El Gobierno iniciará con ocho menores los traslados de solicitantes de asilo de Canarias a la Península

Han tenido que pasar cinco meses para que se cumpla la orden del Tribunal Supremo al Gobierno de que se haga cargo de un millar de menores migrantes solicitantes de asilo que se hacinan en Canarias. El próximo lunes 11 de agosto, los primeros ocho menores saldrán finalmente desde las islas hacia la Península, y otros 15 lo harán al finalizar esa semana. Así lo han confirmado este martes tanto el Gobierno central como el canario, al cierre de una reunión en la que se ha confirmado la puesta en marcha de las derivaciones.

Los traslados se sucederán cada semana con dos derivaciones, y en cada una viajarán entre 15 y 20 menores, según le ha comunicado el Gobierno central a las autoridades canarias. De momento, el Ejecutivo ha descartado la posibilidad de que estos menores solicitantes de asilo sean enviados a la Comunidad de Madrid, a raíz de la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para cerrar el centro ubicado en el municipio por no contar con la licencia apropiada para ello. Fuentes de Migraciones han apuntado que se van a priorizar recursos pequeños y que están situados en otras comunidades autónomas.

La postura de la Comunidad de Madrid es que los tres centros que el Gobierno central ha abierto en la región —los de Pozuelo, Alcalá de Henares y, en la capital, Carabanchel— “no pueden acoger a menores” sino solo a adultos, según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Sin embargo, el Gobierno niega que sea así y ha blindado el procedimiento con la Abogacía del Estado, la Fiscalía y los equipos jurídicos de los ministerios involucrados.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha celebrado el anuncio como una victoria para las islas, en una actuación en la que le ganó el pulso al Gobierno en el Supremo para que asumiera la acogida de estos menores que huyen de guerras, principalmente de Malí, y piden protección internacional en España. “Se hace justicia con estos niños, niñas y adolescentes no acompañados y con esta tierra que ha soportado en solitario todo el peso de este drama humanitario”, ha escrito Clavijo en su cuenta de X.

Estos traslados obedecen a la orden emitida en marzo por el Tribunal Supremo para que en 10 días el Gobierno diera una respuesta a alrededor de mil de esos menores que habían solicitado asilo o manifestado su voluntad de hacerlo. Es, por tanto, una ruta distinta a la distribución de menores migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas que impulsó el Gobierno y aprobó el Congreso el pasado abril. Los traslados que responden a esa distribución, aunque inicialmente se preveía que iniciaran en verano, terminarían empezando entre septiembre y octubre, ante las dilaciones por parte de algunas comunidades autónomas para enviar al Ministerio de Infancia la información sobre los menores que tienen acogidos.

Con esa proyección semanal de entre 30 y 40 menores solicitantes de asilo derivados a la Península, tomará alrededor de siete meses el traslado de los mil niños, niñas y adolescentes a los que se refiere el auto del Supremo. Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias en Canarias, ha señalado que el Gobierno se ha comprometido a remitirles un calendario de derivación “que podrá modificarse con base en que se vayan cerrando flecos que quedan pendientes con las entidades colaboradoras para llevar a cabo los traslados”. Para el caso de las niñas y adolescentes mujeres se está estudiando una fórmula menos prolongada. El inicio de los traslados ha sido bien recibido en Canarias y la propia Rodríguez ha dicho que arroja, por fin, “algo de luz al final de este camino”.

Para cumplir con la orden del Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones de euros y la creación de 1.200 plazas en la Península. Hasta el momento, Migraciones ha puesto sobre la mesa ya 750 de esas plazas, que según ese ministerio se están concretando con las entidades que habitualmente colaboran con esa cartera.

Mientras ello sucede, los menores han sido trasladados al centro de acogida Canarias 50, en Las Palmas, y allí se están valorando de forma individual, para identificar sus perfiles y sus necesidades concretas.

Durante los cinco meses que han transcurrido desde la orden del Supremo hasta ahora, el alto tribunal le ha llamado la atención al Gobierno en varias ocasiones para que la acatara. A comienzos de junio, le ordenó que adoptara de forma “urgente” medidas para hacerse cargo de esos menores y le advirtió incluso de “medidas coercitivas”, como multas e incluso una posible denuncia penal en caso de que persistiera el incumplimiento.

En el corazón del recurso que presentó Canarias ante el Supremo para que el Gobierno se hiciera cargo de estos menores estaba la pregunta de quién debe asumir esa acogida. Si bien los menores son competencia de la comunidad autónoma, al tratarse de solicitantes de protección internacional, el alto tribunal consideró que el Gobierno también tenía competencias sobre ellos, como la tiene sobre los solicitantes adultos. Por tanto, debía garantizar que esos niños y adolescentes ingresaran a la red de acogida estatal.