las administraciones tienen que apostar con contundencia por la conservación y no jugar a la ruleta rusa de cómo viene el año y cuánto me gasto en unas brigadas de bomberos que no están preparadas y sí mal pagadas. Volviendo a la Comarca de Pinares de Burgos-Soria, hace 40 años, en lo que hoy es el Parque Natural de Las Lagunas Glaciares de Neila, trabajaban permanentemente una docena de personas en la conservación de un monte de 5.800 hectáreas. Hoy, pese a la especial protección, sólo hay un vigilante de Medioambiente de la Junta de Castilla y León, y puntualmente contratan cuadrillas cuya aproximación con el territorio es la misma de un astronauta de Elon Musk con la Luna.

Los ingenieros de montes, que sí saben de esto, lo tienen claro. Hay que apostar por la bioenergía y fomentar el consumo de biomasa, especialmente en zonas rurales. Adaptar la legislación, pensada por y para la ciudad (como la Ley de Bienestar Animal) y favorecer la concentración de los minifundios forestales cuyo tamaño los hace ineficientes y quedan abandonados. Compensar a quien descontamina. “Es el momento de aplicar el principio de que si quien contamina paga, quien descontamina es compensado”. Recuperar la ganadería extensiva. Es de sobra conocida la labor de limpieza de los montes que realiza el ganado, así como los cultivos poco combustibles (vid y frutales) que generan zonas con poca vegetación y sirven de cortafuego natural. Apostar por la bioeconomía. La normativa francesa obliga a la utilización de la madera como materia prima en la promoción de viviendas y oficinas. Ahora que el Gobierno apuesta por la construcción industrial de viviendas, la madera debe ser la materia prima clave. Fomentar la repoblación. La gestión de los bosques con la puesta en práctica de estas y otras medidas activaría el círculo virtuoso. Si hay actividad, hay empleo y familias que demandan servicios públicos y privados y repueblan estas zonas rurales, que es donde están los bosques.

El Gobierno y las comunidades autónomas tienen en los incendios una magnífica “excusa” para tomarse en serio la gestión forestal y, de paso, hacer frente a la despoblación de buena parte del territorio español, que da la casualidad que es nuestro mayor almacén de oxígeno y víveres.