Un funcionario, sobre la mayor obra pública del actual Gobierno de Navarra: “Mi papel no es tragar sapos ni pasar por imbécil”

“[Mi papel], desde luego, no es el de tragar sapos; tampoco va en mi nómina pasar por imbécil”. Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de la mayor obra del actual Gobierno de Navarra, la ampliación del túnel de Belate, había dejado por escrito las irregularidades que a su juicio se estaban produciendo durante la adjudicación. Pero después de ver la comparecencia en el Parlamento navarro del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, Serena escribió además a la comisión de Cohesión Territorial del parlamento autonómico el 18 de marzo de 2024. El funcionario empezaba apartando sapos y acababa resumiendo por qué había dado ese paso: “No se puede exigir la garantía de los tan cacareados principios [...] de interés general, de transparencia y de buen gobierno y, a la vez, transigir, como si tal cosa, con la mayor de las chapuzas”.

El funcionario calificaba de chapuza la adjudicación, por unos 70 millones de euros, de las obras de ampliación del Túnel de Belate a una Unión Temporal de Empresas liderada por Acciona a finales de 2023, según adelantó Diario de Navarra. La misma compañía que, dos años después, la Guardia Civil sitúa en el vértice de la trama de mordidas por obra pública de dos exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Los sapos eran todas las irregularidades que el secretario y otros tres miembros de la mesa habían señalado en actas y votos particulares del procedimiento y a las que el gobierno de Chivite rebajó su importancia.

“No es cierto que los votos particulares sean habituales en las mesas de contratación”, respondía el secretario en su escrito. “En los casi 28 años en que he ejercido como vocal secretario [...], únicamente suscribí uno y en un supuesto totalmente diferente”, añadía. Además del secretario, otros dos letrados emitieron votos particulares y una representante de la Junta de Contratación pidió ser relevada.

Lo que parecía un asunto estrictamente foral, la ampliación de un túnel que conecta el norte de Navarra camino de Irún, llega este martes al Senado, en Madrid. Tanto el funcionario como el consejero están citados, a petición del Partido Popular, en la Comisión de investigación del caso Koldo-Cerdán-Ábalos (oficialmente, operación Delorme). En la obra más grande de Navarra, la sociedad más pequeña de la UTE que ganó era Servinabar, la empresa gancho de la trama que el Supremo atribuye presuntamente al exdiputado navarro, Cerdán, al exministro de Transportes, Ábalos, y al hombre de confianza de ambos, Koldo García.

El juez del Supremo ha afirmado que Belate no está, de momento, entre las obras investigadas en el alto tribunal. Pero su sombra se sigue alargando. Más allá del Senado y del Supremo, que Belate no salga en el informe de la UCO conocido el mes pasado, quizá no sea tan significativo como el hecho de que la Guardia Civil dispone de la documentación sobre esa adjudicación desde hace casi un año.

Y entre esa documentación, además del escrito que el secretario dirigió al Parlamento porque a su juicio el consejero Chivite había malinterpretado sus actas y sus votos particulares (“no puedo admitir que [...] se me mencione y utilice para justificar una actuación con la que no estoy de acuerdo”), está lo que el propio secretario, otro letrado de la mesa y el propio interventor, documentaron.

Como ya publicó este diario, en el departamento del que dependía la adjudicación, se decía de antemano que la ganaría Acciona; se rompió la debida confidencialidad del procedimiento; el presidente votó después de conocer los votos del resto de técnicos, a pesar de que la mesa es un órgano colegiado, y decantó la adjudicación en favor de Acciona, según consta en el expediente del procedimiento. Y más allá del expediente, el Gobierno socialista de María Chivite había ido prorrogando la vida laboral del decisivo presidente de la mesa, Jesús Polo Soriano, hasta los 73 años.

A ninguno de los funcionarios que votaron en contra de la adjudicación les convenció la motivación de las puntuaciones: “Si no se comparan unas ofertas con otras, si no se señalan las ventajas o deficiencias; si el informe únicamente se limita a relatar el contenido de las propuestas de las empresas; [...] no se justifica el alcance de la puntuación”, resumía Serena en su carta enviada al Parlamento.

Testimonios “demoledores”

Voces a ambos lados del arco político navarro coinciden que la adjudicación del desdoblamiento del túnel de Belate es una historia comprometedora para el ejecutivo de María Chivite. Koldo Martínez, un histórico de la política navarra que fue portavoz del partido de Uxue Barcos que gobernó la comunidad entre 2015 y 2019 y luego senador con el acuerdo de Geroa Bai y el Partido Socialista Navarro, admite que los testimonios de estos funcionarios “son demoledores”.

La solidez de esos testimonios fue lo que decidió a Unión del Pueblo Navarro, el partido hegemónico del centroderecha, a entregarlos en el cuartel de Pamplona de la Guardia Civil. “Cuando la reacción del gobierno [de Chivite] fue la de ocultar información, evitar comparecencias de funcionarios, no tuvimos más remedio que denuncia”, afirma Javier Esparza, presidente de UPN y líder de la oposición en el parlamento navarro. “UPN denunció y no dio una rueda de prensa, sino que guardamos silencio y dejamos trabajar a los investigadores”.

Uxue Barcos, líder de Geroa Bai y actual senadora, es más prudente que su compañero de filas, Koldo Martínez. “Tenemos que ser muy rigurosos. La cámara de [cuentas navarra] analizó el caso en las cuentas generales de 2023 y analizó las diferencias que había habido entre unos y otros. E hizo recomendaciones interesantes, porque creía que se podían mejorar el procedimiento. Pero no vio irregularidades, lo que no quiere decir que no las haya habido”. El informe no vio indicios de delito, pero sí llamó la atención sobre numerosas deficiencias: entre otras, la falta de motivación de los informes de valoración de las ofertas.

La presidenta María Chivite está de vacaciones en las Azores y no regresa hasta el lunes que viene. Tampoco Serena ni el consejero Chivite han querido hablar para este artículo.

Los dos comparecerán por separado ante el Senado. No será un cara a cara, pero sí hablarán en igualdad de armas. Fue el desacuerdo con la forma en que el consejero Chivite interpretó las actas y los actos de Serena, lo que llevo a este último a dirigirse por escrito a la Comisión de Cohesión Territorial en marzo de 2024. “Correré el riesgo de ser malinterpretado. No me importa”, escribía entonces. En el Senado, incluso si se le malinterpreta, será con luz y taquígrafos.