Sáenz de Santamaría niega que hubiera una Operación Cataluña contra sus rivales políticos en su Gobierno y ensalza el 155

La vicetodo y número dos del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, sostiene que no sabe nada de lo que se conoce como la Operación Cataluña, que nadie le indicó en aquella etapa ninguna orden al respecto, que nunca dio una instrucción ni al CNI ni a ningún cuerpo policial para investigar ilegalmente a rivales políticos como hay varios cargos de aquel equipo ya imputados y que nunca conoció ni tuvo nada que ver con el polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo. A todos los partidos menos al PP y a Vox les pareció que esa hipótesis negacionista reiterada hasta la saciedad por Santamaría este lunes, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre esas actividades impulsadas desde la cúpula de aquel Ministerio del Interior, es difícilmente creíble. Y recordaron que entonces la exvicepresidenta, que lleva siete años ya fuera de la política, mandaba tanto que hasta fue 218 días presidenta de la Generalitat, durante la intervención con el artículo 155 de la Constitución.

Tras la comparecencia de Sáenz de Santamaría le ha tocado el turno al expresidente catalán Artur Mas que ha anunciado que presentará una querella criminal contra quienes le espiaron ilegalmente con el programa Pegasus en el marco de la Operación Cataluña tras publicar este lunes RAC1 que el político catalán fue la primera víctima documentada en España de la trama de espionaje. Sus abogados y Mas precisaron más tarde que esa querella se centrará en la cúpula del Ministerio del Interior y varios mandos policiales de aquellos años y la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. La querella contra Rajoy está en estudio. Mas, que declaró durante cuatro horas, calificó aquella operación de “ilegal, ilegítima e inmoral” y lamentó la falta de “gallardía y coraje” de los responsables del Gobierno Rajoy del PP de no asumirla pese a las grabaciones y evidencias que han retratado a todos esos dirigentes. E intentó justificar con un largo contexto histórico y político su giro en favor de proceso independentista a partir de 2015 en la sentencia del Tribunal Constitucional contra el renovado estatut, en los padecimientos sin respuesta a la crisis económica de 2012 y en el rechazo de Rajoy a un pacto fiscal a cambio de montar una consulta que no hubiese roto con la legalidad constitucional.

La comisión de investigación de la Operación Cataluña, que va resurgiendo en las últimas legislaturas como un guadiana parlamentario según los intereses y la actualidad en cada momento, se está centrando en las últimas sesiones en averiguar el grado de responsabilidad y el conocimiento que pudieron tener en determinadas actuaciones ilegales e irregulares de la denominada policía patriótica contra rivales separatistas del PP los distintos responsables del Gobierno de Mariano Rajoy entre 2015 y 2018. Fue la fase final del procés independentista y antes de ser desalojados del poder por una moción de censura.

Pero todos los comparecientes forzados a acudir a esas sesiones, desde el propio Rajoy hasta su entonces ministro del Interior, Jorge Fernández, ya imputado y pendiente de juicio por ese caso, su ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también imputado, la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ahora la exvicepresidenta primera, se han plantado en la cita con la misma estrategia y el mismo contenido. Ni sabían nada, ni nadie se lo ordenó, ni tuvieron algún conocimiento directo o indirecto de esos espionajes no permitidos a rivales, ni se dio alguna instrucción en esa línea al CNI u otros cuerpos policiales. Algunos diputados de ERC, Junts, Bildu o el PSOE hablan ya de Operación Amnesia.

La mayoría de esos altos cargos de los ejecutivos del PP de la etapa Rajoy defienden ahora que tampoco conocían o tuvieron nunca ninguna relación, charla, contacto o negocios con el comisario Villarejo, en el epicentro de esa operación y que ante la propia comisión y en distintas intervenciones ha señalado a ese Gobierno como el que le encargó esos trabajos y que figura en diversas pruebas y grabaciones en charlas con Fernández Díaz, Martínez y Cospedal intercambiando tácticas, maniobras y chanzas al respecto.

Soraya Sáenz de Santamaría siguió al pie de la letra también ese guion, más calmada que otros. Como en su día se situó a la exvicepresidenta única de aquel Ejecutivo en el sector moderado de aquel Gabinete y del PP, con buenas relaciones bilaterales con el exvicepresidente catalán de ERC, Oriol Junqueras, y se le encomendó el mando de la etiquetada como Operación Diálogo y cuyas diferencias fueron evidentes y sonoras con Cospedal y su marido, que fueron los que más contactaron con el comisario Villarejo, algunos diputados imaginaron que podría producirse un desmarque. No sucedió.

