La presidenta de Extremadura exige por carta a Sánchez “un informe objetivo y acreditado” sobre las causas del apagón

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), ha exigido por carta a Pedro Sánchez “un informe objetivo y acreditado” de las causas del apagón generalizado que vivió toda la península Ibérica el pasado lunes, 28 de abril. En una misiva enviada al presidente del Gobierno, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Guardiola reprocha a Sánchez “la ausencia de información oficial a cinco días del suceso”, que, asegura, “favorece la proliferación de rumores, versiones no contrastadas y desinformación, lo que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

La carta de la presidenta extremeña al jefe del Ejecutivo central, fechada el viernes 2 de mayo, se produce después de que, en las primeras horas posteriores al apagón, Red Eléctrica apuntara como posibilidad del inicio del fallo eléctrico a una caída de la generación fotovoltaica en el suroeste del país. Pero el Gobierno se ha mostrado más cauto, no da por seguro que ese fuera el detonante y ha encargado dos informes independientes para conocer las causas.

La misiva que Guardiola ha enviado a Sánchez no menciona, no obstante, esa primera versión preliminar ofrecida por el operador eléctrico. La presidenta extremeña se limita a instar “respetuosamente” al jefe del Ejecutivo a que le haga llegar toda la información sobre lo sucedido “a la mayor brevedad” para “trasladarlo al parlamento regional y al conjunto de la ciudadanía, garantizando así el derecho a la información y la transparencia institucional”.

“El Gobierno de la Junta de Extremadura considera imprescindible que el Gobierno de España, a través de los cauces oficiales correspondientes, proporcione una explicación razonada y transparente de las causas del apagón, así como de las medidas que se han adoptado —o se prevé adoptar— tanto a corto como a largo plazo para que un suceso como este no vuelva a repetirse”, señala Guardiola, quien advierte a Sánchez de la “profunda preocupación” de su Gobierno por el cero energético.

La dirigente popular señala también que la caída de la red eléctrica, además de implicar la pérdida temporal de servicios de telecomunicaciones y poner en riesgo el funcionamiento de hospitales, residencias, centro educativos y otras dependencias administrativas, generó “una injustificada alarma entre la población”. “Esa incertidumbre se extendió a los sectores públicos y privados que dependen para su funcionamiento de una infraestructura segura y estable”, recalca Guardiola.

Extremadura fue una de las ocho comunidades autónomas ―junto a Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y la Región de Murcia― que el día del apagón solicitaron la declaración del nivel 3 de emergencia recogido en la Ley de Protección Civil. Este supone que el Gobierno, a través del Ministerio de Interior, sea quien asuma la coordinación de las actuaciones necesarias para paliar los efectos del suceso que haya provocado la emergencia, así como la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse para ello.

Al día siguiente, seis de ellas pidieron rebajarlo, pero no así Madrid y Extremadura. Guardiola había argumentado para no hacerlo que, en su opinión, la situación de emergencia nacional seguía ”activa” y que eran los “responsables” de la información del apagón, en alusión al Ejecutivo central, quiénes debían decidir “cuándo decae este nivel de emergencia”. Finalmente, el miércoles Interior dejó sin efecto la declaración de emergencia en ambas comunidades tras certificar sus gobiernos autonómicos que todos los servicios públicos funcionaban ya de manera normal.