Feijóo acusa al PSOE de “comprar Gobiernos” y anuncia una ofensiva contra Sánchez “en las Cortes, los tribunales y la calle”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto de partido este miércoles en Melilla, horas después de la comparecencia en la que la exmilitante socialista Leire Díez negó haber actuado en nombre del PSOE, para elevar el tono contra Pedro Sánchez y para presentarse como próximo presidente del país, dando por hecho que el Gobierno caerá porque ya “agoniza”. “El PSOE ha cruzado todos los límites de la inmoralidad. La justicia dirá si también han cruzado los límites de la legalidad. Han comprado gobiernos, han comprado apoyos con el dinero de los españoles. Y ningún Tezanos [José Félix, presidente del CIS]; ningún García Ortiz [Álvaro, fiscal general del Estado], ninguna Leire y ningún Conde-Pumpido [presidente del Tribunal Constitucional] nos va a convencer de que una mentira es verdad”, ha dicho el jefe de los populares. Feijóo criticaba así la decisión del Constitucional de avalar la ley de amnistía, despreciando al tribunal de garantías y a sus magistrados, pese a que ese es precisamente uno de los reproches que tanto él como su partido hacen al Gobierno, el de cuestionar a los jueces.

“Soy incapaz de entender qué está pasando en la política española. Estoy abochornado. El PSOE está en caída libre, atrapado por un sistema absolutamente corrompido. Y yo no voy a limitarme a ser un comentarista de la degradación que vive España. Voy a rescatarla de la indecencia continua. Estoy preparado para asumir la responsabilidad de devolver a este país la altura de su pueblo”, ha añadido Feijóo, quien no logró formar una mayoría suficiente para gobernar tras las elecciones de 2023.

El líder de los populares se presentó como el antídoto contra la indecencia política. “Nosotros no tenemos Leires. Legislan para protegerse entre ellos. Usan las instituciones para servirse. Se tapan unos a otros (...) y el congreso [del PP, el próximo julio] será una respuesta al abuso, al meter la mano en la caja, a la difamación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la persecución de jueces y fiscales, a la censura de medios de comunicación”.

La historia del PP, sin embargo, tiene abundantes ejemplos de todo eso que Feijóo atribuye al PSOE y con lo que promete acabar si llega al poder. La Audiencia Nacional celebrará el año que viene el juicio por el caso Kitchen, la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar al PP y en el que están procesados, con una petición de 15 años de cárcel, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, en prisión desde el pasado jueves acusado de formar parte de una trama de blanqueo y robo de datos junto al pirata informático Alcasec. Además del exministro y su número dos, el juez también procesó por la operación “parapolicial” al ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino; a cinco comisarios (José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera y Andrés Gómez Gordo); a los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano; y a Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, a quien se captó como confidente. Y el pasado marzo, el juez Santiago Pedraz estrechó el cerco sobre la guerra sucia contra Podemos durante el mandato del PP.

Feijóo también ha aprovechado su intervención este miércoles en Melilla para hablar de inmigración, en un discurso muy próximo al de Vox, ligándola a la delincuencia. “Es urgente parar el efecto llamada, este flujo descontrolado (…) Quien venga a cumplir las leyes tendrá derechos y obligaciones, pero quien venga a delinquir y no respetar nuestros valores se irá por la misma puerta por la que entró”, ha dicho. El líder del PP también aseguró que el Gobierno echa a los inmigrantes “en brazos de las mafias” y que reparte “menores como si fueran paquetería en función de quién gobierna las comunidades autónomas: en las de los independentistas no hay, en las del PP se los trasladamos”. El criterio del reparto, pendiente de ser consensuado con las autonomías, tiene en cuenta el número total de menores extranjeros no acompañados y la población y concluye que lo ideal es que cada comunidad acoja a 32 de estos niños por cada 100.000 habitantes. Actualmente, Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares hacen un gran esfuerzo en este sentido, mientras que otros territorios como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cantabria, mantienen déficits del 300%. Cataluña, con una población de más de ocho millones de personas, cuenta con 5.100 plazas para acoger menores (locales y migrantes no acompañados) y dedica casi la mitad de todos sus recursos a los segundos. Además de Canarias, por la coyuntura en la que se encuentra, es la comunidad con más camas con mucha diferencia.