Nueve malienses y un senegalés, los diez primeros menores trasladados desde Canarias a la península

El Gobierno central y el canario comienzan este lunes a cumplir el auto del Tribunal Supremo en el que dictaminó en marzo que el Estado asumiese la tutela de 1.003 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Este primer cupo está compuesto de nueve malienses y un senegalés que se alojaban hasta ahora en un recurso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que han mostrado su voluntad de trasladarse a otras comunidades autónomas, según han informado fuentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Está previsto que otros 15 niños salgan a finales de esta misma semana.

Los chicos estarán acompañados de personal técnico de las entidades que se hacen cargo de los mismos en el archipiélago, así como de personal del Ministerio de Inclusión Social del Gobierno de España designado por la Secretaría de Estado.

Han tenido que pasar unos cinco meses hasta que el Ejecutivo central ha dado cumplimiento a la orden del Supremo. Y eso, a pesar de que el plazo que concedía el alto tribunal en un principio era de unos diez días. El órgano dictaba de esta manera que resultaba “imprescindible” que el Ejecutivo central se hiciese cargo “de forma urgente” de los chicos asilados para dar salida al hacinamiento que se da en el sistema de acogida de menores de Canarias. El retraso en dar cumplimiento a esta orden, sin embargo, ha desembocado en un enfrentamiento abierto entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y, sobre todo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este lunes en una entrevista en Radio Nacional de España recogida por Europa Press que “hay cierta improvisación y quizás falta de concreción” por parte del Gobierno de España en cuanto al traslado de los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo.

Así lo ha indicado Clavijo al señalar que desde Canarias se ha solicitado el Gobierno central la necesidad de tener un protocolo para el traslado de estos menores porque, citó a modo de ejemplo, en el caso de los niños que saldrán hacia península este lunes, tenían que haberlo hecho “la semana pasada, pero el Estado no comunicó la identidad de los cuidadores que tienen que acompañar a estos menores”.

Esta mañana, han informado en este sentido fuentes del Ejecutivo canario, ha habido un retraso en el primer traslado, dado que alguna de las personas que inicialmente los iban a recibir al aeropuerto de llegada y los tenían que acompañar hasta el centro no era la que había sido comunicada inicialmente. “Ni siquiera han comunicado todavía los nombres de los niños” que van en el próximo traslado de esta semana y que, matizó, sería este “jueves o viernes, con lo cual hay cierta improvisación y quizás falta de concreción”.

Clavijo también se ha referido a las dificultades a la hora de proceder a estos traslados. Hasta ese momento, ha sostenido, se le estaban “vulnerando unos derechos, se estaban incumpliendo los tratados internacionales por parte del Gobierno de España” a estos menores. El presidente canario consideró “triste” que la “vorágine política y este populismo en el que se utiliza la migración” y a los “vulnerables entre los vulnerables, que son los menores”, se emplee como “arma política”, ocasionando un daño que, “en ocasiones, es irreversible”.

Finalmente, el acuerdo alcanzado a finales de junio por ambos gobiernos ha permitido poner en marcha el proceso, que incluye entrevistas individualizadas a cada niño para garantizar que no se dan situaciones de desarraigo. En estas charlas, los menores han de mostrar su voluntad de permanecer en las islas o ir a la península. El Supremo, a su vez, ha requerido un informe quincenal sobre el cumplimiento del auto. El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado una partida de 40 millones de euros, y se comprometió a crear unas 1.200 plazas. Hasta el momento, Migraciones ha puesto sobre la mesa ya 750 de esas plazas, que según ese ministerio se están concretando con las entidades que habitualmente colaboran con esa cartera.

De momento, el Ejecutivo ha descartado que estos menores solicitantes de asilo sean enviados a la Comunidad de Madrid, a raíz de la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que conminó al cierre del centro ubicado en el municipio por no contar con la licencia apropiada para ello. Fuentes de Migraciones apuntaron la semana pasada a EL PAÍS que se van a priorizar recursos pequeños y que están situados en otras comunidades autónomas.

Según las previsiones, se llevarán a cabo entre 30 y 40 derivaciones a la semana, con lo que completar los traslados de todos los menores a los que se refiere el Supremo se demorará, al menos, ocho meses.