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La inversión pública en prevención de incendios se desploma a la mitad en 13 años

Estado y comunidades pasan de destinar 364 a 176 millones al año a prevenir los fuegos

Vecinos observan las columnas de humo que se elevan sobre el incendio forestal en Chandrexa de Queixa (Ourense), el miércoles.

La inversión pública forestal que llevan a cabo anualmente el Estado y las comunidades autónomas para el cuidado global de los bosques ascendía a 1.742 millones de euros en 2009, año en el que se alcanzó la mayor financiación pública para estas actividades. Trece años después, en 2022, esas mismas partidas presupuestarias habían caído hasta los 1.295 millones de euros, un 26% menos. Pero dentro de este capítulo de gasto, el mayor recorte se lo lleva el dinero destinado en concreto a la prevención de incendios, que se ha desplomado más de la mitad en estos años, algo que, según los expertos, está detrás de la proliferación de los fuegos que arrasan el país este verano.

Así lo reflejan los últimos datos disponibles de un exhaustivo estudio que hace cada año desde 1997 la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) con las cifras oficiales facilitadas por los ministerios implicados y las comunidades que, sobre todo, pone de manifiesto que la inversión pública en el cuidado de la masa forestal de toda España no se ha deteriorado por igual para todos los trabajos de conservación de los bosques.

En concreto, de los tres conceptos que conforman la inversión forestal total (prevención, extinción y resto de materias de ordenación de los bosques) el que más se ha visto afectado por recortes presupuestarios ha sido, con diferencia, la realización de trabajos preventivos contra los incendios. En concreto, la suma estatal y autonómica destinada a prevención ha pasado de los 364,1 millones de euros en 2009 a 175,8 millones en 2022.

El segundo mayor recorte lo experimentaron las actividades que no son exclusivamente para prevenir o extinguir incendios, pero que en mayor o menor medida están también relacionados con las actividades que ayudan a combatir que el bosque arda. Se trata, entre otros, de los trabajos de reforestación, aprovechamiento de la madera y conservación de la biodiversidad; lucha contra las plagas; gestión del uso público de los montes o investigación en gestión forestal. Estas y otras actividades, que conforman más de la mitad de la inversión pública forestal total han pasado de tener un presupuesto de casi 1.000 millones en 2009 a 702.829 millones, un 26% menos.

La única partida que no se ha visto recortada es la destinada a la extinción de los incendios que, trece años después, se mantiene en los 417 millones de euros de 2009. El presidente de Asemfo, Miguel Ángel Duralde apunta varias causas que han llevado a estos recortes. La primera de ellas, las crisis económicas. “Hace veinte años el problema de los incendios no era tan grave y, por eso, con la gran crisis económica de 2008, las administraciones recortaban en materia forestal de lo que les parecía menos visible y eso era la prevención porque no tenía resultados inmediatos, mientras que no quitaban ni un euro a la extinción”, algo que se ha mantenido durante los últimos años.

Arantza Pérez Oleaga, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, advierte de que el déficit de financiación “es palpable en todas las comunidades autónomas”. La clave para evitar olas de incendios como la actual en el escenario de cambio climático, continúa, “es gestionar el biocombustible que se genera en los bosques”. Pero precisamente ahí es donde detectan que no se realizan las labores necesarias. “Cuando acaban los incendios, a los políticos se les olvida, prefieren sacarse una foto con medios de extinción que cuestan una millonada, pero no emprender la necesaria gestión forestal del territorio”, concreta.

El coste de apagar un incendio

Según las cifras facilitadas por esta asociación de empresas forestales, el coste de sofocar un incendio en el bosque es aproximadamente de 19.000 euros por hectárea de media. Esto apunta que solo apagar los incendios que ha arrasado casi 99.000 hectáreas hasta el pasado 13 de agosto, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) habría costado alrededor de 1.881 millones de euros.

En los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera, el sector forestal logró postergar muchos recortes presupuestarios que fueron compensados con el Plan E de ayudas a la inversión pública que aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero a partir de 2011 estas inversiones preventivas de los bosques cayeron en picado hasta el mínimo de 850 millones en 2017. Desde entonces se viene produciendo una lenta recuperación que, sin embargo, se queda lejos de alcanzar las cifras de finales de la primera década del siglo.

