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Sumar propone que las multas de tráfico sean progresivas según la renta

Las sanciones más graves tendrían reducciones o recargos en función de los ingresos del infractor

El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, en el Congreso, el pasado septiembre.
Xosé Hermida

Sumar propone abordar un cambio legislativo para que la cuantía de algunas multas de tráfico sea proporcional al nivel de renta del infractor. Tomando el ejemplo de algunos países como Finlandia, Suecia o Suiza, la coalición izquierdista ha registrado en el Congreso una proposición para la reforma de la ley de tráfico, en la que se prevé que ciertas sanciones puedan ser rebajadas o incrementadas en función de los datos fiscales del interesado.

“No puede ser que para algunos una multa les arruine el mes y para otros sea calderilla”, afirmó este viernes el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, para justificar la iniciativa. “Todos hemos visto a influencers haciéndose fotos a 180 kilómetros por hora. Los ricos no pueden comprar el derecho a violar la ley”. Santiago recalcó que esta cuestión ha sido demandada por colectivos profesionales como la Unión de Guardias Civiles.

El texto presentado por Sumar propone aplicar recargos en función de la renta en los casos ya previstos en la ley actual, que permite incrementar un 30% la cuantía de una multa atendiendo a la gravedad del hecho, el peligro potencial creado y los antecedentes del conductor. Pero ese aumento se aplicaría siempre “de acuerdo con la capacidad económica del infractor” con los siguientes criterios: en un 150% para los que declaren ingresos brutos anuales de entre 70.000 y 85.000 euros; en un 300% para los de entre 85.000 y 100.000 euros, y en un 500% para los que superen los 100.000.

De igual modo se prevén descuentos para los casos de sanciones graves y muy graves a conductores de baja renta. Los que acreditan ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo tendrían una reducción del 30% y los que se sitúan entre 1,5 y 2,5 veces la misma renta verían rebajada la sanción en un 15%. La Agencia Tributaria y la Seguridad Social suministrarían a las autoridades de Tráfico los datos necesarios para poder aplicar estos criterios. En todo caso, la propuesta contempla un plazo de seis meses para que el Gobierno elabore un informe sobre la viabilidad del nuevo sistema sancionador.

“Es pura lógica democrática”, sentenció Santiago, quien añadió con sorna: “Excepto el PP de Aznar y MAR [Miguel Ángel Rodríguez], que ya decían lo bueno que es conducir después de haber bebido, esperamos que el resto de formaciones apoye la iniciativa”.

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.
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