La muerte de dos voluntarios en los incendios obliga a las autoridades a pedir prudencia: “Los equipos deben estar profesionalizados”

La muerte de dos voluntarios mientras ayudaban en las labores de extinción de los incendios de León ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de si la financiación basta para que haya suficientes medios antiincendios y si la descoordinación que pueden sufrir los dispositivos contra el fuego ponen en excesivo riesgo a quienes, sin ser especialistas, quieren arrimar el hombro.

La inversión pública forestal para el cuidado de los bosques ha caído un 26% en los últimos 13 años, según un estudio de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) adelantado por EL PAÍS. De los 1.742 millones de euros en 2009 se ha pasado a destinar 1.295 millones de euros. El grueso de ese recorte, según el Gobierno, corresponde a comunidades autónomas. Según el Ejecutivo, entre 2018 y 2022, la Administración General del Estadio incrementó la inversión en prevención en más de un 80%. El mayor recorte en esas partidas es el dinero destinado a la prevención de incendios, lo que contribuye a la proliferación de los fuegos, según señalan los expertos.

Esa carencia de medios, arropada por el descontrol que genera la rápida extensión de las llamas en verano, alienta a que decenas de personas se ofrezcan a ayudar, a pesar del peligro que eso conlleva si no se tiene la profesionalización debida o la coordinación deficiente de los puestos de mando.

La suma de ambas cuestiones ha obligado a las autoridades a pedir prudencia en la participación de voluntarios en primera línea de fuego. “Los equipos contra los incendios deben estar profesionalizados”, ha declarado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen. A este discurso se han sumado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska de este jueves, que ordenaba a los voluntarios que “acaten inmediatamente” las indicaciones de los mandos que lidian con estas situaciones “complejas”.

Pero la coyuntura no se percibe de la misma manera en Jarilla, el pueblo de 139 habitantes donde las llaman ya han arrasado más de 4.500 hectáreas. Allí estaban este jueves, pese al sofocante calor, José Luis Esteban, de 70 años, y su hijo. Ambos trabajaban por sus propios medios en apagar las llamas de su terreno, unas 50 hectáreas cercanas a Jarilla, en la que cría ganado limousin. Cuentan que llevan desde la una de la madrugada sin parar de luchar contra el fuego, “todo a oscuras”, con las “luces de los coches encendidas” durante la noche. “Los que menos han estado son los que deberían haber estado”, se queja Esteban en alusión a los bomberos, tachando de “insuficientes” los efectivos y los medios aéreos. Tras las noticias de dos víctimas mortales, también voluntarios, más que miedo, dice tener “precaución”. “Si te viene encima, te tienes que apretar. Hay que tener cuidado”, concluye.

La Guardia Civil ha alertado sobre comportamientos como el de Esteban y ha empezado a sancionar este jueves con multas a quienes volvían a sus domicilios sin permiso. “Ante la imprudencia registrada hoy por parte de algunos vecinos que han intentado sofocar por su cuenta las llamas próximas a localidades evacuadas, la Guardia Civil hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana”, señalan fuentes del Instituto Armado. “Este tipo de actuaciones ponen en grave riesgo tanto la vida de quienes las realizan como la de los profesionales que intervienen en el dispositivo. Se solicita a la población que siga estrictamente las indicaciones de los equipos de seguridad y emergencia”, añaden.

La Ley básica de bomberos forestales de 2024 dice que “el personal voluntario que participe en la prevención y extinción de incendios forestales, como los bomberos voluntarios y las agrupaciones de defensa forestal, se rigen por los dispuestos en los Estatutos de Autonomía”. Eso abre un abanico de regulaciones, dependiendo de la región y el municipio.

En la ley extremeña, de 2004 y publicada en la web de la Junta, establece que “los municipios o mancomunidades promoverán la formación de grupos municipales o mancomunados de pronto auxilio, integrados por personal voluntario que supere los requisitos de selección, formación y adiestramiento establecidos por la Consejería competente”. La Administración, señala la norma, “podrá facilitar a los grupos de voluntarios (...) medios materiales para el desempeño de sus funciones”, aunque la colaboración de estas personas “se prestará a requerimiento de la dirección técnica de la extinción”.

Estos grupos de voluntarios de protección civil están registrados y coordinados a través de asociaciones o agrupaciones. No obstante, no todas las personas que se dan un paso adelante para ayudar en la extinción de los incendios pertenecen a estas agrupaciones. Muchos, como Esteban y su hijo, son ciudadanos del propio pueblo, propietarios de las tierras arrasadas o vecinos de otros municipios cercanos, sin una preparación específica o experiencia.

La situación de los vecinos que se resisten a abandonar sus tierras se repite en Castrotierra, León. Jose, un vecino y voluntario, protestaba este jueves ante los intentos de la Guardia Civil de evacuar totalmente su municipio: “Si no hay medios o no puede venir nadie a ayudar, ¿Quién va a quedarse en el pueblo a tratar de apagar el fuego y salvar las casas?”. Luis, primo de Jose, se quedó vigilando toda la noche, atento a la expansión de las llamas. “Solo la gente del pueblo va a estar pendiente de algo así los días y las noches que haga falta. Nuestra vida y nuestras pocas cosas son las que están en juego”, dice. En el mismo pueblo, Migue, vecino y voluntario, baja agotado del tractor: “Mire como estamos”, dice señalando las llamas. “Dejan solos a los pueblos y toda la vida las naciones han salido adelante gracias a los pueblos”.

En Castilla y León, el Plan especial de protección civil ante Emergencias por incendios forestales en Castilla y León (Plan Infocal, responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), aprobado este marzo, abordaba “prever sistemas organizativos para el encuadramiento de personal voluntario”. El documento señala, entre otras cuestiones, que en el Grupo de Seguridad (responsable de la seguridad ciudadana, el orden y el control en la zona de la emergencia y sus accesos) debe figurar una “persona responsable o coordinadora de grupos de voluntarios, en su caso, bajo la supervisión del mando del Grupo de Seguridad”. Es decir, el miembro del Cuerpo de la Guardia Civil que corresponda.

En cuanto a la organización municipal, el Plan Infocal señala que la alcaldía dirigirá, entre otros medios, los “grupos organizados de voluntarios de protección civil”. Del mismo modo, los diferentes planes de cada municipio deberán contar con un catálogo que incorpore, entre otros medios, los equipos de voluntarios organizados con los que cuente. En Castilla y León, según aparece en la web de la Junta, hay 2.918 las personas inscritas como voluntarias en 2024.

Estos días, los grupos de voluntarios han proliferado en todos los fuegos. Uno de ellos, en Tábara, lo forma la cuadrilla de voluntarios liderada por el ganadero Óscar Puente luchan para frenar junto a los efectivos de la Junta de Castilla y León y los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Un equipo de vecinos y brigadistas que ya se enfrentaron a las llamas que arrasaron la Sierra de la Culebra en 2022. Todos intercambian instrucciones con el jefe del retén, dependiente de la Junta de Castilla y León, para trabajar en comandita. Tienen algunos medios, pero no suficientes. Las declaraciones de prudencia de las autoridades no minan su decisión de seguir en las trincheras. “No es el primer incendio ni será el último”, dice Puente.