La agonía de Escalerillas: 12 familias de Gipuzkoa se resisten a desalojar sus casas para que construyan un acceso ferroviario al puerto

“Escalerillas borrokan” (Escalerillas en lucha) figura en letras gigantes en un gran mural pintado en el costado de un bloque de viviendas de Pasaia (Gipuzkoa) que podría tener los días contados. Las 12 familias que viven en Escalerillas, la mayoría vecinos con edades que superan los 60 años, se resisten a abandonar las casas donde residen desde hace casi seis décadas. Fueron construidas a mediados de los sesenta del siglo pasado por el Puerto de Pasaia en sus terrenos para alojar a trabajadores portuarios. Ya no vive ninguno de estos empleados, solo sus viudas y herederos, mucho de los cuales también han trabajado durante décadas para el puerto. La autoridad portuaria les ha comunicado que deben marcharse de sus hogares porque Escalerillas va a derribarse. En su lugar va a construirse una conexión ferroviaria que permitirá el acceso de trenes con mercancías a la dársena. Los afectados han desplegado en todos los balcones pancartas con el mismo mensaje: “El Puerto de Pasaia desahucia”.

“Las casas de Escalerillas son muy humildes, pero para nosotros son como unas villas. Marcharnos de aquí es muy doloroso. Y lo peor es escuchar que somos unos okupas”, asegura Arantza Dorronsoro, que vive ahí desde que nació hace 58 años. La madre de Arantza Etxeberria cumplirá 84 en septiembre y reside en este edificio desde el primer día: “Estoy muy preocupada, porque llevo aquí casi toda mi vida y si nos mandan yo me muero en dos días”, dice con mucha pena. Los portales 10 y 11 de la calle Herrera acogieron en 1966 a empleados de mantenimiento del puerto que suscribieron contratos de arrendamiento (comenzaron pagando 700 pesetas de la época al mes) que tras su fallecimiento fueron quedando en manos de las viudas y de sus descendientes.

A finales de 2023 conocieron oficialmente que la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), organismo integrado en Puertos del Estado, había decidido liberar los suelos de Escalerillas para ejecutar un proyecto ferroviario de entrada del ancho métrico al puerto, una obra que ejecutará Eusko Trenbide Sarea (el administrador ferroviario del Gobierno vasco) por un montante de siete millones de euros. “Cuando hicieron el proyecto del tren no tuvieron en cuenta que aquí vive gente desde hace casi 60 años. Eso es lo triste”, se queja Dorronsoro. El director del puerto, David Candelario, explica que “no había trazado alternativo y la línea ferroviaria es rígida, no permite esquivar las casas”.

Aunque los vecinos no hacen distingos entre sí, la autoridad portuaria establece diferencias entre las cinco familias que en la actualidad “cumplen los contratos de arrendamiento” originales (viudas de exempleados) y las siete restantes (herederos) que, según la entidad portuaria, “han seguido haciendo uso de las viviendas sin el correspondiente derecho a prórroga”. Arantza Dorronsoro se muestra contrariada porque “hay vecinos que han seguido pagando la renta a nombre de sus padres después de fallecer estos. También les quieren echar. Están jugando con nuestra vida, con nuestros sentimientos. Nos están tratando muy mal. El puerto es insensible y está demostrando falta de humanidad”. Los inquilinos aseguran que todas las reformas y mejoras realizadas en las casas (en su origen llevaban cocinas de carbón y electricidad a 125 voltios) han sido costeadas por ellos.

Los vecinos han organizado manifestaciones, repartido carteles por el municipio y recogido firmas por la calle y en internet. Reciben el asesoramiento del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, que denuncia la pretensión del Gobierno vasco de “echar a unas familias de sus casas para beneficiar a la empresa Algeposa”, afirma Klara Pisano, portavoz del citado sindicato: “Algeposa es la empresa que más mercancía mueve en Pasaia. Con el nuevo acceso ferroviario se ahorrará los costes que tiene ahora con los camiones”. El Pueerto de Pasaia calcula que con esta nueva infraestructura conseguirá reducir en 6.000 la cifra de camiones que anualmente transportan mercancías a la dársena.

La lucha vecinal ha alcanzado hasta el Ayuntamiento, pero en contra de sus intereses. Todos los grupos políticos rechazaron en enero pasado una moción de apoyo a las familias que pedía “un posicionamiento contra los desahucios y a favor de una alternativa de vivienda para todos los vecinos de Escalerillas”. El sindicado que les representa considera que en esa sesión municipal “quedó claro que el negocio está por encima del derecho a la vivienda”.

Candelario, cuatro años al frente del Puerto de Pasaia y 16 trabajando en la dársena, sostiene que esta entidad les ha ofrecido “una salida ordenada de las viviendas y todo lo que legalmente se puede asumir”. La autoridad portuaria aclara que a los cinco inquilinos que cumplen las condiciones del contrato de arrendamiento se les ofrecieron indemnizaciones económicas de 115.000 euros de media. Dos familias aceptaron el dinero y otros tres la han rechazado. “La indemnización varía en función de la esperanza de vida y es menor para las personas de mayor edad. Y esa cantidad la recibirían cuando derriben los edificios”, expone Jon Serrano, residente y marido de Arantza Dorronsoro. Candelario, por el contrario, asegura: “Se descartó la vía de la expropiación y la indemnización es lo máximo que legalmente podemos ofrecer. Es la solución menos mala posible”.

El puerto distingue la situación de las siete familias restantes, estas “sin derecho de prórroga” de los alquileres. A estos, dice Candelario, se les planteó la posibilidad de “encontrarles una solución de realojo en otras viviendas propiedad del puerto”. Solo dos aceptaron mudarse a otros domicilios. Contra los cinco vecinos que se oponen a abandonar Escalerillas, la autoridad portuaria interpuso una demanda judicial que el juzgado resolvió el 2 de julio a favor de los intereses del puerto. “Nos ofrecieron unas casas en Pasaia San Juan que están ocupadas. ¿Qué pretenden? ¿Van a echar a esas personas para meter ahí a mi madre? Es un despropósito. Mi madre no se quiere ir de aquí”, clama Arantza Etxeberria. Los vecinos van a recurrir el fallo.

“Hemos agotado todo tipo de posibilidades durante dos años para evitar acudir a los tribunales. Ha habido voluntad de negociar y de llegar a un acuerdo, pero no ha sido posible porque los intereses son difíciles de conciliar y se ha llegado a una situación dolorosa”, comenta Candelario. El puerto, a la vista de la reciente sentencia, mantiene la esperanza de que “las familias se replanteen su posición y se pueda lograr un consenso”.