La Fiscalía inicia una investigación sobre los españoles internados en campos de concentración nazis

Coincidiendo con el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen, la unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, según ha podido saber EL PAÍS, iniciará diligencias de investigación por delitos de homicidio, asesinato, detención ilegal y desapariciones forzadas en un contexto de crímenes contra la humanidad perpetrados contra la población española que, tras huir de Franco, terminó recluida en campos de exterminio.

Aunque presumiblemente los autores de esos crímenes han fallecido, con la consecuente extinción de la responsabilidad criminal, la ley de memoria democrática de 2022 incluye en su artículo 3 como víctimas a “los españoles deportados en los campos de concentración nazis”; y el capítulo II de la norma regula “el derecho a la justicia, que habrá de ser garantizado a través de investigaciones públicas que esclarezcan las violaciones de derechos humanos producidas durante la guerra y la dictadura”, para lo cual se constituyó figura del fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que ocupa la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado. La base de estas indagaciones está en diez libros custodiados por el Registro Civil Central con información sobre los 4.435 españoles fallecidos en los campos nazis facilitada al Estado por el Ministerio francés de Excombatientes y Víctimas de guerra.

Más de 9.000 republicanos españoles fueron internados en campos nazis con la aquiescencia de Franco. Al llegar les quitaban el apellido, la ropa, el pelo de todo el cuerpo. A partir de ese momento, en Mauthausen eran un número y una macabra cuenta atrás hasta la muerte. De las 190.000 personas que pasaron por este campo y sus anexos, al menos 90.000 murieron. Alrededor de 7.500 —no todos fueron inscritos— de sus presos eran españoles y de ellos, casi 4.500 no lograron salir de él con vida. Hasta la liberación por el ejército de EE UU en mayo de 1945, convivieron con miles de judíos en una dramática lucha por la supervivencia, es decir, contra el frío, el hambre, los golpes, los experimentos médicos, las durísimas jornadas de más de 12 horas de trabajo en la cantera.

Entre 1945 y 1946 se celebró el juicio por el mayor crimen de la historia, la muerte de un millón de judíos a manos de los Eisatzgruppen, los grupos de acciones especiales de las SS. Entrevistado por EL PAÍS en 2014, Benjamin Ferençz, el último fiscal de los juicios de Nürembeg que permanecía vivo —falleció en 2023 a los 103 años—, explicaba cómo, tras la liberación de la ocupación nazi, recogió pruebas de las atrocidades cometidas, visitando las sucursales del infierno, los campos de exterminio: “Pilas de piel humana, pilas de cadáveres, esqueletos andantes, muertos de hambre... Algunos con fuerza suficiente para lanzarnos una sonrisa de gratitud”. De los 22 acusados, 13 fueron condenados a muerte y cuatro finalmente ejecutados. Preguntado por la investigación frustrada por el Tribunal Supremo de los crímenes del franquismo por parte del juez Baltasar Garzón, Ferencz respondió: “En las sociedades civilizadas, no hay limitaciones para juzgar crímenes contra la humanidad”.

La de la Fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática será la segunda gran investigación en España sobre estos crímenes. En los juicios de Nuremberg, así como en los de Dachau, fue clave el papel de un español, el fotógrafo Francesc Boix, que con otros prisioneros españoles y la austriaca Anna Pointner logró evitar la destrucción de negativos que sirvieron para acreditar ente el mundo el horror nazi.

Convenios y tratados

La unidad de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática se apoya, además de en la ley de memoria democrática, en diversos convenios y tratados internacionales ratificados por España y de obligado cumplimiento, según el artículo 10.2 de la Constitución española. Dichos tratados y convenios internacionales establecen, como han recordado relatores de Naciones Unidas en numerosas ocasiones, una serie de obligaciones para el Estado, entre otras, como destacó recientemente la fiscal Delgado, “la de garantizar el derecho a conocer la verdad, a la búsqueda de los desaparecidos y a investigar los crímenes y graves violaciones de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, represión de las ideas...”. “En el ámbito penal”, recordó Delgado, “solo hubo un juicio, precisamente contra el juez que pretendía investigar crímenes franquismo [en alusión a Baltasar Garzón], y la sentencia por la que fue absuelto era una advertencia de que no se podía investigar”. Pero la unidad especializada de la fiscalía, que cuenta con 45 fiscales delegados en todo el territorio nacional, considera ahora que con el “cambio de paradigma” de la ley de memoria democrática y la interpretación adecuada de lo que internacionalmente se conoce como “justicia restaurativa”, es posible llevar a cabo investigaciones penales aun cuando no haya victimarios vivos o el Supremo haya considerado que determinados crímenes han prescrito o los perpetradores han sido amnistiados por la ley de 1977.

Desde su creación, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha informado a favor de la admisión de querellas presentadas por víctimas, particularmente en casos por torturas en el tardofranquismo, recurriendo los autos de inadmisión y archivo. Siguiendo el criterio marcado por la unidad, el pasado abril la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación por torturas en ese mismo periodo. Además, la unidad está incoando diligencias de investigación penal cuando se comunica el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta correspondientes a fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura.

El primer caso de este tipo fue en el barranco de Víznar (Granada), donde los forenses rescataron, entre otros esqueletos, el de un niño fusilado de entre 11 y 14 años de edad. Además, ha impulsado los procedimientos de jurisdicción voluntaria, recabando pruebas testificales, documentales y periciales para presentarlas ante los juzgados. El primer caso de este tipo fue por la muerte de un trabajador de Ferrol por disparos de la policía franquista durante una manifestación pacífica que reivindicaba derechos laborales. Y más recientemente, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha logrado la primera declaración sobre la injusticia de una condena impuesta por el franquismo, una cadena perpetua por motivos políticos a una víctima de la represión en Santander. También ha recurrido en defensa del derecho a la libertad científica de un historiador que investigó la muerte de Miguel Hernández y fue condenado por intromisión en el derecho al honor. Otras acciones que ha llevado a cabo tienen que ver con la eliminación de símbolos y calles a nombre de autoridades franquistas.