El Ayuntamiento de Pozuelo ordena cerrar el centro de inmigrantes por no tener licencia

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el PP, lleva meses pidiendo el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) ubicado en la localidad. Se abrió en 2022 para atender a ucranios que llegaban a España huyendo de la guerra sin que entonces encontrara oposición alguna. Su uso se amplió al año siguiente para acoger personas procedentes de otros países, en un momento en el que hubo un repunte en el número de llegadas a Canarias, y los problemas políticos llegaron después. Según ha adelantado El Mundo y ha comprobado EL PAÍS, el consistorio ha movido ficha y ha ordenado su cierre inmediato tras una inspección urbanística con la que ha determinado que carece de la licencia necesaria para esa actividad. “Lo que está haciendo el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad”, ha denunciado este jueves por la mañana. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido que existen “mecanismos legales” para que las comunidades autónomas cumplan con el reparto de migrantes que fija la ley de extranjería. El Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones sobre el cierre del centro.

El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha señalado que esta mañana todavía no había recibido ninguna notificación formal del resultado de la inspección. “Analizaremos cuando llegue una comunicación formal y se responderá como corresponda”, ha afirmado Martín. “Tendríamos que estar en dar soluciones, no en generar más problemas”, ha añadido el delegado. “Es una responsabilidad que nos corresponde por ser frontera sur de Europa”.

El centro de Pozuelo es un edificio que pertenecía al área de Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero que cedió al área de Migraciones en 2022 para atender la emergencia humanitaria que provocó el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania. Por allí han pasado ya más de 100.000 personas con algún tipo de protección internacional y nunca había habido ningún problema con el Ayuntamiento, explica una fuente del Ministerio de Migraciones.

La mayoría de las personas que están allí tienen protección internacional, pero también las hay con protección temporal y atención humanitaria. En este momento viven 404 personas en el Creade, aunque tiene capacidad para acoger a 564. De ellas, 187 son ucranias y las 217 plazas restantes están ocupadas principalmente por migrantes procedentes de países de África, aunque también hay varias decenas de Venezuela y de Colombia. Según la delegación de Gobierno, todos los menores que hay allí están acompañados por sus familias.

Después de hacer dos inspecciones, el Ayuntamiento de Pozuelo ha comprobado que el uso autorizado del centro es terciario y comercial. Su licencia es de 2013 y no autoriza el uso residencial, aunque sí tiene licencia de hotel. Según el consistorio, eso no es suficiente porque las instalaciones se están utilizando como lugares de acogida estables y no solo de manera temporal.

El resultado de la inspección urbanística en Pozuelo es vivido como una victoria para el Ayuntamiento de la localidad, donde gobierna el PP con 17 concejales frente a los ocho de la oposición. Su alcaldesa, Paloma Tejero, lleva tiempo preocupada porque asegura que el Gobierno de España pretende derivar allí a 400 migrantes más, todos ellos menores no acompañados. El 17 de junio, el pleno municipal aprobó una moción para oponerse a ese traslado.

El delegado del Gobierno ha negado que sea así esta mañana en una entrevista en RNE. Asegura que todavía no se ha fijado una ubicación para el traslado de esos menores y que lo que está haciendo el Ayuntamiento de Pozuelo “es un ejercicio de racismo preventivo”.

“Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo”, ha defendido la alcaldesa este jueves. “Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías”, ha añadido.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha apoyado el cierre del centro. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha defendido que el Ayuntamiento de Pozuelo se está limitando a “cumplir la normativa” y ha pedido al Ejecutivo central que también cierre el Cetro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares y el de Carabanchel.

La polémica se enmarca dentro del debate nacional sobre el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de las Islas Canarias. Las comunidades Gobernadas por el PP se han opuesto sistemáticamente a esta medida y sus líderes no se presentaron a la Conferencia Sectorial de Infancia que tuvo lugar a medidos de julio, donde se iba a abordar el asunto.

“Está claro que hay mecanismos legales al respecto. No se puede nadie negar a cumplir una ley”, ha defendido este jueves Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Lo ha hecho precisamente al salir de una reunión en Las Palmas de Gran Canarias con delegados de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla para informarles sobre el protocolo de actuación en “situaciones de contingencia migratoria extraordinaria” para la protección de los menores no acompañados. Desde allí ha solicitado la colaboración de todas las regiones de España en este asunto.

La redistribución es posible gracias a una modificación de la ley de extranjería que fue aprobada en abril en el Congreso, con el voto en contra de los populares. El Ministerio de Juventud e Infancia ha contabilizado 3.975 menores que deben ser acogidos en diferentes puntos de España. Según la propuesta del ministerio, el grueso de los menores los acogerán Andalucía y Madrid. Entre las dos suman 1.324, lo que supone una tercera parte del total.