Un palacio del siglo XVII o una prisión en Normandía: Francia pone a la venta joyas históricas para reducir su déficit

Francia busca equilibrar sus cuentas para reducir su abultado déficit y esto incluye cualquier operación que le pueda reportar ingresos, incluida la venta del patrimonio nacional. El Gobierno busca acelerar las transacciones de los bienes inmobiliarios a los que ya no da uso, algunos de ellos de gran valor histórico, susceptibles de ser convertidos en viviendas u oficinas.

Hace unas semanas se firmó el acuerdo para ceder un palacio que era propiedad del Estado desde la Revolución Francesa. Puesto en venta a principios de año, el palacio Saint-Melaine, situado en la ciudad de Rennes, en la región de Bretaña, ha pasado a manos de un promotor inmobiliario que va a construir en este espacio pisos y oficinas, tras más de 230 años de uso público.

Pertenecía al Estado desde 1793, pero estaba mal conservado e infrautilizado y desde 2019 estaba vacío, así que el Estado francés puso un anuncio en la página web dedicada a ofertar los bienes nacionales de los que se quiere deshacer. Su patio y el edificio están clasificados como monumentos históricos desde 1959, así que las obras tendrán que estar supervisadas y recibir las autorizaciones administrativas pertinentes.

El Estado francés cuenta con un patrimonio colosal: posee 200.000 edificios, con 90 millones de metros cuadrados de superficie en total, y un valor que asciende a 70.000 millones de euros. Por comparar, Alemania tiene bienes que abarcan 60.000 metros cuadrados, según un informe sobre el patrimonio inmobiliario del Estado presentado hace unos meses en la Asamblea por el diputado Phillipe Jolivet.

El ministerio de Economía ha identificado los edificios a los que no da uso, pero cuyo mantenimiento tiene un elevado coste, aunque cada vez tiene más dificultades para venderlo, precisamente porque muchos están clasificados. En 2024 se cedieron 549 bienes inmobiliarios por un valor total de 222 millones, la cifra más baja en una década. El año anterior, cedió 645 edificios. Gracias a estas transacciones logró ingresar 279 millones de euros.

En una tribuna publicada hace unos días en el periódico La Tribune Dimanche, el diputado Philippe Juvin, encargado de la negociación de los presupuestos de 2026 en la Asamblea francesa, incidía en la importancia de ceder parte de los activos estatales para reducir la deuda. “La gravedad de nuestra situación financiera debe obligarnos a estudiar en detalle el tren de vida del Estado y el interés que tiene para las administraciones públicas seguir siendo propietarias de edificios a veces poco funcionales o inadaptados”.

“¿Tenemos que vivir bajo las molduras de una mansión del siglo XVII para dirigir una administración?”, se preguntaba el diputado del partido conservador de Los Republicanos, que recuerda que, aunque estos bienes pasen a manos de inversores extranjeros, no será una pérdida pues “seguirán estando en Francia”.

Críticas

El Tribunal de Cuentas también criticaba en su último informe los resultados decepcionantes de la gestión estatal de los bienes. “La racionalización del espacio ha avanzado muy poco, la tasa de ocupación de las oficinas no ha mejorado y la gestión interministerial de los edificios sigue siendo deficiente”, señalaba el organismo, que advierte también de que el “muro de normas y de inversiones necesarias” disuade a los posibles compradores.

En muchos de estos edificios, por sus características, hay dificultades para readaptarlos y darles otro uso. El del palacio bretón no es el único ejemplo. Desde hace semanas se ha colgado el cartel de ‘se vende’ a la histórica prisión de Caen, en Normandía. Fue el lugar en el que la Gestapo sacrificó a 73 prisioneros, la mayoría de la resistencia, como represalia tras el desembarco de los aliados el 6 de junio de 1944.

El espacio fue construido entre 1899 y 1904 en el centro de la ciudad, pero la cárcel se edificó durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de “uno de los centros penitenciarios más antiguos de Francia”, dice el folleto de oferta, accesible desde la página web dedicada a la venta del patrimonio estatal. El precio de venta no está disponible. Desde 2023 ya no hay detenidos en su interior.

La cesión se realizará tras el estudio de las ofertas y en abril acaba el límite para presentarlas. Entre los requisitos está que se “priorice la conservación histórica del edificio” y que se reutilice para “la construcción de viviendas”. “En una circular de diciembre 2021, el primer ministro [entonces Jean Castex] ha ordenado a los departamentos que identifiquen los activos del Estado, construidos o no, que estén disponibles y sean aptos para programas de vivienda, en particular pisos sociales, y los pongan a disposición para la venta”, dice el documento de la oferta.

La estructura del edificio es claramente la de una cárcel y entre los requisitos está “preservar el valor de la memoria del espacio”, por ejemplo, mantener los patios y las placas en memoria de los 73 prisioneros masacrados tras el desembarco de Normandía.

Hace unos meses, el ex primer ministro François Bayrou ya pidió acelerar la mejor gestión del “colosal e improductivo patrimonio del Estado” para reducir el excesivo déficit, que en 2025 ha alcanzado el 5,4%, muy lejos de los objetivos del 3% que marca Bruselas para 2029. Bayrou tuvo que dimitir tras someterse a la moción de confianza en la Asamblea, que perdió precisamente al tratar de sacar adelante un paquete presupuestario para 2026 con recortes históricos. Tras meses de negociaciones, las cuentas, ahora con Sébastien Lecornu como primer ministro, se han aprobado por decreto.

El Estado ha logrado vender algunas de sus joyas históricas, aunque no con el resultado esperado. En 2025 se pusieron en venta, entre otros, el hotel de la Artillería, en el distrito 7 de la capital, o el de la Marina en la Plaza de la Concordia de París. En el caso del primero, que se vendió a la facultad de Sciences Po por 87 millones de euros, aunque había otra oferta del gigante del lujo LVMH por 100 millones.

El Tribunal de Cuentas criticó duramente la transacción, al considerar que “en las negociaciones, el Estado no sólo partía en situación de debilidad, sino que no supo hacer valer sus intereses”, critica el organismo, que considera que tras este bajo precio había una subvención encubierta.

Una de las opciones que se han planteado es transferir la propiedad de algunos de estos bienes a empresas inmobiliarias, externas a la administración pero que son propiedad del Estado, y pagar un alquiler. En su tribuna, el diputado Philippe Juvin, advierte de que hay bienes que serán intocables y “nunca se pondrán en venta”: el Palacio del Elíseo, la Asamblea Nacional, el Senado, el Louvre, el Arco del triunfo o la Torre Eiffel.

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