El Gobierno de Ayuso se enfrenta a la ministra de Juventud por el traslado de menores migrantes: “Nos trata como súbditos”

El Gobierno de Ayuso cumple su advertencia de no facilitar el plan del Gobierno de reubicar por todo el territorio a los menores migrantes que se hacinan en Canarias y Ceuta. El último órdago ha llegado en forma de carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, le pide a la ministra de Juventud, Sira Rego, que anule la cita del próximo lunes a la que se ha convocado a todas comunidades autónomas, un encuentro clave para poner en marcha el traslado de miles de niños y adolescentes. La consejera considera “evidente” la “ilegalidad” de la convocatoria y advierte de que, en caso de no cancelarla, “la Comunidad de Madrid se verá obligada a emprender las acciones que correspondan”. Entre los reproches de Dávila a la ministra se lee: “Señora ministra, su departamento ha decidido tratar a las comunidades como súbditos, a pesar de que somos nosotros y no ustedes, quienes tenemos la competencia de proteger los derechos de los menores”.

La reunión del lunes es un primer paso necesario para coordinar las reubicaciones por toda España y cuyo inicio está previsto para el mes de julio, según fuentes gubernamentales. En ese encuentro con las consejeras autonómicas que presidirá Rego, la ministra intentará lograr el apoyo unánime de las comunidades para, por ejemplo, establecer que el criterio por el que se considerará que una región debe declararse en “contingencia migratoria” es que tenga su red de acogida al triple de su capacidad. Esta declaración, según la ley, permite activar un plan de traslados de menores para bajar la presión del sistema. Lo ideal es que haya unanimidad para aplicarlo, pero si no la hay, la ley permite que pueda ejecutarse igualmente. “Creemos que es importante que sea coordinadamente con las comunidades autónomas, aunque es verdad que el real decreto, esta ley nos permite ya plantear un marco definitivo para la cogida vinculante”, ha aclarado la ministra en Bruselas, informa Silvia Ayuso.

El rechazo de las comunidades del PP era de prever, pero las resistencias están llegando incluso antes de que se celebre. Aragón, de hecho, ya se ha declarado en rebeldía y se ha negado a entregar los datos que le ha solicitado el ministerio para calcular el esfuerzo de acogida que ha hecho en los últimos años y con base en eso cuál sería su capacidad ordinaria.

La misiva de la consejera de Ayuso comienza fuerte: “Recibo con sorpresa la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial del próximo 28 de abril [...], no por la fecha, sino por el fondo y las formas con las que se ha gestionado este proceso. Se trata de una nueva vuelta de tuerca a las comunidades autónomas [...] que representamos a millones de ciudadanos cuyos derechos se ven pisoteados sistemáticamente por una actuación desleal”.

Dávila considera que la reunión del lunes está “viciada de nulidad” y que es “un paso más” en la “cadena de irregularidades” que el Gobierno “lleva realizando desde la misma elaboración del decreto ley, que no fue consultado, ni informado”. La consejera se refiere a la reforma legal con la que se culminó el cambio en el modelo de acogida para menores migrantes no acompañados, obligando a las comunidades a ser solidarias con los territorios más presionados, un proceso que comenzó a negociarse con el PP hasta que se descolgó.

La consejera lanza además un reproche al Gobierno sobre “un hecho” que considera “de extraordinaria gravedad”. “El Gobierno de España está incumpliendo un mandato del Tribunal Supremo al negarse a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo, cuya asistencia ha sido expresamente ordenada por dicho tribunal”, afirma. “Este incumplimiento no solo evidencia una alarmante falta de respeto a la justicia, sino también una profunda carencia de humanidad”. En realidad, el Gobierno no ha incumplido todavía el mandato impuesto por el Supremo a finales del pasado marzo. El proceso judicial aún da margen para su cumplimiento, aunque es cierto que el Gobierno no se ha mostrado partidario de esa solución, alegando que sus centros de acogida para refugiados no están preparados para los niños.