Baltasar Garzón, Victoria Rosell y Javier Pérez Royo encabezan un manifiesto de juristas contra el ataque a Venezuela

Más de un centenar de personalidades del mundo judicial y académico han suscrito un manifiesto que condena el ataque estadounidense en Venezuela que desembocó el pasado sábado en la captura de Nicolás Maduro. Entre los firmantes destacan el exmagistrado Baltasar Garzón, la jueza y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, el exdiputado y magistrado jubilado Juan Pedro Yllanes, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña y exalcalde de la ciudad Xulio Ferreiro.

Los juristas instan a la ONU a evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. El texto defiende “la legalidad internacional” y critica la “detención ilegal” y el traslado forzoso del mandatario chavista. Además, recuerda que el uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado está expresamente prohibido por el artículo 2.4 de la Carta, “norma fundamental del orden jurídico internacional y de carácter imperativo (ius cogens)”.

El manifiesto subraya que esta prohibición solo admite dos excepciones delimitadas: la legítima defensa y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ninguna de las dos condiciones se dio antes de la incursión relámpago de la Delta Force en Caracas, puesto que “no se ha acreditado públicamente” la existencia de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente que pudiera justificar una actuación en legítima defensa.

Al mismo tiempo, el manifiesto señala que este uso de la fuerza podría llegar a calificarse como “crimen de agresión”, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 3314 de la Asamblea General y los principios consolidados del derecho penal internacional. Los actos de agresión “figuran entre las violaciones más graves del orden jurídico internacional por sus consecuencias para la paz, la seguridad y los derechos fundamentales de los pueblos”.

Los firmantes condenan igualmente la privación de libertad de Maduro por fuerzas militares extranjeras, al considerarla “incompatible” con el régimen de inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio “reconocido por el derecho internacional consuetudinario”. Finalmente, el manifiesto insta a los estados de la comunidad internacional y a los órganos competentes de la ONU a “esclarecer los hechos, evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y evitar precedentes que erosionen gravemente el orden jurídico internacional”.