Sánchez ordena rectificar a Interior y “rescindir de forma unilateral” el contrato con Israel para apaciguar la coalición

Pedro Sánchez ha desautorizado a Fernando Grande Marslaka, ministro del Interior, y ha ordenado “rescindir de forma unilateral” el contrato de compra de balas a Israel por más de 6 millones de euros que estaba poniendo en riesgo la coalición y la propia imagen del presidente. El líder del PSOE ha reivindicado siempre su posición como uno de los líderes del mundo más cercano a los palestinos y más duro con el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Marlaska intentó defender que se mantuviera el contrato por motivos económicos, para no tener que pagar una indemnización, porque la Abogacía del Estado lo había aconsejado así, pero Sánchez, en conversación permanente con Yolanda Díaz, que estuvo todo el miércoles presionando, decidió ordenar una rectificación completa a su ministro del Interior, que queda así políticamente tocado. Poco antes de que se anunciara oficialmente la nueva marcha atrás, Díaz ya había dicho que Sumar no aceptaría nada que no fuera la cancelación del contrato, que considera un incumplimiento flagrante de los acuerdos con el PSOE. Sánchez opta así por preservar la coalición y también su propia palabra, ya que él mismo garantizó en el Congreso que no habría contratos de compraventa de armamento con empresas israelíes mientras se mantenga el ataque a Gaza.

La nota de La Moncloa es muy clara. “Tras haber agotado todas las vías negociadoras, la presidencia del Gobierno, la vicepresidencia segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems”, señala el Gobierno. “La Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato. La Abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones. Los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro. Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y los que sean armamento no se van a ejecutar”, remata.

La tensión fue máxima durante este miércoles. Nadie parecía informado al máximo nivel de la decisión de Marlaska. Ni lo sabía Sumar, que era el principal afectado políticamente, porque ya vive una tensión muy fuerte por el aumento del gasto en defensa que decidió el Consejo de Ministros el martes, ni lo sabía aparentemente la cúpula de La Moncloa, que mantuvo silencio durante las primeras horas en una muestra evidente de malestar con una polémica que no esperaba después de cuidar con esmero el anuncio que hizo el propio presidente el martes de los 10.600 millones de euros que se moverán del Presupuesto para alcanzar el 2% del PIB del gasto en defensa este mismo año.

La noticia, adelantada por la Cadena SER, de que Interior había aprovechado la Semana Santa para intentar colar, de tapadillo, un contrato de compra de balas a una empresa israelí, después de prometer que lo anularía, sentó muy mal en La Moncloa y desató la indignación en Sumar y en IU, que precisamente ya apuntaba la posibilidad de salir del Gobierno por el aumento del gasto en defensa. Marlaska y su equipo habían diseñado una maniobra para que el contrato no saliera a la luz, pero lo hizo de manera estruendosa, en el peor momento político. Así que La Moncloa se puso a evaluar la situación, con conversaciones permanentes con su socio de Gobierno, y finalmente Pedro Sánchez ha dado la orden este jueves de que Interior dé marcha atrás y anule el contrato.

Interior alegaba cuestiones económicas para mantenerlo. “La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados”, explicaba el ministerio en un comunicado el miércoles. Ahora Sánchez obliga al ministro y su equipo a una rectificación completa 24 horas después.

Sánchez ha decidido que hay algo más importante que eso en este momento, y es el coste político de mantener un contrato millonario de armamento con una empresa israelí que está trabajando activamente en los ataques diarios a Gaza que han dejado 60.000 muertos y que han llevado al Gobierno español a sumarse a una denuncia contra Netanyahu en el Tribunal de La Haya por crímenes contra la humanidad.

La contradicción es tan evidente que era insostenible, o al menos así lo creían en La Moncloa y en Sumar, con Yolanda Díaz muy pendiente en todo momento de resolver el problema y en conversación con Sánchez. Al tratarse de una crisis del máximo nivel, han intervenido en ella las personas clave del entorno del presidente. Ha estado encima en todo momento el jefe de Gabinete, Diego Rubio, que mantiene una interlocución permanente con Sumar, y también María Jesús Montero y Félix Bolaños, que suelen negociar con los grupos y en especial las cuestiones dentro de la coalición.

La Moncloa llegó a la conclusión de que no solo por salvar la coalición y quitarle presión interna a Díaz, sino sobre todo por coherencia política con la posición del presidente en la guerra de Gaza, había que dar marcha atrás por segunda vez: primero se dio para cerrar el contrato y ahora para deshacerlo. Era insostenible, concluyeron al máximo nivel en el Ejecutivo, mantenerse internacionalmente como el adalid de la causa de los dos Estados ―Israel y Palestina―, como uno de los pocos países europeos que ha reconocido a Palestina, como el gran azote europeo de Netanyahu, y a la vez comprarle munición a empresas de armamento israelíes con gran protagonismo en la destrucción total de Gaza.

