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La extrema derecha empuja a las autonomías del PP a eliminar de las escuelas un programa de enseñanza del árabe creado por Rajoy

Murcia y Madrid ya han cerrado el programa, en el que participaron 8.000 alumnos de 400 colegios en 2024 en toda España. Cataluña (PSOE) pide al Ministerio de Educación que oculte los nombres de los centros participantes por las amenazas de ultras

Ignacio Zafra

La presión de la extrema derecha está llevando al PP a suprimir de las escuelas un programa de lengua árabe y cultura marroquí puesto en marcha en 2012 por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, en el que el año pasado participaron cerca de 8.000 alumnos en 400 centros educativos. Murcia y Madrid lo han suprimido este curso, y otras comunidades del Partido Popular barajan hacerlo. En Cataluña, donde su eliminación no está sobre la mesa, el Govern ha pedido al Ministerio de Educación que oculte la relación de centros que participan en el programa por el señalamiento amenazante, por parte de ultras, de algunos de ellos. Así lo ha hecho el Gobierno, vaciando de contenido la página que permitía consultar la lista de centros de toda España.

Fátima (que pide que no se publique su nombre real), cuyos dos hijos estudiaban el programa en un colegio de Murcia, afirma: “Les ayudaba a conocer la lengua y la identidad de sus familias. Era bueno para su integración. Y también hacía de unión entre las familias y el colegio. Pedimos que el programa vuelva, porque nuestros hijos lo necesitan”.

El actual programa fue creado en 2012 mediante un convenio firmado por el entonces ministro español de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, y su homólogo marroquí para facilitar de forma recíproca el conocimiento de la cultura del país vecino, “convencidos”, se lee en el acuerdo internacional que publicó el BOE, “de que el entendimiento mutuo y la cooperación para la paz y la estabilidad en sus regiones constituyen la vía apropiada para alcanzar los objetivos de progreso y de desarrollo de sus pueblos”. El convenio permite diversas vías para plasmar el objetivo de que cada país difunda “su respectiva lengua y patrimonio cultural” en el vecino. España ha apostado por reforzar su red de colegios en Marruecos, donde cuenta con 11, dependientes de la embajada española en el país, en los que estudian unos 5.000 alumnos, cerca de la mitad de nacionalidad española.

En España, en cambio, donde la población escolar de origen inmigrante (el curso pasado había 197.099 estudiantes de nacionalidad marroquí en etapas preuniversitarias en España) está matriculada fundamentalmente en la escuela pública, el convenio se concretó en el programa de lengua árabe y cultura marroquí que la extrema derecha ha puesto ahora en su diana.

Las clases se ofrecen normalmente como actividad extraescolar, por las tardes, en los centros públicos que lo solicitan, aunque en algunos territorios, como Cataluña, es posible elegirlo como asignatura optativa en la ESO, entre un amplio abanico de materias, que incluyen otros idiomas como el alemán, el francés o el italiano. El curso no tiene coste para el centro, las familias, las comunidades autónomas, ni apenas para el Estado, ya que el salario de los profesores, funcionarios marroquíes, los paga el país vecino a través de la Fundación Hassan II para los Residentes Marroquíes en el Extranjero. La mayor parte del alumnado que asiste es de origen marroquí o de otros países de lengua árabe, pero también se apuntan chavales de otras procedencias y autóctonos, interesados (o interesadas sus familias) en aprender el idioma.

Media docena de directores escolares de distintas comunidades autónomas consultados por este periódico coinciden en que el programa no ha generado polémica en sus centros. Ni, pese a los mensajes difundidos en redes por la extrema derecha, tiene connotaciones religiosas, más allá de las que puede derivarse de explicar, por ejemplo, festividades que tienen una raíz de ese tipo, como sucede en España con la Navidad o la Semana Santa, apuntan. Además de facilitar el aprendizaje del árabe y ayudar a que los chavales de origen magrebí conozcan su cultura, los profesores del programa actúan con frecuencia como mediadores entre sus familias y el colegio o instituto. “Es un buen recurso para el centro, muy demandado por las familias, sobre todo marroquíes”, resume un director de Sevilla.

