Israel “condena firmemente” la rescisión del contrato para venderle balas a España
El Gobierno de Netanyahu acusa al Ejecutivo español de sacrificar la seguridad “por fines políticos”

Israel ha respondido con dureza a la decisión del Gobierno de España de rescindir unilateralmente el polémico contrato de compra de 15 millones de balas a una empresa israelí por importe de más de seis millones de euros. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha condenado la noche de este jueves que España haya cancelado el acuerdo comercial con la compañía israelí IMI Systems para la adquisición munición y además ha afeado que con ello lo que está haciendo el Gabinete de Pedro Sánchez es dejar de lado la seguridad “por fines políticos”.
“Israel condena firmemente la decisión del Gobierno español de romper unilateralmente un contrato firmado con la empresa IMI Systems y su anuncio de que se abstendrá de futuros acuerdo de defensa con empresas israelíes”, ha señalado a EP un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí.
A juicio del Ejecutivo israelí, “el Gobierno español está sacrificando consideraciones de seguridad por fines políticos y sigue situándose del lado equivocado de la historia contra el Estado judío que está defendiéndose de ataques terroristas en siete frentes”, ha lamentado el portavoz.
La difusión del contrato de compra de munición para la Guardia Civil por valor de 6.642.900 ha sacudido la política española los últimos días y ha llegado a poner en peligro la coalición de Gobierno. Interior aprovechó la Semana Santa para publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el contrato, después de haber prometido que lo anularía, lo que sentó mal en La Moncloa y desató la indignación del socio minoritario del Gobierno, Sumar. Una de sus formaciones integrantes, IU, apuntó incluso a la posibilidad de salir del Gobierno.
Aunque Interior ha alegado cuestiones económicas para mantener el contrato —aseguraba que la cancelación obliga a abonar en todo caso el valor del material, sin recibirlo—, al final se ha impuesto el criterio de la presidencia de Gobierno, que, para evitar un mayor desgaste político del que ya ha causado la polémica, este jueves ha dictado marcha atrás y ha ordenado al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska a anular un acuerdo comercial. Fuera y dentro del Gobierno se interpretaba ampliamente como una incoherencia con la política de clara condena que ha venido desplegando España contra la invasión israelí de Gaza con un saldo de víctimas, creciente, que ya supera los 50.000 muertos.
España reconoció el Estado de Palestina en mayo del año pasado—lo que llevó a Israel a llamar a consultas a su embajadora en Madrid, quien al cabo de unos meses regresó a la legación pero después volvió a marcharse, hasta la fecha— y ha exigido en numerosas ocasiones el fin de la guerra en la Franja. Además, en junio España solicitó formalmente intervenir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel por presunto delito de genocidio.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó duramente ayer el contrato y este jueves ha destacado su rescisión. “Lo importante hoy es que por fin se encuentra rescindido y que el Gobierno de España no hace negocios con un Gobierno genocida como en este caso es el que está masacrando al pueblo palestino”, ha enfatizado.
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