El nuevo ideario del PP: endurecimiento sobre inmigración, sin rastro del aborto y defensa de la libertad de prensa o la tauromaquia

Un líder territorial del PP comentaba en los pasillos de Ifema que, en otros congresos del Partido Popular, a veces había terminado la jornada a la una de la madrugada debatiendo sobre enmiendas a las ponencias. La imagen contrasta con la de este viernes, cuando antes de las nueve de la noche ya se había despachado el diseño final de los textos, que este sábado han sido ratificados en el cónclave por unanimidad tras llegar con prácticamente todas las enmiendas ya acordadas, después de haberse planteado 900. “Es la primera vez que tanto la ponencia política como la de estatutos se vota de manera unánime”, se ha vanagloriado el presidente del 21º congreso, Xavier Albiol.

La frase de Albiol tiene truco. No ha habido contestación pero porque había poco margen para las opiniones encontradas. Después de ocho años, Alberto Núñez Feijóo ha evitado la controversia en el seno del PP dejando directamente fuera del ideario de la formación cuestiones espinosas que enfrentan a distintos sectores del partido, como el aborto —que él defiende pero que ni siquiera se menciona ahora en el documento, de 52 páginas— o la eutanasia. Nadie ha levantado la mano tampoco. Ni siquiera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Día Ayuso, para dar un vuelco al borrador con modificaciones sustanciales, pues nadie estaba dispuesto a ser señalado por dar la batalla mientras el PSOE sangra por el duro golpe del caso Cerdán. Las acusaciones contra el ex secretario de Organización socialista han allanado así el camino a Feijóo para poder acallar las voces discordantes y para no remover las aguas en torno a debates escabrosos.

De hecho, la ponencia política es en muchos momentos una enmienda a la totalidad de la acción del Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso que el documento será la base que marque el camino de la formación durante, a priori, varios años. “Necesitamos una España en la que se hable menos del pasado y más del futuro”, dice la ponencia en el folio 24. Fuentes de la organización del congreso reconocían hace días que no pretendían reabrir debates pasados, que entienden amortizados, sino dibujar la España “que viene” de ahora en adelante.

“Es un alegato de la moderación. Con un proyecto honesto, centrado”. Así ha defendido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, uno de los cuatro ponentes del texto político del PP, que se define como “un partido de centro-reformista que aspira a ser la casa común de liberales, democristianos y conservadores”. La indefinición sobre cuestiones que afectan a libertades fundamentales permite además a los populares su objetivo de crecer a derecha y a izquierda. Sin embargo, y como novedad, el texto sí deja meridianamente claro el endurecimiento de la posición del PP sobre inmigración. También se ha pactado a última hora mencionar los retrasos en los trenes, hacer una defensa expresa de la energía nuclear o agilizar la liberalización de suelo para construir.

Más trabas a la inmigración. El borrador de la ponencia, distribuido por Génova hace un par de semanas, ya sentó unos preceptos más férreos en este aspecto. Pero, además, entre las únicas cinco enmiendas incorporadas este fin de semana se añadió una que pone más cortapisas a los inmigrantes. La modificación fue propuesta por el PP vasco, liderado por Javier de Andrés. “Recibir prestaciones asistenciales no puede generar por sí mismo el derecho a residir legalmente en España”, se ha introducido en el documento definitivo. El borrador ya contemplaba, entre otras limitaciones, desligar el empadronamiento del acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas. Y asegura que el uso del burka o el niqab suponen “una negación simbólica y práctica de la libertad de las mujeres”.

La prostitución también queda fuera. Ni aborto, ni eutanasia ni vientres de alquiler, como ya se vislumbró en el borrador de la ponencia. Tampoco se aborda la abolición o no de la prostitución, pese a los intensos ataques contra el exministro del PSOE José Luis Ábalos por sus “amigas” y “sobrinas”. “Ha generado mucho debate dentro del partido”, señalan fuentes parlamentarias del PP sobre su posición ante la ley abolicionista que impulsaron los socialistas y que podría tramitarse en el próximo curso político. Uno de los asuntos que genera más debate internamente es el de si penar o no a los consumidores.

No entra el PP en cuestiones del colectivo LGTBIQ salvo en lo que se refiere a las personas transexuales, a diferencia del texto de 2017. “La autodeterminación de género que actualmente recoge la legislación profundiza en el borrado de las mujeres”, sostenía el borrador de la ponencia. “Y provoca una profunda inseguridad jurídica”, han añadido tras el debate de las enmiendas. Tampoco se hacía hace ocho años una defensa expresa de los medios de comunicación ni se mencionaba a RTVE. “Ninguna autoridad política puede estar por encima del código deontológico de los periodistas. Por eso, llevaremos a cabo todas las actuaciones necesarias para asegurar la independencia de RTVE y de todos los medios de comunicación públicos”, especifican ahora.

Tipificar el referéndum ilegal. La palabra “Constitución” o su derivada “constitucional” se repite hasta en 26 ocasiones, frente a las 20 que aparece en el documento anterior. “Frente a los separatismos insolidarios y la demagogia recentralizadora, creemos que el Estado de las Autonomías, aún perfectible, no solo es el que mejor se ajusta a la realidad de nuestra nación y la pluralidad de sus ciudadanos, sino que supone un mecanismo de contrapeso dentro del propio poder ejecutivo”, indica el documento final. También se pide recuperar el delito de sedición y tipificar el delito de “referéndum ilegal” en el Código Penal.

Mención expresa a la tauromaquia. A diferencia de lo que ocurrió en 2017, la ponencia reserva un apartado expreso a la tauromaquia. “Es una expresión cultural con profundas raíces históricas y merece todo el respeto: defenderla es defender la libertad individual y el derecho a conectar con nuestras raíces sin imposiciones”.

Lenguas cooficiales. La ponencia definitiva incluye: “Garantizaremos que las Administraciones de los territorios con cooficialidad se dirijan a los ciudadanos en la lengua oficial o en la cooficial, a elección del ciudadano. Este apartado es contradictorio, porque podría suponer tener que tener funcionarios que puedan atenderte en dichas lenguas cooficiales, algo que combate el PP en comunidades como Cataluña. También: “Blindaremos el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados y en los órganos de máximo nivel político de cooperación entre el Gobierno nacional y las Comunidades Autónomas y mantendremos la posibilidad de uso de las lenguas cooficiales en el Senado.“ Es decir, se niega el uso de pinganillos en foros como la Conferencia de Presidentes, tras la polémica de este año.

Sin vetos a los pactos. Tras alcanzar un acuerdo in extremis con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, el documento deja la puerta abierta a los pactos con Vox y con Junts. “La defensa del Estado, la Nación y el Orden Constitucional serán objetivo irrenunciable de cualquier pacto de gobierno”, es la redacción final.