Controlados por los datos

Después del 11-S, Estados Unidos levantó una red global de vigilancia masiva con ayuda de las multinacionales tecnológicas, pero China era el ejemplo de régimen represivo tecnofascista que no queríamos ser. Cuando Edward Snowden denunció el entramado de su Gobierno, la superpotencia asiática ya había puesto sus plataformas digitales al servicio de un sistema centralizado de vigilancia, opresión y reeducación ciudadana. El Sistema de Crédito Social chino era un programa diseñado para evaluar la calidad de la ciudadanía a través de su actividad personal, familiar, económica, comercial, religiosa y política de cada ciudadano, y asignarle puntos. El que perdía puntos bebiendo alcohol, faltando a clase, cruzando en rojo o criticando al Gobierno, perdía el acceso a beneficios sociales, préstamos con intereses bajos, empleos gubernamentales, una casa en un barrio elegante o un buen colegio para sus hijos. “Los buenos ciudadanos caminarán libres bajo el cielo” —era el eslogan— “y los malos ciudadanos no podrán dar un paso”. Si llegabas a números rojos, ya no podías comprar un billete de tren o subir a un avión.

En ese contexto, saber que las empresas tecnológicas registraban todos nuestros movimientos para enseñarnos mejores anuncios parecía un precio liviano a cambio de ser libres y tener mapas, libros a domicilio, servicios gratuitos de correo, sistemas de mensajería instantánea y red social. ¿A quién le importa si colaboraban con las agencias de inteligencia en la persecución del terrorismo o el abuso de menores? El capitalismo de la vigilancia nos parecía, comparado con el modelo de China, más capitalismo que vigilancia. Seguimos usando sus servicios, comprando sus productos y pinchando en sus enlaces. Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer.

De hecho, el único delito que contenían los papeles de Snowden era que el Gobierno estadounidense había espiado a sus propios ciudadanos. El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera había autorizado con orden secreta pero rutinaria la vigilancia masiva de registros telefónicos de la empresa de telecomunicaciones Verizon Business, incluyendo a usuarios dentro del territorio nacional. Era inconcebible. Era inconstitucional. Y también era entonces. Doce años después, el Sistema de Crédito Social chino ha quedado relegado principalmente al sector corporativo. Son las empresas y no las personas las que reciben “puntuaciones de confiabilidad” que afectan a su capacidad de obtener contratos, financiación y suelo para expandir sus negocios. Pero el Gobierno de EE UU ha levantado una arquitectura de control masivo para deportar a inmigrantes no regularizados, aterrorizar al resto y saltarse los derechos constitucionales con interpretaciones cada vez más torcidas de la ley.

La legislación estadounidense prohíbe que el Gobierno espíe a sus propios ciudadanos sin una orden judicial, pero nada le impide comprarla legalmente en el mercado. ¿Cómo? Las empresas como Google, Amazon, Meta y OpenAI pueden espiar a cualquier estadounidense que acepte sus términos de uso y políticas de privacidad. La Administración de Trump está construyendo una plataforma para que las 18 agencias y oficinas federales de inteligencia (el denominado Intelligence Community Data Consortium) puedan buscar y comprar cualquier información privada de cualquier ciudadano directamente a las plataformas digitales y brókeres de datos. Russell Vought, director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, ha cancelado los planes para regular de forma más estricta la venta de datos personales sensibles de los estadounidenses. Incluyendo rastros de ubicación de sus dispositivos y de su matrícula del coche, registros financieros, sanitarios, inmobiliarios y biométricos, comentarios en redes sociales y otros que, según la propia Oficina del Director de Inteligencia Nacional podrían “usarse indebidamente para causar daño sustancial, vergüenza o inconvenientes a personas estadounidenses”.

Esta plataforma para rastrear a cualquier ciudadano de pleno derecho se suma a la del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Trump (ICE, en sus siglas en inglés), destinada a hacer lo mismo con personas no reguladas. En una intervención en la Expo sobre Seguridad Fronteriza en el Centro de Congresos de Phoenix del pasado abril, el director del ICE, Todd Lyons, explicó que necesitaban “un proceso de deportación como el de Amazon Prime, pero con seres humanos” para cumplir con la promesa electoral de deportar a 14 millones de personas a un ritmo de 3.000 personas al día, un millón al año. Se la han encargado a Palantir, la empresa de Peter Thiel, el primer apoyo financiero en la campaña política de Trump y padrino del actual vicepresidente, J. D. Vance. Está especializada en integrar bases de datos originalmente dispares, por ejemplo multas de tráfico con redes sociales y la cartilla de vacunación. Su plataforma tecnológica, llamada ImmigrationOS, servirá para “optimizar la identificación y retirada de personas del país, mejorando la eficiencia logística de las deportaciones”, permitiendo buscar de forma unificada a gran escala las bases de datos de todas las agencias a la vez.