Precisamente, ha sido en los últimos años en los que la baja inversión en prevención incendios ha provocado que cada vez haya más biomasa que puede arder en los bosques. Es así como las consecuencias de los recortes presupuestarios se han visto agravadas por otra causa: la creciente despoblación de muchas zonas de España.

Según explica Duralde el éxodo rural ha llevado, entre otras cosas, a la desaparición de muchas explotaciones de ganadería extensiva, que al tiempo que servían para la conservación del territorio recibían inversiones. Asimismo, la pérdida de población ha llevado a la pérdida de muchos trabajos de selvicultura (aquellos destinados a mejorar la salud, sostenibilidad y, el aprovechamiento de los ecosistemas forales), como los destinados, por ejemplo, a producir y cortar la madera para que los habitantes de las zonas rurales se calienten en invierno, menciona el presidente de Asemfo. En definitiva, la falta de actividad relacionada con el medio termina siendo tierra abonada para la proliferación de los fuegos.

La tormenta perfecta

A esta situación se suma el grave cambio climático que provoca una meteorología más seca y más calurosa que se mezcla con cada vez más frecuentes tormentas de vientos secos que avivan los incendios. “Es una tormenta perfecta de la que el sector forestal viene avisando hace diez o quince años”, se queja Duralde que es también ingeniero de montes.

Con el problema ya encima ¿Cuál podría ser ahora la solución? Una mayor inversión pública siempre será bienvenida, aseguran desde el sector forestal, donde, sin embargo, apuestan por pensar cómo aprovechar mejor los recursos de los bosques. “Se trata de lograr una mejor ordenación forestal para que lo tenemos nos produzca dinero antes de que se queme”, añade este directivo empresarial del sector forestal que lleva trabajando en el monte más de 30 años.

De hecho, la falta de aprovechamiento de los recursos forestales es también un problema que agrava toda esta situación. Según cifras globales aproximadas, España consume casi 50 millones de metros cúbicos de madera al año y de estos solo corta unos 19 o 20 millones, y el resto los importa. Así, corta el 40% de lo que sería susceptible de cortar, frente a una media del 60% en Europa, según las cifras que maneja el sector.

No obstante, a la hora de intentar sacar una mayor rentabilidad a los recursos existentes los profesionales del sector se topan con problemas como la falta literal de personas que quieran trabajar, por ejemplo, sacando el corcho de los árboles o investigando los tratamientos para el uso de la madera en la construcción, aseguran desde Asemfo.

En cualquier caso, en la búsqueda de un mejor aprovechamiento de los recursos forestales termina entrando el juego el dinero público, si no es a través de inversión directa, sí mediante posibles subvenciones o incentivos fiscales que reclaman algunos expertos para los propietarios privados (que en España son dueños de dos terceras partes de la masa forestal). Se trataría emular para proyectos de gestión forestal, los incentivos públicos que llevaron a la repoblación de más de 200.000 hectáreas por iniciativa privada pero con apoyo público entre 1972 y 1982 en España.

“Deberíamos estudiar cómo involucrar más a los propietarios privados en una mejor gestión de los caminos forestales, o los tratamientos selváticos con un mejor tratamiento fiscal a estas actividades”, reclama Duralde, quien concluye con un ejemplo. “Ahora mismo ya hay muchas inversiones privadas para repoblar porque fijan CO2, pues con una masa forestal más limpia, se fijaría más CO2″.

Quiénes son los responsables

En España, la responsabilidad de prevenir y extinguir un incendio forestal es de las comunidades autónomas, que pueden utilizar para ello distintos modelos de gestión: totalmente públicos, privados o mixtos. No obstante, el Estado también juega un papel fundamental porque es el responsable de coordinar, apoyar y movilizar recursos para hacer frente a determinados incendios forestales de mayor envergadura o peligrosidad. Esta actividad estatal se canaliza a través de la Unidad Militar de Emergencia (UME) dependiente del Ministerio de Defensa. Su aportación principal son los medios de aerotransporte, helicópteros e hidroaviones de gran capacidad de carga (más de 5.000 litros) para la extinción de fuegos, que son pilotados en parte por personal militar. Los medios del Estado también se vertebran a través del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales; y también desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales y la dirección general de Protección Civil y Empergencias.  Entre todos estos organismos, en España hay alrededor de 40.000 profesionales preparados para actuar en la lucha contra incendios. 

 

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