El año pasado se ofrecía en casi 400 colegios e institutos de 12 comunidades autónomas. Unas cifras que tras la cancelación en Madrid y Murcia se han reducido a 320 escuelas e institutos de 10 territorios, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, y País Vasco. Y su número podría seguir decreciendo, advierten fuentes del Ministerio de Educación.

Aragón

De forma no oficial, técnicos que trabajan en el programa en comunidades autónomas gobernadas por el PP han trasladado al ministerio que la supresión está siendo sopesada en sus consejerías. En algún caso, como Canarias, donde el PP ostenta la cartera de Educación como socio minoritario en un Ejecutivo regional presidido por Coalición Canaria, la cancelación parece haber sido descartada. En otros, como Aragón, el programa parece mucho más amenazado, admiten fuentes del ministerio. Hace unos días la consejera aragonesa de Educación, Tomasa Hernández, pareció avalar el programa a preguntas de un diputado de Vox en el Parlamento autonómico. Pero preguntada expresamente por EL PAÍS este miércoles, una portavoz de la Consejería de Educación de Aragón evitó aclarar si piensan mantenerlo. Fuentes del ministerio temen que, además del resto de territorios donde el PP dependen esta legislatura de los votos de Vox para aprobar leyes y presupuestos, en función de los resultados electorales de las próximas elecciones autonómicas previstas en Extremadura (el 21 de diciembre) y Andalucía (en 2026), la supresión del programa pueda ser una de las condiciones que Vox plantee al PP a cambio de su apoyo para permitirle formar gobierno. El partido ya lo impuso como requisito en Murcia para aprobar los presupuestos de este año.

Las mismas fuentes del ministerio expresan su estupefacción ante la deriva del PP en este terreno, teniendo en cuenta que fueron ellos los que lo pusieron en marcha, no tiene coste para las comunidades autónomas, y es opcional para los centros educativos. Son ellos los que, basándose en el perfil de su alumnado, deciden ofrecerlo. De modo que la única explicación que encuentran en el ministerio es que el partido se están dejando arrastrar por la islamofobia de la extrema derecha.

En Murcia, el consejero de Educación, Víctor Marín, del PP, asumió a principio de curso que la supresión se debía al acuerdo de presupuestos firmado con Vox. Al pedir formalmente la cancelación al ministerio, adujo también que su alcance era “muy minoritario” (aunque se beneficiaban unos 350 alumnos de ocho colegios), según un documento al que ha tenido acceso este periódico. Madrid donde su alcance era mucho mayor (se impartía en 70 escuelas), justificó la eliminación del programa, anunciada en verano, aduciendo falta de información sobre el programa y de control sobre el proceso de selección de los docentes. Fuentes del ministerio aseguran, por su parte, que el Ejecutivo madrileño no había trasladado oficialmente dicha inquietud. Semanas antes de comunicar la cancelación, Madrid había confirmado, en la reunión que se celebra anualmente para gestionar el programa, su participación este curso, especificando el número de profesores que necesitaba. Como en otras comunidades, Vox había reclamado meses antes en la Asamblea de Madrid su supresión sosteniendo que las clases formaban parte “de un plan de conquista” de España. El ministerio sí admite que trabaja con Marruecos para mejorar el proceso de selección del profesorado.

En Cataluña, además de Vox, otro partido ultra, Aliança Catalana, ha puesto el programa en su punto de mira, señalando centros educativos donde se imparte. E influencers de extrema derecha llevan meses propagando un discurso que da a entender falsamente que las clases se pagan con los impuestos de los ciudadanos a costa del profesorado que necesita el alumnado autóctono. La presión recibida por algunos centros llevó a la Generalitat a pedir al Ministerio de Educación a que dejase de mostrar la relación de escuelas e institutos donde se ofrece, algo que el Gobierno ha hecho con los de toda España.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.
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