La denuncia anónima de 2017 que dio un giro al ‘caso Montoro’: “A algunas empresas se les ‘sugiere’ la contratación desde el mismo Gobierno del PP”

Las sospechas sobre Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro que se sitúa en el epicentro de una supuesta trama de corrupción de intereses empresariales, se extienden durante años. Los indicios contra este bufete llevan sobre la mesa de la Fiscalía Anticorrupción desde hace una década, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En este tiempo se han desarrollado dos instrucciones judiciales (una archivada en 2019 por un juzgado de Madrid; y otra impulsada por otro de Tarragona, que ha explotado esta semana con la imputación formal del exministro) que reflejan un similar modus operandi: Equipo Económico era contratado por terceros con el objetivo de que, echando mano de sus contactos en las altas instituciones del Estado gracias a los puestos ocupados en Gobiernos del PP, “influyese” en “las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Este es el recorrido conocido:

Primera denuncia anónima (2013). La Fiscalía Anticorrupción recibió un escrito fechado el 26 de septiembre de 2013 que denunciaba “presuntos ilícitos” en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio “por la posible adjudicación de algún contrato de forma directa para favorecer a empresas amigas”. El ministerio público comenzó a tirar del hilo y fijó su atención en Equipo Económico, que había resultado adjudicataria en 2012 de un contrato de dicha entidad.

Primera querella y segunda denuncia anónima (2017). Tras varios meses de investigación, la fiscal Carmen María García Cerdá firmó la primera querella contra Equipo Económico el 24 de abril de 2017 por su vinculación con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Esta se dirigía, entre otros, contra varios miembros de EE: Ricardo Montoro, expresidente del CIS y hermano del exministro Cristóbal Montoro; Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos; Salvador Mariano Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria; Manuel Vicente Tutor, exdirector del gabinete del director general de la Agencia Tributaria; y Francisco Piedras, ex director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda.

En esa querella, a la que tuvo acceso EL PAÍS, Anticorrupción exponía que los socios de Equipo Económico “ofrecían sus servicios” para conseguir que se legislase en favor de quien les contrataba —en ese caso, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio—, “valiéndose presuntamente del hecho de haber ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración Pública y de su posibilidad de interceder en altos cargos públicos del Estado”.

Antes de que la Fiscalía presentase esta querella, que asumiría después un juzgado de Madrid, empezó a extenderse el runrún sobre la existencia de una investigación contra Equipo Económico. Y, entonces, el ministerio público recibió una segunda denuncia anónima, fechada el 13 de marzo de 2017. En este escrito se decía: “Equipo Económico Sociedad Limitada, creada por Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda, opera como lobby al que importantes empresas se ven obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirán en su cuenta de resultados. A algunas empresas se les ‘sugiere’ la contratación desde el mismo Gobierno. Otras lo hacen voluntariamente”.

“El Modelo 347 [declaración a Hacienda de operaciones con terceras personas] de Equipo Económico les permitirá descubrir clientes, cantidades y fechas que podrán cuadrar con momentos ‘sensibles’ en los marcos reguladores”, apostillaba el anónimo, apuntando a “energéticas” y “renovables”, entre otras compañías.

Esta denuncia incidía en que el bufete fundado por Montoro tenía entre sus clientes a “importantes empresas con intereses en contratos públicos y en las iniciativas gubernamentales de regulación del sector al que pertenecen”. Y, además, detallaba supuestas reuniones y contactos entre altos cargos de empresas (menciona Ferrovial y Abengoa) y de la Administración, como secretarios de Estado. “Montoro fundó Equipo Económico en 2006, cuando el PP estaba en la oposición, bajo la denominación Montoro y Asociados, y se ‘desvinculó’ (no del todo) cuando regresó a la política”, subrayó el anónimo, que remachó: “Hay malestar en algunas empresas, dado que se han visto obligadas e invitadas a encargar informes que no necesitaban [...] Los ‘trabajos’ realizados carecen del valor que aparece en las facturas”. “No puedo revelar mi identidad por motivos laborales”, se despedía el autor del escrito.

Un hallazgo casual en Tarragona abre otra línea de investigación (2017). Mientras tanto, un juzgado de Tarragona investigaba a una empresa gasista catalana, Messer Ibérica de Gases, por un delito contra el territorio. Durante un registro a la sede de la compañía, la policía encuentra unos correos sospechosos. En uno, el director técnico de la compañía, Rubén Folgado, escribía: “Utilizando mi cargo de presidente de la comisión de energía de AEQT, he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector, pero esto llevará tiempo. La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”.

Ante este hallazgo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona abrió en 2018 una segunda investigación sobre Equipo Económico, que ha permanecido bajo secreto hasta ahora y que ha propiciado la imputación del exministro. Según fuentes de la investigación, la Fiscalía incorporó a estas pesquisas esa segunda denuncia anónima que había recibido en 2017 y que apuntaba a un “habitual” modus operandi de EE, más que a una práctica puntual de influencia. Tras analizarlo y recopilar información de Hacienda del bufete, los Mossos concluyeron que “cobra fuerza la hipótesis barajada de inicio, según la cual, Equipo Económico habría estado cobrando grandes cantidades de dinero en concepto de comisiones por su capacidad de influir en las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Los informes de los investigadores señalaron que la “actividad aflorada se ha dado con una cierta habitualidad y ha afectado a amplios sectores de la economía”. Por ejemplo, “las gasísticas habrían contratado los servicios de Equipo Económico como mero vehículo para acceder al Ministerio de Hacienda y lograr un anhelado cambio legislativo”. “La actividad que realizaba EE excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá. Aprovecharon la estrecha colaboración con miembros del Gobierno que, por formar parte del Consejo de Ministros, participaban en la iniciativa legislativa”, apuntaron los Mossos, según fuentes de las pesquisas.

Archivo de la primera querella (2019). El Juzgado de Instrucción 22 de Madrid archivó la primera querella que había presentado la Fiscalía contra Equipo Económico por su vinculación con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Una decisión que confirmó la Audiencia Provincial de Madrid en 2019 al no apreciar suficientes indicios de delito, según informó Infolibre.

Explota el caso de Tarragona (2025). Tras más de siete años investigando en secreto a Equipo Económico, las pesquisas del Juzgado de Tarragona irrumpen en la actualidad. El magistrado Rubén Rus levantó el secreto de sumario el pasado 19 de junio y notificó la imputación de 28 personas (entre ellas, el exministro Montoro). El juez concluyó: “El resultado de las diligencias llevadas a cabo pone de manifiesto la existencia de una organización, en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. Así, a cambio de importantes pagos y con un presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes”.