Palantir lleva trabajando para el ICE desde 2011, pero nunca ha tenido acceso a tanta información. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, por ejemplo, ha operado históricamente bajo estrictas leyes de confidencialidad, especialmente en el caso de trabajadores indocumentados que pagan impuestos sin tener número de la Seguridad Social, a través de Números de Identificación Personal del Contribuyente. Trump está utilizando una ley que permite el intercambio de datos para investigaciones criminales para romper el protocolo, bajo la premisa de que todo indocumentado, aunque lleve décadas trabajando y pagando impuestos en el país, es un criminal.

ImmigrationOS recoge también datos que ha obtenido ilegalmente el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk (DOGE). Han tenido acceso al portal UAC (Unaccompanied Alien Children) del HHS, que incluye biometría, informes médicos, fotos e historial de trauma sobre menores no acompañados. Han entrado en el USCIS (Inmigración y Naturalización), donde se archivan datos de solicitantes, refugiados, residentes legales y ciudadanos naturalizados y sus registros de la Seguridad Social. También en los registros electorales, el Departamento de Vivienda y el de Trabajo. Agrupando toda esa información previamente aislada de múltiples agencias, el Gobierno planea encontrar a grupos enteros de personas. Por ejemplo, el pasado mes de marzo deportó sin cargos ni proceso judicial a más de un centenar de ciudadanos venezolanos, acusados sin pruebas de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, y los mandó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que regenta Nayib Bukele en El Salvador. El Gobierno se acogió a una interpretación torcida de la Alien Enemies Act, creada en 1798 para aplicarse en un contexto de guerra o invasión militar. La Administración argumentó que estos grupos de personas representan una “invasión” o amenaza similar a una guerra.

Una muestra del protocolo que se quiere implementar es el caso icónico de Kilmar Ábrego García, uno de los 23 salvadoreños que fueron deportados en marzo junto a 238 venezolanos al Cecot. Había entrado en EE UU de forma irregular desde El Salvador en 2011 para escapar de una pandilla llamada Barrio 18 que extorsionaba y amenazaba a su familia. Y había sido detenido una vez. Pero un juez de inmigración le concedió una suspensión de deportación, amparado en el probable riesgo de persecución. Había sido seleccionado porque era inmigrante, tenía tatuajes, una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha con una representación de “rollos de dinero cubriendo los ojos, las orejas y la boca de los presidentes en las distintas denominaciones”. Un informe establecía que el atuendo era “indicativo de la cultura de las pandillas hispanas”, y que la gorra de los Bulls representaba a “un miembro en regla de la MS-13”.

Inicialmente, el Gobierno admitió que había sido un “error administrativo”, pero se negó a devolverlo a su casa. Bukele y Trump bromearon sobre el tema. El presidente salvadoreño dijo que no podía “reintroducir a un terrorista” y el de EE UU lamentó que ya no tenía jurisdicción en El Salvador. Días más tarde, Trump publicó una foto de la mano de Ábrego García, con un tatuaje en cada dedo: una hoja de marihuana, una cara sonriente con dos X en lugar de ojos, una cruz y una calavera. “Tiene MS-13 tatuado en los nudillos”, escribió en su red social. Sobre cada uno de esos tatuajes negros había superpuesto las letras: M, S, 1 y 3. Numerosos expertos negaron la correspondencia. “Te puedo decir que la MS-13 no se anda con rodeos; no dejan ninguna ambigüedad en lo que respecta a sus tatuajes”, le dijo a The New York Times la antropóloga Jorja Leap, especializada en la MS-13. Finalmente, Kilmar Ábrego García regresó a Estados Unidos, pero solo para enfrentarse a un nuevo cargo: tráfico de migrantes indocumentados. Si lo declaran culpable, volverá a El Salvador tras cumplir su condena en Estados Unidos.

La máquina está diseñada para no tener que explicar ni justificar sus acciones. Josef K., el protagonista de El proceso, de Kafka, es arrestado y procesado sin entender jamás el delito del que se le acusa. En el caso de Kilmar, los cargos van fluctuando de manera que, cuando se demuestra su inocencia de uno, es acusado de otro. Esa es la estructura laberíntica, inaccesible y burocrática que está implementando el Gobierno estadounidense por medios técnicos, automatizada con inteligencia artificial.

LA ERA DE LA TECNOPOLÍTICA

Este reportaje forma parte del Especial Tecnología de 'El País Semanal'.