Lo intentó la primera Ione Belarra, portavoz y secretaria general de Podemos, uno de los partidos con más dirigentes víctimas de aquellos espionajes y tácticas. Belarra la acusó de intentar en vano “hacerse la tonta” porque razonó que ella “mandaba mucho en aquel Gobierno”. No funcionó. Eso sí, la exvicepresidenta admitió que entonces era muy poderosa, pero le puso algunos peros: “Era la vicepresidenta única, todo me tocaba a mí, me tocó ejercer el poder, pero no lo disfruté”.

A Belarra y luego a Jon Iñarritu, de EH Bildu, a Josep Pagés, de Junts, a Pilar Vallugera, de ERC, a Gerardo Pisarello de Sumar y a Manuel Arribas, del PSOE, les endilgó la misma tesis sobre que no se pudo ordenar ninguna Operación Cataluña porque entiende que nunca existió. Belarra le subrayó que hay informes policiales con 6.900 búsquedas de información comprometida en las redes contra dirigentes de su partido y le mencionó en esa línea el informa Pisa contra Podemos. Nada. Santamaría recordó que lleva ya siete años fuera del panorama político y que aunque lee y procura estar al día ni está ni estuvo en nada que no fuera actuar siempre en el marco de la Constitución y la legalidad, con el CNI y en cualquiera de los muchos organismos y centros que entonces estaban bajo su mando. También aprovechó para colar el mensaje de que aquel Gobierno con mayoría absoluta se encontró una España en “quiebra técnica” y se dedicó a salvarla del rescate.

A la exvicepresidenta le molestó que Belarra la tildara de “hija política de Mauricio Casals”, presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia. Santamaría informó de que su único referente en político fue Rajoy, “hombre recto y cabal”.

Iñarritu quiso indagar sobre su autoridad ante el CNI y su director, Félix Sanz Roldán, a los que se tiene en el punto de mira de algunas de aquellas actuaciones o de posibles espionajes con el programa israelí Pegagus. Santamaría concedió que el centro estaba bajo su mando y que mantuvo en el cargo a Sanz Roldán, que venía de la etapa anterior del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y trabajó para tres presidentes y cuatro legislaturas. Varios diputados intentaron tirarle de la lengua sobre sus conocidas y recurrentes diferencias personales, políticas y de gestión con Cospedal. Apenas concedió, en una réplica, que sobre eso no había admitido ni una cosa ni la contraria.

Lo que sí hizo, con ganas, fue entrar al debate con los diputados de Junts y ERC sobre los motivos para utilizar por primera vez en la historia de esta democracia el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat y parar el intento de decretar unilateralmente la independencia de Cataluña. Santamaría ensalzó que aquella decisión se tomó con el consenso del PSOE de Pedro Sánchez y de Ciudadanos, que fue necesaria y útil y se refugió en la sentencia del Tribunal Supremo para destacar que los promotores fueron condenados, aunque destacó que ahora ha sido este gobierno el que los ha indultado con la ley de Amnistía.

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Sáenz de Santamaría: "No tengo conocimiento de la existencia de ninguna policía patriótica ni ninguna operación Cataluña"

Gerardo Pisarello, de Sumar, lamentó que Santamaría se englobase así “en la consigna de los gobiernos del PP de la mentira y la ignorancia de Estado” y de que se alegrase de aplicar un “155 a las maneras de Manuel Fraga”, el patrón y fundador de AP, la anterior marca del PP. Manuel Arribas, del PSOE, intentó sin éxito ligar la salida de la política de Santamaría y su fichaje por el despacho de Cuatrecasas con contratos que habría disfrutado Villarejo con ese bufete. La abogada del Estado en excedencia Santamaría argumentó en favor de poder dedicarse a su profesión sin ser ahora escrutada.

Desde Vox y el PP no plantearon preguntas y coincidieron en descalificar de forma muy gruesa la comisión. Ignacio Gil Lázaro, de la formación ultra, insistió en su teoría de que es una “patraña y pérdida de tiempo para marear la perdiz” y ocultar “la corrupción generalizada y la miseria moral del Gobierno de Sánchez” aunque dejó para que figure en el diario de sesiones diferencias notables con la no gestión de Rajoy del procés separatista catalán. Rafael Hernando, del PP, disparó para culpar de todo lo que sucede o no en España a Pedro Sánchez y entre esos perdigonazos metió la pandemia, la dana, los pelotazos sanitarios, los fichajes políticos de las puertas giratorias, el apagón, los trenes, “las barraganas y señoritas” de José Luis Ábalos y hasta la consulta ciudadana anunciada sobre la opa al Sabadell. Santamaría se limitó a sonreír y concluyó: “Muchas gracias”.

La próxima sesión de la comisión será el lunes, 19 de mayo, con las comparecencias del exalcalde de Barcelona Xavier Trias y el presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.