Al contrario de lo que pasó con este contrato de armamento, que se cerró sin que Sumar lo supiera, el aumento del gasto en defensa sí vino precedido por conversaciones con Sumar. La fórmula fue la de otras veces: la vicepresidencia de Díaz introdujo observaciones que mantuvo vivas en el Consejo de Ministros, de manera que políticamente ellos aseguran que no asumen la decisión. No hay votación en el Consejo de Ministros, pero esta es la fórmula para dejar por escrito una discrepancia interna. Aún así, Izquierda Unida no estaba satisfecha y quería más dureza. Cuando llegó la noticia del contrato de munición ya se desató una tormenta incontrolable, que se intentará aplacar con esta última decisión de La Moncloa, aunque aún queda mucho trabajo político por hacer para intentar reconducir la coalición en un momento muy delicado.

Díaz explicó que había hablado con Sánchez y con Marlaska y que este contrato “nunca debió haber existido”. “Este contrato es una vulneración flagrante de la legalidad internacional, del comercio internacional, de los acuerdos de gobierno y cuando estamos viviendo y asistiendo a un auténtico genocidio en Gaza. Ayer dije que se tenía que rectificar de manera inmediata”, ha subrayado en la clausura de un acto de Comisiones Obreras. “Lo importante hoy es que por fin se encuentra rescindido y que el Gobierno de España no hace negocios con un Gobierno genocida como en este caso es el que está masacrando al pueblo palestino”, ha enfatizado la vicepresidenta segunda.

IU ha reivindicado su presión para que el Gobierno anule el contrato de compra de munición a Israel, que ha tilado de “tropelía”, y ha advertido que hará un “estricto marcaje” al PSOE para impedir cualquier colaboración comercial en materia de armamento con el país hebreo. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, cree que no es necesaria la dimisión de Marlaska después de la rectificación pero ha instado a una mejor coordinación dentro de la coalición y a que el PSOE no actúe de forma “unilateral” en cuestiones tan sensibles como la del incremento del gasto militar. “Nosotros dijimos que o se rectificaba o tenía que dimitir el ministro del Interior. Como se ha rectificado que no haya compraventa de armamento de Israel, lo demás es complementario. Obviamente estamos satisfechos”, ha apostillado el dirigente de IU en una entrevista en La Sexta.

La mesa de partidos de Sumar, solicitada la víspera por IU, ha mantenido a primera hora de la tarde una reunión descafeinada tras la rescisión del contrato. El encuentro, de menos de dos horas y telemático, ha servido para emplazarse a mejorar la coordinación del espacio político, incluidas las fuerzas de Movimiento Sumar sin ministros, en una próxima reunión presencial. También se ha consensuado que se establezcan “mecanismos de reacción a las acciones unilaterales” del PSOE en el Ejecutivo, según fuentes conocedoras de la reunión.

Mientras la crisis se reconduce dentro de la coalición, la tormenta no amaina a la izquierda del PSOE. Podemos mantiene una presión creciente sobre Sumar sin suavizar sus críticas al Gobierno. La formación desplegó a todos sus portavoces estatales, con la acusación compartida al Ejecutivo por “financiar el genocidio” en Gaza y Cisjordania, con más de 50.000 palestinos fallecidos ―la gran mayoría civiles y casi la mitad menores y mujeres― por el ejército israelí en su respuesta al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023. “No se trata solamente de la compra de balas israelíes por valor de 6 millones, se trata del paso de buques de guerra por los puertos españoles y de otros contratos que se han descubierto, que están ya formalizados y sobre lo que el Gobierno no dice nada. Nosotros tenemos la percepción de que el Gobierno no quiere cortar relaciones comerciales con Israel de compraventa de armamento, que se mantienen a pleno rendimiento. ”, ha afirmado Javier Sánchez Serna, portavoz adjunto de Podemos en el Congreso.

Previamente, la eurodiputada Irene Montero ha resaltado el rechazo de Podemos al incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB este año aprobado el martes por el Consejo de Ministros. “ Estamos muy preocupadas por este rumbo de guerra en el que Sánchez y el PSOE están metiendo a España sin ningún tipo de control democrático y de una forma absolutamente autoritaria que va a comprometer seriamente el bienestar de los españoles. Esos 10.500 millones no están saliendo de ningún bolsillo mágico de María Jesús Montero, son recortes”, ha asegurado la secretaria política de Podemos. El Gobierno niega que ese incremento sea a costa del Estado del bienestar.